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Tres desahucios al día en Tarragona por no pagar el alquiler

Los lanzamientos por no abonar el arrendamiento se disparan un 43% en la provincia. Seis de cada diez desalojos son de inquilinos

Raúl Cosano

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Una protesta de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos en lucha.  FOTO: Pere Francesc

Una protesta de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los colectivos en lucha. FOTO: Pere Francesc

Los desahucios persisten y se agravan en Tarragona, aunque con otro rostro y otras circunstancias. Los lanzamientos, en los años de la crisis ligados a la hipoteca como una losa insufrible, se producen ahora vinculados a lo que ha supuesto para muchos otra pesadilla: el alquiler. 
El precio del arrendamiento sigue aumentando y, si bien los expertos descartan que haya burbuja en Tarragona, sí se registra un incremento continuado. Los últimos datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) así lo muestran. En el segundo trimestre de este año, la provincia registró 569 desalojos. De ellos, 329 –es el 57%– son derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es una media diaria de más de tres. Por lo tanto, casi seis de cada diez lanzamientos son de inquilinos que estaban en alquiler, no de propietarios que no pueden asumir el pago de la hipoteca. 

La tendencia no es nueva. Ya el año pasado, de los 1.577 lanzamientos, 853 –el 54% del total en la provincia– fueron de alquileres. Los porcentajes de esas afectaciones no dejan aumentar. Más datos que llaman la atención: en el último trimestre, los desahucios por impago de alquiler se dispararon un 43% en las comarcas tarraconenses. Pasaron de 230 en el mismo periodo del año pasado a los actuales 329. Esas cifras están muy por encima de los estragos que siguen provocando las ejecuciones hipotecarias propiamente dichas. Esa estadística, termómetro certero en los años más crudos de la recesión, creció un 21% si se tiene en cuenta ese último trimestre pero, en cambio, bajó casi un 16% en 2017, lo que supuso un ligero alivio para las familias. 

«La tendencia está clara. El principal escollo para acceder a una vivienda de propiedad es ese 20% de dinero que hay que desembolsar inicialmente para el préstamo hipotecario, con recursos propios. Ese es el freno. Se ha demostrado que la gente se va de alquiler porque no puede comprar. Por eso nos encontramos con esta situación», explica Sergio Nasarre, catedrático y director de la Cátedra de Vivienda de la URV. 

En el cómputo de España las cifras son parecidas. Casi seis de cada diez desahucios ejecutados el año pasado, 35.666, fueron por alquiler, un 4,3% más que un año antes. Sin embargo, otros 22.330 derivaron de ejecuciones hipotecarias, un 15,4% menos que un año antes, según la estadística. 

Alquilar por no poder comprar

Nasarre cree que se ha pasado de un extremo al otro: de ofrecer hipotecas de forma masiva a restringirlas tanto que sólo queda alquilar, una alternativa a corto plazo más asequible, a pesar de que el desempleo y los sueldos bajos sigan siendo un problema para salir adelante. «Esto es lo que pasa cuando no se dan préstamos a todo el mundo. Mucha gente no tiene esos ahorros para la entrada de un piso y alquilar es la única opción. Ahora hay hipotecas para sólo para unos cuantos. La mayoría de los que alquilan lo hacen forzados, por no poder comprar», cuenta Nasarre, que define así el mercado del alquiler en España: «Es sólo el 15% del total. Por lo tanto, es muy reducido, muy caro y con mucha demanda forzosa por parte de aquellos que no pueden comprar. Y encima el parque de viviendas disponibles para eso suele tener unas peores condiciones físicas». 

En algunos partidos judiciales, como el de Tarragona, los lanzamientos en contratos de arrendamiento llegan al 57%, superando en tres puntos la media provincial. En un mismo territorio hay desequilibrios. Especialmente significativo es El Vendrell, donde el número de desalojos por alquiler se eleva al 69% del total. Se da la circunstancia de que es uno de los puntos con alquileres más elevados. La tendencia se invierte en Tortosa, donde existe menos presión habitacional. Allí son sólo el 39%, y el desalojo vinculado a una ejecución hipotecaria continúa siendo mayoritario.

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