El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), firmó decretos para validar 21 facturas de la empresa Inipro a pesar de tener los informes desfavorables del jefe de contabilidad del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y también del jefe de contabilidad del mismo organismo. Así se recoge en el informe redactado por la Policía Judicial de la Guardia Civil y que ya tiene en sus manos el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, que el pasado lunes levantó el secreto de sumario del caso. De las investigaciones policiales realizadas hasta el momento se desprende que de los aproximadamente 270.000 euros que cobró la empresa Inipro por unos trabajos relacionados con el fomento de los ciudadanos extranjeros, sólo 61.000 euros –pagados a través de cuatro facturas– fueron satisfechos en base a una contratación pública. El resto serían, como apuntan los investigadores, «por decreto» del alcalde.
El pasado lunes se cumplían los dos años desde que el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona abriera unas diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la CUP sobre presuntas irregularidades en los pagos a la empresa Inipro por unos trabajos supuestamente no realizados. Durante estos 24 meses las diligencias judiciales y policiales sobre el asunto han estado bajo secreto de sumario, que se ha ido prorrogando mientras se investigaba el asunto. Tras haber efectuado los registros necesarios, el magistrado consideró que no había base para seguir con el secreto de las actuaciones. El levantamiento del mismo se notificó ayer a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), única parte que se ha personado en la causa –que ya cuenta con unos 600 folios– y que es la que dio pie al procedimiento. Por ahora no hay ningún imputado formalmente por parte del magistrado, aunque varias personas ya han declarado como investigadas ante la Guardia Civil.
Una de las partes más relevantes que se supo ayer es la declaración que en su día realizó el jefe de contabilidad del IMSS ante la Guardia Civil. Aseguró que cuando le llegaron las facturas ya advirtió de la irregularidad, pero que el gerente de la entidad, Antonio Muñoz, dijo que sí. Con el informe redactado por el interventor delegado del IMSS sobre las ilegalidades de dicho pago, el asunto acabó en manos del alcalde Josep Fèlix Ballesteros, quien mediante decreto municipal autorizó los pagos.
Durante los registros efectuados últimamente en las sedes municipales –principalmente en la del IMSS, situada en la plaza Prim–, los agentes se incautaron de 25 facturas que el Ayuntamiento pagó a la empresa Inipro. Cuatro de ellas serían totalmente legales. Corresponderían a los 61.011,58 euros satisfechos en 2010 a la empresa a la que se adjudicó el concurso y que, por lo tanto, tenían soporte contractual.
Pero, ¿qué pasa con las 21 restantes? No estarían vinculadas a contratación pública y, por lo tanto, serían irregulares. Corresponderían a las pagadas según decreto de alcaldía. De esta forma, Inipro cobró en 2011 la cantidad de 110.815,81 euros y al año siguiente, 104.293,92. Dichos importes son la base de la investigación judicial y policial.
Durante la instrucción del caso, los agentes también detectaron que había hasta siete informes de contabilidad en que no se había seguido el procedimiento establecido para la contratación de prestación de Servicio. Dichas facturas fueron conformadas por el entonces gerente del IMSS, Antonio Muñoz.
Precisamente hay un informe de 2011 en que el propio Muñoz reconocería que Inipro presentó facturas –correspondientes a supuestos trabajos efectuados entre septiembre y octubre de 2011– a pesar de que el Programa de Desenvolupament Comunitari i Nouvinguts ya había finalizado, pero añadía que la convocatoria del nuevo programa estaba en fase de elaboración. Por ello, consideraba que dichas facturas se tenían que abonar. Se trataría de dos facturas por un importe de 8.600 euros cada una. Por ello, según señala la Guardia Civil, se trataría de una «prórroga irregular» del contrato. Según añaden los investigadores, no hay constancia de que se convocara un nuevo concurso ni de que se licitara dicho servicio.
Una de las empleadas del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) que declaró ante la Guardia Civil dijo que había recibido indicaciones del entonces gerente sobre cuáles tenían que ser las tres empresas ‘invitadas’ a la adjudicación, ya que no hubo licitación al no llegar al importe mínimo exigible por ley.
‘Con típex’
Uno de los datos relevantes que los agentes constataron del registro efectuado en la sede del IMSS es el libro de entrada. Con fecha de 21 de julio de 2010, en las entradas ‘49’ y ‘50’ está la presentación de las ofertas de Inipro e Itínere para hacerse con la iniciativa. Con el número ‘51’ y con la misma fecha fue registrada la supuesta oferta presentada por la empresa Gallet –perteneciente al mismo grupo que las dos anteriores–. Pero dicha información –constatada a trasluz por los investigadores– fue tachada con típex. En su lugar aparece otra información que lleva fecha del 15 de abril del mismo año, muy anterior al orden establecido. En concreto, la oferta de Inipro –que es la que se adjudicó– era por un importe neto de 56.492,22 euros, la de Itinere era de 57.900 euros y finalmente la de Gallet, de 57.700.
Ayer, en rueda de prensa, los concejales de la CUP Laia Estrada y Jordi Martí revelaron que el informe de la Guardia Civil indica que las ofertas de Inipro e Itinere eran calcadas, «con las mismas faltas de ortografía».
«En el documento de la investigación también se ponen de relieve que estas dos empresas se han presentado en los mismos concursos públicos en muchas localidades», a la vez que, de la tercera compañía, Estrada añadió que «su finalidad no es la que se pedía en los trabajos del IMSS».
Los concejales cupaires revelaron ayer que en las declaraciones de los trabajadores municipales «hubo personas que ni sabían qué hacían desde Inipro», así como que «nunca se les pidió ningún tipo de información».
Paralelamente, el informe de la Guardia Civil indica que técnicos informáticos del Consistorio definieron como de «inusual» que el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz, mantuviera su ordenador con el mail personal cuando cambió de puesto de trabajo. El sumario también remarca que la exedil de Serveis Socials, Victòria Pelegrín, solicitó que el informe que los agentes buscaron el pasado 9 de octubre en las dependencias municipales se guardara en un armario al margen del resto del expediente, así como que el interventor-delegado del IMSS, Joan Maria Abelló, «hizo copias» de ese documento.
