El Parlament exige bunkerizar las salas de control de la química

La cámara legislativa avala la mayor parte de las conclusiones de la comisión de Iqoxe, que insta a cambiar la normativa para obligar a tener sensores, cajas negras y un registro remoto

15 diciembre 2020 19:50 | Actualizado a 08 enero 2021 22:40
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El Parlament de Catalunya impulsará la próxima legislatura «cambios normativos» para mejorar la seguridad y el control de la industria petroquímica del Camp de Tarragona. Así lo aprobó ayer el pleno de la cámara legislativa catalana en la última sesión antes de las elecciones del próximo 14 de febrero. La sesión sirvió para avalar la gran mayoría de las conclusiones y recomendaciones del informe sobre la comisión de estudio creada a raíz del accidente del pasado 14 de enero en la planta de óxido de etileno de Iqoxe, que acabó con la vida de tres personas. Desde el pasado mes de marzo se han llevado a cabo 16 sesiones del organismo, que han incluido a 32 comparecientes entre altos cargos del Govern, expertos, sindicatos, vecinos y responsables del sector.

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Ayer, con la abstención de la CUP, la corporación del Parc de la Ciutadella tiró hacia adelante el acuerdo, que entre otras cuestiones propone un importante paquete de medidas de seguridad a implementar en los próximos años. Así, las formaciones del Parc de la Ciutadella optan por cambiar la normativa vigente y obligar a las empresas del sector químico a «disponer de salas de control bunkerizadas en cada planta» para «proteger a los trabajadores y garantizar la presencia constante, como mínimo, de un operario».

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Asimismo, en el texto también se apuesta por exigir a las compañías a «disponer de un registro remoto, con sistemas de copias de seguridad», para que «en caso caso de que se produzca un accidente se puedan determinar las causas», un hecho que no ha sido posible con el que ocurrió hace once meses en el polígono sur tarraconense.Paralelamente, las formaciones también apuestan por la presencia de cajas negras «equivalentes a las de los aviones», así como por «incentivar a las empresas para que creen centros de control externos a las plantas de producción, priorizando la seguridad de los empleados».

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En el documento también se pone de relieve que es «imprescindible» la instalación de sensores perimetrales «para medir la calidad del aire de manera inmediata en caso de que se producza un accidente» y «determinar tan pronto como sea posible si puede tener afectación para la seguridad de las personas del entorno». En este sentido, también insta a realizar «una revaluación de los riesgos de la industria química y una actualización de la normativa europea de seguridad industrial –Seveso–». Asimismo, en referencia a la Conselleria de l’Interior, se indica que «debe garantizarse el despliegue adecuado del Plaseqta, con financiación» –un hecho que a día de hoy no se cumple– y que este plan «sea gestionado desde el propio territorio».

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En caso de una emergencia como la de hace casi un año, el Parlament insta al Govern «a hacer llegar la información lo más rápido posible mediante el sistema cell broadcasting», que «ya se usa en otros países para alertar a la ciudadanía en casos de terremotos o atentados terroristas» mediante mensajes de SMS.

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Entre las conclusiones de la comisión también se considera que «deben incorporase nuevas tecnologías de comunicación a la administración», así como que estas «permitan el acceso a la zona siniestrada mediante drones». Finalmente, se exige al Departament de Treball que «potencie el seguimiento a las empresas en materia de seguridad», así como que «refuerce los efectivos en el sector petroquímico».

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