El fiscal archiva la denuncia por las obras de ampliación del parking Torroja de Tarragona

La Fiscalía Provincial de Tarragona ha archivado la denuncia que presentó un vecino del barrio de Els Músics el pasado 10 de octubre, que posteriormente complementó el 8 de febrero, contra las obras de ampliación del parking Torroja. Estas actuaciones, que se iniciaron el pasado mes de enero, tienen el objetivo de que el equipamiento municipal pase de las 154 plazas actuales a las 349 o, lo que es lo mismo, 195 más con una aportación europea de 1,2 millones de euros.

Según ha podido saber el Diari, el Ministerio Público no aprecia irregularidades tras investigar durante los últimos meses la hipotética comisión de presuntos delitos medioambientales y prevaricación, así como posibles ilegalidades contra la ordenación del territorio, el patrimonio y los fondos europeos.

«No hay base delictiva»

Así lo indica por escrito en un decreto firmado el pasado 31 de marzo por el fiscal Ignacio Monreal, en una decisión que fue comunicada a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Tarragona el pasado 2 de mayo.

En su argumentación, el fiscal asegura que, tras haber llevado a cabo las diligencias y de haber solicitado el proyecto al consistorio de la Plaça de la Font, concluye que «no existe delito medioambiental» por la denuncia de la tala de árboles que se llevó a cabo en la fase previa, y que aproximadamente afecta a una zona de unos 9.000 metros cuadrados de superficie.

El motivo de no apreciar la ninguna ilegalidad es que «no se vio afectada ninguna especie protegida» y que, a la vez, «existe compromiso de reforestación aumentando incluso el número de árboles transplantados», afirma el representante de la Fiscalía. De hecho, el gobierno municipal (ERC-JxTGN-CUP) defiende que la actuación «no será un aparcamiento y punto, sino que estará integrado paisajísticamente», según afirmó recientemente el concejal de Territori, Xavier Puig (ERC).

El concejal detalló también que «el 67% de los árboles que había en esta superficie se han replantado. Son las especies con un valor ecológico como los olivos, el laurel y los almez. No ha sido así con los pinos, que no pueden trasplantarse porque no acaban bien», indicó.

Asimismo, otro de los puntos que el Ministerio Fiscal quería esclarecer era si el movimiento de tierras generado en este entorno podría constituir un delito contra la ordenación del territorio, lo que supondría que el Ayuntamiento de Tarragona habría incumplido las normas urbanísticas vigentes.

Sobre ello, Monreal detalla que pese a que en la ampliación de la reclamación el denunciante dudaba de que se hubieran llevado a cabo «los correspondientes estudios de impacto ambiental y paisajístico», a la práctica la realidad es que «no se ha detectado base para fundamentar las sospechas de delito contra la ordenación del territorio, prevaricación, daños contra el patrimonio histórico ni fraude de fondos europeos».

Sobre ello, el fiscal añade que pese a que en un artículo en este periódico el arquitecto Enric Casanovas clamaba por una presunta «afectación al patrimonio histórico», lo cierto es que en su declaración ante el represente público «no aportó datos concretos de hechos que pudieran constituir una infracción penal».

Asimismo, la Fiscalía recalca que, en materia patrimonial, la arqueóloga municipal emitió un informe favorable a las actuaciones bajo la condición de un «control durante la remoción de tierras y prestar especial atención a los restos de los elementos defensivos de la ciudad». En este sentido, el Ministerio Fiscal especifica que la habilitación técnica para llevar a cabo la ampliación del parking de detrás del Club Natació Tarraco «también fue autorizado por unanimidad por la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Tarragona».

Paralelamente, por lo que se refiere a las cuestiones económicas del proyecto, el decreto de Ignacio Monreal detalla que «consta un informe emitido por la Intervenció General respecto a la financiación» y que, además, «se cumplen las medidas previstas en el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Tarragona». En el escrito, finalmente el fiscal considera que «el pliego y la propuesta se ajustan al procedimiento establecido», a la vez que concreta que «el secretario general informó favorablemente el expediente de contratación, así como el pliego de cláusulas».

Por todo ello, el fiscal concluye que «se procede al archivo de las actuaciones», cuya ejecución empezó a inicios de año y que está previsto que se alargue durante unos doce meses por lo que la previsión es que esté listo a principios de 2024.