Operación Esquerra Republicana. A solo seis días para el pleno a cara o cruz que deberá servir para aprobar, o no, las ordenanzas fiscales de 2024, ayer el gobierno municipal socialista del Ayuntamiento de Tarragona lanzó una última propuesta, dirigida sin lugar a dudas a acercar posturas con ERC para intentar sellar, in extremis, un acuerdo de mínimos que pueda arrastrar a los independentistas a una eventual abstención.
Los republicanos comunicaron este lunes al alcalde, Rubén Viñuales (PSC), su posición final para dejar el aumento del IBI «en el IPC» o, lo que es lo mismo, en el 3,5%, una cifra que estaba a años luz del 20% anunciado inicialmente por el ejecutivo de la Plaça de la Font para evitar «una situación de quiebra», según indicó Viñuales el pasado 2 de octubre ante la falta de 14 millones de euros para poder cuadrar las finanzas municipales del próximo año.
Tras semanas de negociaciones, ayer el PSC presentó una nueva oferta, que modera notablemente el incremento inicial, dejando la subida del IBI en el 7,4%, lo que se traduciría en «en el IPC de los dos últimos años», según afirmaron fuentes socialistas al Diari. Este documento, que incluye otras subidas impositivas, será debatida en la Comissió d’Hisenda de este próximo lunes, con la posibilidad de poder realizar aún modificaciones de cara al decisivo pleno del 26 de octubre.
Sobre el aumento del IBI, el ejecutivo local indica que supondrá un aumento de 54 euros de media en un piso de 158 metros cuadrados de la Avinguda Catalunya, de veinte euros en un inmueble de 99 metros cuadrados de la calle Riu Ter de Campclar, o de 40 euros al año en un piso de 116 metros cuadrados de la calle Joan Fuster de la Vall de l’Arrabassada. Paralelamente, el gobierno local deja en stand by la bonificación del 90% del IBI a los clubes deportivos de más de cuarenta años.
No se suprimen abonos de bus
Aparte de la menor subida del IBI, el nuevo plan de choque fiscal contempla otros encarecimientos importantes, como el 12% de la basura, que se suma al 28% aprobado hace un año. «Este aumento no comportará que el Ayuntamiento ingrese más, ya que la totalidad se destinará a la Mancomunitat Incineradora de Residus», afirmó ayer la teniente de alcalde de Hisenda, Isabel Mascaró (PSC), quien detalló que en 2024 se aplicará una tarifa social para «dar cobertura a unas 1.000 familias» vulnerables.
Asimismo, el plan de choque también contempla subir un 33% el impuesto de construcciones (ICIO) para situarlo en el máximo legal, mientras que la zona azul de estacionamiento en la vía pública subirá un 20%. Así, aparcar una hora pasará de costar 1,15 euros a 1,40, mientras que dos horas, que ahora tienen una tarifa de cuatro euros, pasarán a costar 4,80. Asimismo, la anulación de la denuncia por haber superado el tiempo permitido será de diez euros, cuando ahora el coste es de ocho.
Otra de las cuestiones que se derogará será la bonificación por la instalación de placas solares, ya que «se ha detectado que la mayoría de las 437 peticiones eran de viviendas unifamiliares y solo una fue de comunidad de propietarios», detalló Mascaró, quien recalca que, por otra parte, la EMT «no suprimirá los abonos».
Con todas estas acciones, el plan del gobierno local es el de aumentar los ingresos en 6,8 millones de euros, lo que significa la mitad de los 14 que faltan. Según detalló Mascaró, el 50% restante «se concretará en la negociación presupuestaria», cuyo plazo para poder llegar a un acuerdo no finaliza la próxima semana.
ERC no se mueve
El PSC, pues, echa el resto por ERC, ya que sabe que un ‘no’ de los republicanos inhabilitaría una posible abstención de Junts per Catalunya y En Comú Podem porque obligaría a ambas formaciones a votar a favor, un extremo que dificulta aún más toda la operación fiscal.
Pese a que ayer mismo se hizo público en Reus que el gobierno entre PSC, ERC y Ara Reus ha decidido subir el IBI un 12,5%, en Tarragona Esquerra no se mueve y sigue exigiendo que el aumento del impuesto en la Plaça de la Font «no supere el IPC» o, lo que es lo mismo, el 3,5%. «Las ordenanzas fiscales que ha presentado el gobierno están hoy muy alejadas de lo que nosotros consideramos aceptable», indica la portavoz republicana, Maria Roig, quien opina que el nuevo plan «demuestra que el PSC ya tiene cerrado un acuerdo con otros grupos municipales». Roig detalla que «nuestro posicionamiento está claro: el límite es el 3,5%. No habrá cambios si las propuestas definitivas son estas».
De manera mucho más optimista se expresa el juntaire Jordi Sendra, quien abre la puerta a una posible abstención pese al ‘no’ de Esquerra. «Las negociaciones para minimizar la subida del IBI han dado sus frutos y hemos logrado que la propuesta esté muy por debajo del 20%», afirmó el concejal de Junts, quien recalca que «hemos avanzado mucho en relación a las propuestas desorbitadas del inicio».
Finalmente, mientras que PP y Vox siguen rechazando el aumento impositivo propuesto por el gobierno municipal, En Comú Podem valora el paso hacia adelante, si bien detalla que «no es suficiente ni para una abstención». «Nos alegra ver que hay criterio más allá de los números, pero seguimos pidiendo una mayor redistribución», indica el portavoz de la formación progresista, Jordi Collado, quien pide que «el 10% que tiene el mayor valor catastral –los centros comerciales, entre ellos– paguen más para que quien tiene menos, pague menos».
También subiría un 12% la basura, un 20% la zona azul y un 33% el impuesto de construcciones
