El futuro POUM de Tarragona supera el primer trámite, cuando están a punto de cumplirse dos años desde la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan de 2013. Con catorce votos a favor y trece en contra, ayer el pleno de Tarragona aprobó el anteproyecto del nuevo plan, lo que permite poner en marcha la nueva fase en la que la ciudadanía será la protagonista. «No es el final de nada, es el principio de todo», afirmaba el concejal de Territori, Xavier Puig.
El debate en el Palau Municipal fue crispado y empezó con la petición por parte del PSC de retirar este punto del orden del día, alegando que «no se ha producido una consulta previa con suficientes garantías para que la gente participara». Asimismo, Begoña Floria defendió que el borrador que se estaba votando «no da margen» de participación, dado que es «excesivamente detallado».
La petición no prosperó, a pesar de que todos los partidos de la oposición, a excepción de ECP, se sumaron a la votación forzada por el PSC. Así que el pleno siguió según lo previsto.
El concejal de Territori expuso que el anteproyecto se ha hecho a partir de «valores humanísticos» que buscan «empoderar a la ciudadanía» para definir un modelo de ciudad que, según el gobierno, tiene unos objetivos claros. Estos son la cohesión de ciudad, la accesibilidad, la seguridad, el reciclaje urbano, además de la vivienda. «Lo que proponemos es llenar de vida Tarragona, con un centro fuerte, unos barrios bien ligados y más Anella Verda», decía. Por contra, Puig defendió la necesidad de «aspirar a no repetir los errores» del antiguo plan, «muy expansivo» y «al amparo del ciclo alcista de la burbuja inmobiliaria».
El responsable de Territori recordaba que «las normas incorporan su propia cuenta atrás» y que de los tres años de vigencia que fijó la Generalitat, ya ha transcurrido uno. «Quedan dos años antes que volvamos al plan del 95, lo que supondría un batacazo. No es este gobierno el que tiene prisa, es Tarragona la que tiene el reto», justificó.
Evitar correr riesgos
El PSC se mostró beligerante. «No nos gusta cómo lo están haciendo y que se utilice el POUM para hacer campaña», afirmaba la portavoz del grupo municipal, Sandra Ramos. Esta aseguró que el proceso participativo que tiene que ponerse en marcha en las próximas semanas «nos parece fantástico». Pese a ello, defendió que, de acuerdo con la ley, este tenía que hacerse «en los dos momentos» para evitar «correr riesgos» y que haya una sentencia que anule el trabajo hecho. Ramos lanzó una última advertencia al gobierno municipal. «Prácticamente la mitad del plenario hemos votado en contra. No es demasiada buena señal empezar así», decía.
Desde Junts per Tarragona, Dídac Nadal puso el acento en la «necesidad de crecer en habitantes y viviendas» y lo atribuyó a la dilatación en los tiempos en cuanto a la tramitación de las figuras urbanísticas. «Cada vez que queremos desarrollar un plan tardamos diez años». En cambio, aplaudió algunos aspectos que se introducen como en el ámbito ferroviario, a pesar de que, afirmó que «tan solo es un documento de intenciones, sometido a cualquier cambio».
El otro socio del gobierno, es decir, la CUP, también habló sobre los crecimientos futuros de la ciudad, aunque la formación anticapitalista es partidaria de «un modelo urbano de contención». «No podemos seguir creciendo como se ha hecho», afirmaba Eva Miguel Gascón, quien reconoció que la propuesta «no refleja al 100% ningún perfil político del grupo, pero sí unos objetivos de ciudad».
Los cupaires ven con buenos ojos «la nueva centralidad del Francolí» y consideran «indispensable» dar un paso adelante para convertir la Horta Gran en un parque agrícola. Asimismo, Miguel expuso que los principales retos del POUM afectan a la «ciudad consolidada».
El voto favorable de la concejal de En Comú Podem, Àngels Pérez, facilitó al gobierno que la votación pudiera salir adelante y el próximo 8 de noviembre se ponga en marcha el proceso participativo, que se prolongará hasta marzo del año que viene. Pérez ve este debate como una «gran oportunidad» para los vecinos, para «dibujar una Tarragona próxima para todos» y en la que «se deje de decir voy a Tarragona, para decir voy al centro».
Tras la aprobación de este borrador, el alcalde de la ciudad, Pau Ricomà, se felicitaba por este primer paso. «La dificultad inicial se ha convertido en una gran oportunidad de ciudad que nos permita tener un POUM a la altura del siglo XXI», apuntaba. El máximo responsable municipal también invitaba a los partidos a «pasar página, cambiar de actitud y sumar». Ahora se abre un periodo de dos meses para formular consultas y aportaciones por parte de la ciudadanía, mientras se avanza en el proceso participativo del que saldrá el primer documento. Eso sí, para la aprobación inicial habrá que esperar hasta el próximo mandato.
