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Tres responsables de la plataforma petrolífera Casablanca serán juzgados por un vertido de entre 95.000 y 180.000 litros de crudo, unos hechos ocurridos hace 10 años. El fiscal pide para los acusados cuatro meses de prisión, el pago de una multa de 2.880 euros e inhabilitación para profesión y oficio relacionados con el medio ambiente durante ocho meses.
Están acusados de un delito contra el medio ambiente por imprudencia, y se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas.
El escrito de la Fiscalía recoge que "como consecuencia de un previsible funcionamiento defectuoso de elementos de operación, producción y alarma en la instalación así como por ausencia de medidas efectivas de control humano y de reacción ante emergencias", durante la noche-madrugada del 21 al 22 de diciembre de 2010 se ocasionó el derrame al mar de una importante cantidad de crudo desde la plataforma de extracción Casablanca, situada a unos 45 kilómetros de la costa, frente al Delta de l'Ebre.
Dicha plataforma es operada por Repsol Investigaciones Petrolíferas SA (RIPSA).
Tras una parada de producción los días 13 a 21 de diciembre, la puesta en marcha tuvo que detenerse por un problema indeterminado con el sistema de control.
Después de la nueva puesta en marcha, sobre las seis de la tarde se detectaron problemas en el tanque de recuperados, ya que el transmisor de nivel que evita la acumulación excesiva aforaba erróneamente, manteniendo en funcionamiento constante las bombas que reconducen el contenido del tanque de recuperados al tanque de producción.
Ante ello, el supervisor de la instalación, P.A.L., ordenó desactivar el sistema automático de evacuación del tanque y que se procediera a aforar a mano mediante el uso de una pértiga, arrancando y parando las bombas manualmente en caso necesario.
A las 19.30 horas del 21 de diciembre, el nivel aforado manualmente era del 20 por ciento de la capacidad del tanque.
El vertido
Esta situación y la falta de control directo, según el Ministerio Público, al cabo de las horas dio lugar a un rebose que no se había previsto y frente al que no se reaccionó inmediatamente ni por el supervisor de la plataforma ni por el supervisor de mantenimiento, el acusado J.J.G.S, ni por el supervisor de producción, el también procesado F.T.I.
Para el momento en que fue detectado el derrame ya se había evacuado al mar un volumen de entre 95.000 y 180.000 litros , según apreciación de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo.
A las 12.30 horas del 22 de diciembre de 2010, el capitán marítimo de Tarragona activó el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.
Según el Instituto Nacional de Toxicología, ya solo una cantidad de 23 metros cúbicos de hidrocarburo en el lugar en que fue derramado supondría un grave riesgo para los sistemas naturales por efectos tanto directos como indirectos.
Por la flotación y migración hay afectación al plancton (fuente de alimentación de la fauna pelágica), haciéndolo desaparecer; por posible mortandad de peces, cefalópodos y cetáceos por impregnación de las membranas; modificación de la resistencia térmica de, por ejemplo, las aves marinas; impregnación de las zonas supralitoral y medio litoral de la costa, afectando a la fauna intersticial y a las aves que se alimentan de ella, con especial mención a los espacios de costa protegidos por sus valores naturales, como es el caso del Delta de l'Ebre, y finalmente anulación del uso recreativo y de baño de las playas, por riesgo a la salud de la persona.
Pero el fiscal, en su escrito de acusación, también menciona la afectación directa a la acuicultura: riesgo para las praderas de macroalgas; riesgo para la fauna bentónica de macroinvertebrados, esponjas y algas adheridas al sustrato rocoso; riesgo para los peces bentónicos que se alimentan de los anteriores.
Y finalmente los efectos indirectos, fundamentalmente perturbaciones sobre los ecosistemas que produce cambios en las estructuras de las comunidades ecológicas, alteraciones del hábitat, cambios en la relación entre predadores y presas, afectación de la productividad y capturas de pesca.
Por estos hechos, el 29 de julio de 2011, el ministro de Industria, Turismo y Comercio propuso al Consejo de Ministros una sanción de multa a las diversas sociedades implicadas pero no a las personas físicas.
Indemnizaciones
El fiscal pide también una serie de indemnizaciones a los afectados, declarando a la compañía de seguros de RIPSA y a esta como responsables civiles solidarios.
Para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) se pid4e 104.254,75 euros, por los gastos de limpieza y restauración del medio marino; 136.038,24 para la Confraria de Pescadors de Cambrils; 102.321 para la Confraria Sant Pere de L'Ametlla de Mar; y finalmente 312.596 para la Confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita.
El caso llegará a juicio en uno de los cuatro Juzgados de lo Penal de Tarragona en fecha todavía no determinada.
