La Generalitat de Catalunya busca inquilino para la Ciutat de Repòs i Vacances. Según confirmaron al Diari fuentes de la Conselleria de la Vicepresidència, d’Economia i Hisenda, la Direcció General de Patrimoni ha ofrecido en régimen de alquiler el equipamiento tarraconense a inversores privados durante la reciente celebración del Barcelona Meeting Point, el evento inmobiliario de referencia a nivel catalán que se llevó a cabo entre los pasados 19 y 23 de octubre.
Según la ficha que la administración autonómica facilitó a las empresas interesadas, en ésta se especifica que el canon anual que debería pagar el futuro gestor sería de 480.000 euros anuales. La idea del Govern es la de mantener la propiedad de la instalación y ceder durante cincuenta años la explotación al sector privado para ingresar 24 millones de euros durante medio siglo.
«El objetivo que nos planteamos es ofrecer el inmueble en régimen de concesión para rentabilizar el patrimonio que actualmente la Generalitat tiene inmobilizado», explican las fuentes consultadas por este periódico, las cuales añaden que la voluntad del ejecutivo liderado por Junts pel Sí es la de «reducir los costes asociados a su mantenimiento y lograr ingresos que destinaremos a finalidades sociales».
De hecho, en 2011 el Govern entonces presidido por Artur Mas (CiU) decidió cerrar la instalación después de 55 años de funcionamiento debido al millón de euros que debía pagar cada año para tenerla en actividad. Desde entonces, las 8 hectáreas de superficie de la antigua Ciudad de Vacaciones están abandonadas y sin ningún tipo de utilidad.
‘No’ a la venta
De esta forma, la Generalitat descarta sacar a subasta la venta del espacio, sino que lo que está haciendo en la actualidad es realizar un primer tanteo para analizar el interés que el emplazamiento despierta en el mercado. Las fuentes consultadas remarcan que esta primera prospección «ha sido muy positiva» y que, de hecho, varios fueron los empresarios que tomaron buena nota de las posibilidades de la parcela situada en la zona de Llevant.
De cara a las próximas semanas, el Govern está estudiando la posiblidad de presentar esta instalación en ferias internacionales, como la de Cannes de principios de 2017. Una vez se tenga una visión global de las posibiliadades reales de encontrar un inversor se convocará un concurso público, en el que se decidirá el gestor del equipamiento para cinco décadas.
Usos de servicio público
En la documentación que el Govern ha mostrado a las empresas en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) se indica que la superficie de la finca es de 8,6 hectáreas y que cuenta con 9.895 metros cuadrados de edificabilidad. En este sentido, también se especifica que cuenta con una catalogación patrimonial que obliga, en caso de obras, a «mantener la arquitectura original y el arbolado existente».
Asimismo, por lo que se refiere a la calificación urbanística, se remarca que ésta es «equipamiento de titularidad pública con uso permitido de ocio», por lo que se descarta el uso hotelero. En concreto, según la planificación territorial vigente en el POUM aprobado en agosto de 2013, se indica que en un equipamiento público o social –como es el caso de la Ciutat de Repòs i Vacances– pueden preverse los siguientes usos: administrativo, educativo, universitario, tecnológico, deportivo, residencial colectivo (como residencias para persones mayores o universitarias), cultural, ocio, sanitario, religioso, aparcamiento, desechería, servicios funerarios o equipamiento histórico.
Se trata de una circunstancia que ya fue advertida hace semanas por el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Josep Maria Milà (PSC), quien aseguró que el Plan General prevé que el espacio sea «un equipamiento público» y que sería «horroroso» que «la ciudad perdiera este espacio», en una opinión que se desmarca de la voluntad de PSC, PP y Unió de destinarlo al sector turístico.