El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa contra los líderes independentistas, plantea ahora la posibilidad de rebajar el delito de rebelión a conspiración para la rebelión o sedición. Son delitos que conllevan menos años de prisión.
No existe ninguno de los tres delitos. La violencia es un elemento constitutivo de ese tipo de delitos. Y no ha habido violencia. Lo que ha habido es una rebelión.
¿Rebelión?
La sociedad catalana se ha rebelado después de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut. Hubo una manifestación en 2010 de dos millones de personas con la pancarta «Som una nació. Nosaltres decidim». Ha sido una rebelión pacífica que se ha prolongado durante siete años. Nunca ha habido violencia, sí resistencia pasiva.
Pero sí se ha desobedecido al Tribunal Constitucional.
Ha habido actos anticonstitucionales, se le ha desobedecido, sí, pero si ha habido violencia ha sido por el otro lado.
La Guardia Civil ha cuantificado en 404 los supuestos actos violentos del procés, entre ellos la concentración ante el hotel de Reus que acogía a los policías enviados para impedir el 1-O.
La mera enumeración es ya una constatación de que no hay delito de rebelión. La rebelión no son actos violentos sino que la violencia es el elemento director de todo el proceso. Tiene que estar concebido desde la violencia para romper cualquier tipo de resistencia. Son 400 actos de protesta y de defensa de los colegios electorales para que la gente pudiera votar y proteger las urnas.
Lo que se está jugando ahora mismo con todo este tema es la democracia en toda España, no sólo en Catalunya¿Y la concentración masiva ante la Conselleria d’Economia el día de los registros? Es lo que ha llevado a la cárcel a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Pueden ser desórdenes públicos, pero nunca rebelión o sedición.
Ayer tuvo lugar la sesión de investidura de Quim Torra. El juez Llarena impidió que pudieran presentarse primero Jordi Sánchez y luego Jordi Turull.
Es un caso claro de prevaricación. No hay ninguna norma que impida que sean candidatos, aunque estén presos, porque no están privados de sus derechos hasta que haya sentencia judicial o auto de procesamiento firme. Ahí hay un delito de prevaricación como la copa de un pino. Es una prevaricación de libro, aparte de demostrar una ignorancia inexcusable.
«Con el 155 se pretende esterilizar, castrar ideológicamente, al nacionalismo catalán»Aparte de cometer ese, según usted, delito de prevaricación, ¿Llarena vulnera la separación de poderes al intervenir en una decisión del Legislativo?
La ordenación de la investidura es competencia exclusiva del presidente del Parlament, que es la autoridad máxima del Estado en esta cuestión. No hay nadie por encima de él. En consecuencia la actuación del juez Llarena vulnera de una manera descarada el principio de autonomía parlamentaria. Es una claro ataque al Parlamento de Catalunya.
La Fiscalía está imputando numerosos delitos de odio, como a un mecánico de Reus que se negó a atender a una policía nacional. O a los concejales de Reus por firmar un manifiesto pidiendo que los policías alojados en la ciudad se fuesen.
No son delitos de odio. Se está haciendo un uso abusivo de esa imputación. En el caso del mecánico, si tiene un establecimiento público y debe atender al cliente y no lo hace podría ser un delito administrativo de manera que se le podría imponer una multa o incluso privarle de la licencia, pero en ningún caso implica responsabilidad penal.
Pensemos por ejemplo que cualquier responsable de un establecimiento rechazase atender, en vez de a un policía, a una persona por su raza o su tendencia sexual. ¿Eso sí sería delito de odio?
Tampoco sería un delito penal, sí una falta administrativa. Sí vulneraría el ordenamiento jurídico, pero una cosa es vulnerarlo y otra cosa cometer un delito.
¿Hubo violencia policial el 1 de octubre o se actuó «de manera proporcionada» al golpear a las personas que querían votar?
No sé si hubo violencia, pero si la hubo no fue responsabilidad de los policías que cargaron sino de quienes les ordenaron intervenir, de sus mandos y de las autoridades políticas. Pero, insisto, no sé si hubo violencia policial.
«El juez Llarena cometió un delito de prevaricación al impedir la investidura de Jordi Sánchez y Jordi Turull. Fue un ataque a la autonomía del Parlament»¿Cree usted que en las escuelas catalanas se adoctrina?
Sé lo que he leído en los periódicos, pero por la información que tengo (vivo en Andalucía pero vengo con bastante frecuencia), ha sido un tema pacífico. Y la escuela catalana no ha sido particularmente conflictiva. Es posible que haya habido algún caso puntual muy lamentable, pero las delaciones anónimas a toro pasado huelen mal.
¿Qué quiere decir?
Se están utilizando para dividir a la opinión pública y enfrentar a la gente. Esa idea de abrir buzones para denunciar a profesores de forma anónima es peligrosísima, es terrible. Se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba.
¿Ha habido malversación?
El presidente del Gobierno y el ministro de Hacienda han dicho que no, que ni un euro.
El caso del mecánico o los concejales de Reus no son delitos de odio. Se está haciendo un uso abusivo de esa imputaciónYa están empezando a cambiar su versión.
Se contradicen. Además ahora están sacando lo de Artur Mas y el 9-N. Cuando fue procesado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ya se descartó el delito de malversación y entonces Sociedad Civil Catalana lo llevó al Tribunal de Cuentas.
Que impuso una sanción.
Sí, pero la obligación del Tribunal de Cuentas si detecta un posible delito de malversación es trasladarlo a la Fiscalía y no lo hizo.
¿Cree que se está buscando venganza más que justicia?
Se está buscando escarmentar. La finalidad del 155 es la esterilización del nacionalismo. Se trata de castrar, no física pero sí ideológicamente, al nacionalismo.
Con esta argumentación, algunos le considerarán un «traidor» a España.
Lo que se está jugando ahora mismo con todo este tema es la democracia en toda España, no sólo en Catalunya. Si no se resuelve bien el problema de la integración de Catalunya, la democracia en España será un desastre.
¿Cómo podemos volver a la normalidad?
No lo sé, no lo sé. La situación se ha salido de madre. Jurídicamente no existe una fórmula mientras haya procesos penales que se superponen a procesos políticos. Éstos son negociación, pacto, y el Poder Judicial no puede pactar.
Lamento coincidir con la afirmación del líder del PP catalán, Xavier García Albiol, pero tiene razón cuando dice que la política catalana parece el día de la marmota. Hemos entrado en un bucle que no tiene fin.
El problema es que los ciudadanos votan pero luego es presidente quien quiere el Tribunal Supremo. No actúa en positivo porque no puede decidir quién es presidente de la Generalitat, pero sí quién no lo puede ser. Esto no sucede en ningún país democrático.
¿Hay una ofensiva contra la libertad de expresión? El rapero Valtonyc, por citar un caso, ya tiene que entrar en prisión.
Hay una regresión tremenda en materia de libertad de expresión. No hay más que ver las miles de multas por la aplicación de la ‘Ley Mordaza’.
Usted estuvo a punto de ser candidato de Podemos. ¿Cree que están adquiriendo los defectos propios de los partidos tradicionales: división, centralismo...?
Afortunadamente me di cuenta de que no era mi sitio. Prefiero hacer política escribiendo y hablando, no de otra manera. Me muevo sin ningún problema en el terreno de la izquierda, pero el único partido en el que estuve fue el Partido Comunista. No conozco Podemos ni sus interioridades. Ni quiero conocerlas.
Ciudadanos está disparado en las encuestas.
El PP va a desaparecer, es un partido constitutivamente corrupto. Sólo le quedan los votos de personas mayores de zonas rurales. La derecha no va a desaparecer, pero no sabemos qué es Ciudadanos.
En la cuestión catalana es más radical que el PP. ¿Un gobierno de Albert Rivera empeoraría la situación?
Hasta que no gobierne no sabremos que hará. Ya se había radicalizado en Catalunya y ahora lo está haciendo en toda España. En este sentido es preocupante. El PP sí sabemos qué es.
¿Qué es?
Viene de la prolongación del franquismo. Lo fundaron los ‘Siete Magníficos’, entre ellos Fraga, todos ministros de Franco.
Cristina Cifuentes ha acabado dimitiendo por sustraer dos cremas.
Cifuentes ha dimitido por el máster. Lo otro ha sido la operación mafiosa del PP para cargarse a Cifuentes y que demuestra lo que es el PP: una organización mafiosa que debería estar fuera de la ley si el Fiscal General cumpliera realmente con su obligación.