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«Debo organizarme bien para no tener que volver solo a casa. Las amenazas no cesan y me los encuentro por todos lados. Tengo miedo, incluso dentro de casa». Este es el testimonio de un vecino de la calle Ferrers, que vive muy cerca del bloque ocupado por un grupo de jóvenes en la Part Alta. Como él, son muchos los residentes en el casco antiguo que denuncian la proliferación de lo que se conoce como ocupación delincuencial. Algunos vecinos han optado por blindar su casa e instalar una alarma para evitar más ocupaciones.
El Ayuntamiento está al caso de la problemática que vive el barrio, muy parecida a la que hasta hace unas semanas sufrían los vecinos de El Serrallo con el bloque del Rancho Grande. La solución, aseguran fuentes municipales, es buscar una salida a los ocupas. La mayoría de ellos son jóvenes que hasta hace poco estaban tutelados por la Generalitat y que, ahora, se encuentran en la calle sin recursos para poder vivir.
Se trata de una problemática compleja y que puede analizarse desde distintos puntos de vista. Por un lado, la inseguridad que genera la situación a los vecinos, con constantes episodios de robos, ocupaciones ilegales y agresiones. Por otro, el drama de estos jóvenes, que ven como las administraciones no les aportan soluciones para poder subsistir.
Amenazados de muerte
La pesadilla para los vecinos de la calle Ferrers y alrededores empezó durante el confinamiento. «Cuando salíamos al balcón, veíamos que había un grupo de jóvenes viviendo en el número 7. Pensamos que eran pisos tutelados, pero no. Los habían ocupado», explica un vecino, quien, como la mayoría, prefiere no dar a conocer su nombre por miedo a represalias. «La primera imagen que tengo es verlos tocando todas las cerraduras de la puertas, para ver que más pisos podían ocupar», añade.
Otro vecino relata cómo un día vio que estos jóvenes trepaban por la fachada e intentaban entrar en el número 17. «Les grabé y, desde entonces, estoy amenazado de muerte», explica. El caso ya está judicializado. Cabe recordar que el bloque número 41 de la Plaça dels Sedassos también fue ocupado y, posteriormente, se produjo un incendio. Algunos vecinos han optado por poner rejas de hierro e instalar alarmas.
Una vecina asegura que con la pensión que cobra «casi no tengo ni para comer, pero me he tenido que gastar mil euros para proteger mi casa». Y es que son muchos los casos de vecinos que se han encontrado a alguno de estos jóvenes dentro de sus casas.
La situación ha empeorado en los últimos días. «No solo los vemos aquí, nos los encontramos por toda la ciudad y siempre te miran y te intimidan. Alguna vez, incluso, me han dado un codazo yendo yo tan tranquilo por la calle», explica otro vecino, quien añade que teme la llegada del invierno, cuando se hace oscuro más pronto.
Los residentes en la Part Alta aseguran que sienten como estos jóvenes tienen total impunidad. «Han perdido el miedo, y se han convertido en los dueños de estas calles», comentan. Los vecinos confiesan que no se atreven a salir de casa sin la navaja o un esprai pimienta. «Por precaución», dicen.
«Nos duele mucho que nos acusen de racistas. No lo somos. Nos da igual de donde vengan o quien sean. Lo único que nos molesta es que convivimos diariamente con delincuentes, que nos hacen daño», aseguran los vecinos.
A 50 metros del Ayuntamiento
Los restauradores también se quejan de la situación. Hace quince días abrió puertas un restaurante en la Plaça Pallol. Su propietaria asegura que nadie le había contado lo que estaba ocurriendo, «pero el pasado sábado yo sola me di cuenta». Y sigue relatando: «Un grupo de cuatro o cinco jóvenes se pasaron toda la noche vigilándonos, por delante y por detrás del local. Incluso un trabajador no se atrevió a ir solo a su casa, que está a escasos metros».
En la misma línea, el propietario del bar El Portal, Ariel Esteban, explica su testimonio. «Ellos están sentados, fumando. Cuando pasa alguien que no les gusta, o le agreden o le roban. Yo he visto como, sin ninguna razón, le pagaban con un palo aun chico», comenta Ariel, quien alucina porque «todo esto ocurre a 50 metros del Ayuntamiento. No entiendo que no puedan hacer nada. La gente no viene a la Part Alta porque tiene miedo».
El Ayuntamiento es conocedor de la situación que viven los vecinos de la Part Alta de la ciudad. Para empezar, los refuerzos policiales que hasta ahora habían en el Rancho Grande de El Serrallo, se han trasladado al casco antiguo.
«Para poder desalojar un edificio necesitamos una orden judicial», explica Manel Castaño, concejal de Seguretat Ciutadana del Ayuntamiento de Tarragona. Según ha podido saber el Diari, la propietaria del piso ocupado de la calle Ferrers, número 7, ya ha interpuesto la denuncia correspondiente. Por su parte, el Ayuntamiento asegura que, tanto la Guàrdia Urbana como los Mossos d’Esquadra, están a disposición para facilitar información necesaria al juez.
Estudiar caso por caso
Castaño pide paciencia a los vecinos. «Las actuaciones policiales de estas características requieren de un procedimiento lento», asegura el concejal, quien añade que la solución a este problema «no solo pasa por aumentar la presencia policial, sino por reconducir la conducta de estos jóvenes. «Ayudándoles a formar su futuro», comenta Castaño.
Es por esto que en septiembre se creará una mesa de trabajo, formada por el Ayuntamiento y la Generalitat, para tratar uno por uno los casos de los exmenas de Part Alta. «Deberán involucrarse todos los departamentos implicados, tanto de ámbito municipal como autonómico. La idea es encontrar programas de formación, viviendas y trabajo para estas personas», explica el concejal de Seguretat Ciutadana.
