Dos hombres se enfrentan a cuatro años de prisión cada uno así como al pago de una multa de 3.000 euros por un delito de estafa agravada. Además, tendrán que indemnizar a las víctimas con el dinero supuestamente cobrado –en total 54.000 euros–. Es la petición que realiza la Fiscalía Provincial de Tarragona contra Josep Maria C.A. y Joan A.P. Estos han negado en todo momento que cobrasen por tramitar el contrato de trabajo. Este caso llegará a juicio el próximo 8 de septiembre en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que desde el año 2005 y hasta el 2008 los dos acusados elaboraron ofertas de empleo a partir de contratos de trabajo ficticios para ciudadanos marroquíes que se encontraban en su país con el objeto de que estos pudieran regularizar su situación en España. Por cada contrato los acusados cobraban la cantidad de 6.000 euros. Y ello a pesar de que sabían, según el fiscal, de que dichas ofertas de trabajo que presentaban serían denegadas por la Subdelegación del Gobierno ya que las mismas no se ajustaban a los requisitos legalmente exigidos para su autorización.
De esta forma, B. el A.. entregó 12.000 euros a Josep Maria a cambio de que consiguiera la autorización para que vinieran a España dos amigos suyos. Como quiera que las dos ofertas de empleo fueron denegadas por la Subdelegación del Gobierno, el perjudicado solicitó la devolución del dinero entregado, sin haberlo conseguido hasta este momento, por lo que reclama que se le devuelva.
Por su parte L.S. entregó 12.000 euros a Josep Maria a cambio de que le consiguiera la autorización para que vinieran a España también dos amigos suyos. Las ofertas también fueron rechazadas. Es el mismo caso que le ocurrió a A.K. y parecido al de S.Ch., aunque éste pagó 18.000 euros para conseguir autorización para que vinieran a España tres familiares suyos.
Durante la fase de instrucción las presuntas víctimas se ratificaron en que les cobraron 6.000 euros por persona para tramitar el contrato de personas allegadas, y que como el documento no fue validado, pidieron que les devolvieran el dinero, sin conseguirlo.
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