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La Audiencia de Tarragona juzgará miércoles y jueves los hechos que habrían llevado el agente inmobiliario Ramon Franch a matar la vecina de Els Pallaresos Carme Gallart. El procesado, que actualmente cumple una pena de 15 años de prisión por este homicidio, está acusado de haber estafado a la mujer en 2006.
La vista se debía hacer en septiembre del 2015 pero se aplazó a raíz de la desaparición de Gallart tres meses antes. Franch había intentado negociar con la mujer un acuerdo económico para evitar la celebración de este juicio pero ante la negativa de ella decidió matarla y deshacerse de su cuerpo, según la sentencia.
Ahora, se enfrenta a seis años de prisión por estafa agravada y falsedad documental, y al pago de una indemnización millonaria.
Según la fiscalía, el empresario hizo creer a la mujer que tenía un comprador para su domicilio y, ésta pidió un préstamo para comprar una segunda vivienda.
Ambas operaciones las gestionó el acusado, que se embolsó una comisión de 45.000 euros. Como que la primera operación resultó un engaño, la mujer se vio obligada a pedir más préstamos y a deshacerse de sus propiedades -tres fincas- para pagar las deudas. Gallart se querelló contra Franch en 2012.
El ministerio público acusa el empresario inmobiliario de un delito de estafa agravada en concurso con un delito de falsedad en documento privado, por los cuales solicita una pena de seis años de prisión y su inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de API durante el tiempo de condena, además de una multa de 2.700 euros.
En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita una indemnización en la cantidad que determine la sentencia por el perjuicio sufrido más el interés legal correspondiendo -un importe que se situaría sobre los 2 millones de euros-.
El detonante de un crimen
La vista por este juicio de estafa estaba fijada inicialmente por los días 29 y 30 de septiembre del 2015. Según se desprendió durante el juicio por homicidio, al tener conocimiento del señalamiento y de las graves consecuencias que podrían ocasionarle, Franch intentó varias veces llegar a un acuerdo con Carme Gallart porque se apartara del procedimiento. La cifra que le habría ofrecido rondaría los 300.000 euros. La mujer, pero, se negó, y esto llevó el empresario a deshacerse de ella.
El homicidio se juzgó a final del 2017 con un jurado popular. A pesar de que el cadáver de la víctima todavía no ha podido ser localizado, el jurado lo consideró culpable de homicidio. La Audiencia de Tarragona lo condenó a quince años de prisión y a pagar una indemnización de 450.000 euros a los familiares de la víctima.
El jurado popular consideró probado que el día de la desaparición de Carme Gallart, de 65 años, el condenado fue a Els Pallaresos y no a Tarragona -tal como él sostuvo durante el juicio-, la abordó y acabó con su vida en un lugar indeterminado. Dos días después, según el tribunal, se habría deshecho del cadáver durante el trayecto que realizó hasta el Prepirineo de Huesca.
El jurado justificó la culpabilidad por la existencia de un móvil económico por parte de Ramon Franch; la inexistencia de actividad vital de Carme Gallart desde el día de la desaparición; los informes periciales de los mossos sobre geolocalizaciones a partir de la telefonía móvil y por los restos biológicos con ADN de la víctima localizadas al parachoques del vehículo que Franch habría utilizado para trasladar el cadáver.
