Una treintena de familias okupas viven en situación 'inhumana' en La Patá de Constantí

La imagen de la calle Prat de la Riba de Constantí es desoladora. Dos bloques de pisos sin puertas, sin ventanas, sin cableado y sin balcones protagonizan el conocido barrio de La Patá de Constantí. Los inmuebles fueron okupados por medio centenar de familias –la mayoría de etnia gitana– en el año 2013. Vinieron desde barriadas de Barcelona y del Camp de Tarragona. Se afincaron en el barrio después de que los promotores de los bloques no vendieran los pisos. Las administraciones detectaron rápidamente problemas de convivencia en esta calle cercana a la zona conocida como ‘de las 600 viviendas’. 

En la actualidad, quedan una treintena de familias que viven en condiciones «inhumanas» –según una vecina–, entre el bloque número 7 y las casas adosadas que hay delante. En el número 9 ya no vive nadie. Después de un incendio en un párking de la misma calle, en el año 2016, los vecinos fueron progresivamente desahuciados. La Mesa d’Emergència de la Generalitat aceptó valorar los casos de las familias, y la mayoría ellas pudieron mudarse a una vivienda de alquiler social, en Constantí y otros barrios de la ciudad, como Riuclar o Bonavista. 
Ahora, dos años después, el bloque ha sido desvalijado. Se han llevado las puertas, las ventanas, las vitrocerámicas de las cocinas, los enchufes, el cableado e incluso balcones enteros. No han dejado nada. El edificio parece un esqueleto. 

«Amenazaron con cortar la luz, pero les avisé de que no lo hicieran. Viven allí ancianos y niños», Miguel Gabarre, Asociación gitana y mediador

Pero el bloque 7 –ubicado al lado– sigue igual. En él viven familias con ancianos y menores. El interior de las viviendas okupadas está en perfecto estado. Los vecinos las cuidan, las pintan y las arreglan. Pero la escalera y la fachada están hechas un desastre. Más o menos como el bloque de al lado. Suciedad, insectos, basura y pintadas. Por su parte, el Ayuntamiento y la Policia Local de Constantí trabajan para solucionar la problemática y mejorar el día a día de estas familias que esperan un piso de alquiler social. «El otro día vinieron a ver el piso y nos preguntaron cuánto queríamos pagar por un alquiler. Les dijimos que entre 50 y 80 euros. No podemos pagar más», explicaba una vecina, que prefiere no dar el nombre. No todos piensan igual. Hay quien está a gusto en el bloque.

La clave: los mediadores
Según ha podido saber el Diari, los bloques eran propiedad de BuildingCenter –sociedad de Caixa Bank–. Pero el pasado mes de diciembre, los inmuebles pasaron a manos de una sociedad que cuenta con la participación mayoritaria de un fondo de inversiones americano, llamado Lone Star. Por lo tanto, estos últimos son los propietarios de los dos bloques. En este conflicto siempre ha habido dos mediadores. Por un lado, el presidente de la Asociación Gitana y Catalana de Constantí, Miguel Gabarre y, por el otro, un mediador de BuildingCenter –quien prefiere mantenerse en el anonimato–. 

Este último asegura que los nuevos propietarios deberán decidir qué camino coger a partir de ahora. «El objetivo es desahuciar a los vecinos a largo plazo, pero ahora estamos en una situación de transición», explica el mediador. 

«No todos los que viven allí son okupas, algunos fueron estafados hace unos años», Óscar Sánchez, Alcalde

Por su parte, Gabarre destaca la situación en la que viven los vecinos. «Amenazaron con cortar la luz del edificio, pero manifesté que no podía ser. Hay ancianos y niños. Incluso en uno de los pisos vive una mujer con problemas respiratorios, conectada a una máquina. Les avisé de la situación», asegura Gabarre, quien añade que las administraciones, sobre todo el Ayuntamiento y la Policía de Constantí, «está poniendo todo de su parte para solucionar el problema». 

El alcalde del municipio, Òscar Sánchez, explica que no todos los afectados son okupas. «Hay familias que en su día fueron estafadas», explica Sánchez, quien añade que la Generalitat está estudiando «caso por caso en busca de soluciones». El edil reconoce que el Ayuntamiento no cuenta con las herramientas necesarias para solucionar la problemática. Referente a la seguridad, desde el consistorio se acordó un operativo, que recibe en nombre de CENCO (Centcelles-Constantí), que hace seguimiento de la zona. Sánchez asegura que los hechos delictivos no han aumentado en los últimos años, pero reconoce que «tener pisos okupados genera inseguridad».

Luchar contra los guetos
Una patrulla de la Policia Local de Constantí se dirigió ayer por la mañana al barrio de La Patá para entregar las órdenes de desahucio a tres familias okupas. Una actuación que se repite muy a menudo. «Los afectados ya saben qué deben hacer cuando les llega la notificación», asegura Luis Molina, jefe de la Policia Local de Constantí, quien tiene un buen trato con los vecinos okupas del bloque. «No generan problemática delincuencial, pero nos preocupa la social, como la suciedad o la convivencia», asegura Molina, quien tiene como objetivo ayudar al colectivo «para evitar que se estigmatice el barrio y que se formen guetos».