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Sociedad Humana, una asociación de juristas que promueve la defensa de los derechos humanos en los tribunales, quiere ser acusación popular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona a raíz de la explosión y posterior incendio en la planta de Iqoxe de La Canonja.
Una semana después de los hechos, la entidad presentó un escrito ante el Juzgado para personarse en las diligencias previas abiertas. La magistrada ha puesto como condición el pago de una fianza de 10.000 euros, una cantidad que la asociación considera muy elevada. Por ello, ha presentado un recurso de reforma ante el mismo Juzgado y, de no ser favorable la respuesta, presentará uno de apelación ante la Audiencia Provincial. Como el caso está bajo secreto de sumario, no se espera que la resolución llegue en un corto espacio de tiempo, señala al Diari uno de los abogados, David Rocamora. Añade que creen que la magistrada ha fijado una cantidad tan «desproporcionada» para que no se presenten muchas acusaciones populares.
Rocamora está convencido que hay causa penal «porque se ha puesto en riesgo a un colectivo importante de personas». En este sentido, recuerda que en el Complex Educatiu –la antigua Universitat Laboral– había unas 70 niños del club de rugby entrenando. Y restos de la planta llegaron a la zona.
«La ciudadanía está asediada»
El objetivo que persigue Sociedad Humana es «evitar el cierre en falso del procedimiento». No quiere que la causa penal se cierre en el caso de que se paguen las indemnizaciones a los afectados. Considera que la ciudadanía «está asediada por diferentes frentes –petroquímica y nucleares– y hay opacidad con la complicidad de las administraciones».
La causa de Iqoxe no es la primera en la que se ha personado Sociedad Humana. También está presente en la abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta por la tragedia del Tarajal, donde fallecieron 15 inmigrantes mientras la Guardia Civil lanzaba pelotas de goma al mar para evitar que las personas llegaran a la playa.
La entidad también presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por una serie de incidencias y averías en la central nuclear Vandellòs II y también otra querella por la venta de armas a Arabia Saudí y que fueron utilizadas en la guerra del Yemen.
