Si hay alguna industria en Tarragona que tiene vínculos con Argelia es la planta de BASF Sonatrach Propanchem, una instalación en el Polígon Químic Sud, en La Canonja, que se dedica a la fabricación de propileno. Con esa materia prima se produce polipropileno, que luego da pie a diferentes aplicaciones de material plástico, que abarca desde textiles y envases hasta dispositivos médicos, material higiénico o componentes automovilísticos.
El vínculo es tal que la firma es en realidad una ‘joint venture’, una alianza conjunta estratégica a largo plazo. Así, la compañía está constituida al 51% por BASF y al 49% por la argelina Sonatrach. Se trata del primer grupo empresarial que trabaja con hidrocarburos, no solo en Argelia, sino en África.
El propileno producido es enviado a través de tubería a los clientes, otras empresas químicas del polígono, por lo cual el funcionamiento de la instalación es vital para todo el entramado industrial. La empresa se constituyó en el año 2000, por lo que en 2020 celebró su 20 aniversario. Esta planta de deshidrogenación de propano tuvo un coste de 240 millones de euros. Se inauguró en marzo de 2004, en un acto presidido por el entonces rey Juan Carlos I.
«Ninguna incidencia»
Como en otros lugares de España donde Sonatrach tiene presencia, en la compañía tarraconense se incide en que la actual situación de tensión entre gobiernos no «genera ninguna incidencia ni a nivel de suministros ni a nivel contractual».
Mientras las pymes se están viendo en estos momentos más afectadas, en el caso de las grandes multinacionales hay una mayor seguridad contractual. Se impone, por tanto, una situación de calma y tranquilidad, puesto que se emplaza a los contratos que están actualmente en vigor y que en muchas ocasiones son de larga duración. La incidencia sobre estos vínculos empresariales es un escenario que de ningún modo se contempla.
Arbitraje internacional
En el caso de una interrupción del suministro, por el momento improbable, se abrirían las vías habituales de reclamación. La misma vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido esta semana a Argelia de que si corta el suministro de gas a España, «nuestro país acudirá a los tribunales y a mecanismos de arbitraje internacional».
Desde el mundo académico, Agustí Segarra, catedrático de Economía Aplicada en la URV, descarta una afectación profunda, y más aún en este tipo de relaciones contractuales a largo plazo. «Creo que va a ser un tema de diplomacia internacional que no tendrá demasiada incidencia. El gas está asegurado, porque hay unas cláusulas internacionales con la UE que implican tratar a todos los países por igual, algo que se ha visto desde el tirón de orejas de Bruselas. Por eso Argelia en los últimos días había suavizado sus declaraciones», cuenta Segarra.