Denuncian el cierre de 39 camas en el Francolí de Tarragona

Sindicatos y comité de empresa valoran llevar al juzgado los recortes de salario y la falta de personal. De momento, reclaman que se lleve a cabo una auditoría de gestión de la empresa

19 mayo 2017 18:26 | Actualizado a 21 mayo 2017 16:51
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Representantes de los sindicatos Metges de Catalunya, SATSE y CGT denunciaron ayer públicamente las carencias de gestión del Hospital Sociosanitari Francolí. Los trabajadores de este centro aseguran que la dirección ha acordado cerrar 39 de las 159 camas del centro durante el verano para evitar contratar personal sustituto durante las vacaciones.

Tani Francesch, del Sindicat de Metges, afirma que el pasado martes había 42 pacientes en lista de espera para ingresar en el centro, que depende del GiPSS –empresa pública adscrita al CatSalut–. «Muchos de estos pacientes son gente dependiente y de edad avanzada que se debe esperar en el área de Urgències o en planta del Joan XXIII» lamenta Francesch. Por otra parte, el colectivo denuncia que, en julio, unos sesenta de los 200 trabajadores del sociosanitario sufrieron un recorte de sueldo y que «nadie les ha dado explicaciones». Ante esta situación, los sindicatos quieren llevar a los juzgados las reducciones de salario y también exigen una auditoría de gestión de la empresa y no descartan iniciar movilizaciones en septiembre.

‘Sin respuesta’ del gerente

Lo cierto es que el malestar de la plantilla va en aumento. El detonante fue el nombramiento de un nuevo gerente en el mes de mayo, el cuarto en sólo tres años. El nuevo responsable, denuncian los trabajadores, creó dos nuevos cargos directivos a mediados de junio sin que se siguiera «un proceso de selección de transparente» y, por el contrario, suprimió una plaza de médico.

A raíz de estos hechos, los facultativos y los delegados sindicatos solicitaron una reunión urgente con el gerente y, a día de hoy, dicen, «aún» esperan respuesta. Además, la nueva directora de Persones i Organització, afirman, acordó aplicar recortes al 29% del personal de GiPSS , «en base a un decreto del gobierno Rajoy y del convenio SISCAT». Unos ajustes añadidos a los que ya empezaron a sufrir en el año 2013.

Según Tani Francesch, «con el gerente de vacaciones y con la directora de personal de baja», nadie les ha dado ninguna explicación. Por este motivo, quieren llevar a los juzgados los últimos recortes. Además, denuncian que estas medidas no se han aplicado en ningún otro centro de Catalunya y critican que, sanitariamente, «Tarragona es la demarcación más discriminada».

‘Lo pagan los más débiles’

La representante sindical afirma que, en los últimos cinco años, la demanda de atención paliativa «se ha triplicado, pero que el personal no se ha incrementado al mismo nivel», por lo que «no hay derecho que el peor recorte sanitario la sufran los abuelos enfermos, los más débiles. Si nos recortan el presupuesto, el personal, si no mantenemos las instalaciones y cerramos camas sociosanitarias, recortamos la asistencia sociosanitaria de estos pacientes «, destacó.

Agustí Aragonés, delegado sindical de la CGT en el Hospital Joan XXIII, reclamó que se cumpla el acuerdo de Gobierno adoptado en 2010 por el que el ICS debía absorber la empresa GiPSS. Además, denuncia «duplicidades en servicios tales como la empresa de mantenimiento o de lavandería», que en el sociosanitario prestan «empresas vinculadas a la Xarxa Sanitària Santa Tecla».

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