El 24 de abril del año pasado, el ejecutivo de la Plaça de la Font presentó el nuevo avance del POUM con las modificaciones que había introducido el gobierno de Rubén Viñuales. Un año más tarde, todavía no hay una fecha para la aprobación inicial de este instrumento de planificación que marcará el futuro de la ciudad.
«La fecha es incierta, pero más vale hacerlo bien que rápido. No podemos caer en errores del pasado, que nos han llevado a que en estos momentos no tengamos un planeamiento», decía hace unos días el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento de Tarragona, Nacho García Latorre, en el marco del debate que se organizó en la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona.
El gobierno del PSC mantiene que esta aprobación inicial será durante este primer semestre del año. Pese a ello, esto vendrá condicionado por los cinco informes sectoriales, en fase de redacción, que marcarán el contenido en ámbitos como la viabilidad económica, la movilidad o la inundabilidad, entre otros aspectos.
«Estamos muy lejos de aprobar un POUM y esto nos preocupa cuando estamos a dos años vista de unas elecciones, porque ningún gobierno se atreve a abrir esta caja de los truenos que todos sabemos que genera polémicas», afirma el presidente de la Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE), Daniel Roig.
Roig asegura que el debate que se ha abierto a nivel territorial, con la ubicación de la estación intermodal y la propuesta para crear una nueva terminal en el ámbito de la Horta Gran, supone «volver a poner los contadores a cero». La propuesta genera recelo a nivel territorial y dentro de la propia Tarragona, con partidos como En Comú Podem que se ha desmarcado.
Más allá, en el debate con los portavoces municipales pudo constatarse la confrontación entre los partidos, con dos modelos de ciudad que difícilmente tendrán un encaje. «El consenso parece alejado cuando vemos indeterminaciones, indefiniciones y dudas dentro del propio gobierno, sin olvidar que en todo este proceso no se ha consultado a la sociedad civil organizada», lamenta Roig, quien considera que «un POUM no es un documento que pueda hacerse sin salir del ámbito político, porque después todo esto se convertirá en centenares de alegaciones que tendrás que responder, lo que acabará retrasando la aprobación».
La aprobación definitiva tiene que estar para 2027, cuando vencen las normas subsidiarias
El gerente de la Cambra de la Propietat Urbana, Héctor Ruana, considera que el proceso que se está llevando a cabo tiene «un exceso de ideología». «El consenso será complicado cuando ERC se mantiene enrocada con el plan que habían trabajado ellos desde el gobierno», argumenta.
La Cambra de la Propietat Urbana pide «celeridad», ya que desconfía de que pueda llevarse a cabo esta aprobación inicial antes del verano. «Deben ser diligentes y tener en consideración que no es lo mismo aprobar el plan este año que el que viene, porque tenemos un problema muy grave de acceso a la vivienda, mientras desde el APCE se ha puesto de manifiesto que hay una parálisis estructural en la construcción y desde que se apruebe hasta que las primeras máquinas empiecen a ponerse en marcha pasará mucho tiempo», argumenta Ruana.
Las dos Tarragonas
Cohesionar Ponent y el centro, a través de la Horta Gran y el Francolí o crecer por Llevant. Ahora mismo esta es la gran dicotomía que separa a los partidos, con dos bloques muy definidos en los que las formaciones vinculadas a la derecha apuestan claramente por lo segundo. En este contexto, el gobierno del PSC hace equilibrios para poder aprobar un plan de consenso, como ya lo fue el de 2013, con todos los votos a favor a excepción de ICV, que se abstuvo.
Ahora, una mayoría holgada parece muy difícil. «Limitar el crecimiento por Llevant supondría una pérdida competitiva que la ciudad de Tarragona no puede permitirse», argumenta la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé.
El ente cameral defiende «la planificación de sectores de crecimiento y políticas de vivienda realistas y factibles de desarrollar, lejos de populismos que condicionan el crecimiento ordenado y cohesionador».
La Generalitat amplió tres años las normas subsidiarias urbanísticas, que estarán vigentes hasta 2027. La cuenta atrás para la aprobación definitiva está activada. «Supongo que a diferencia del anterior POUM este tendrá que pactarse un poco más, ya que ahora mismo hay un cruce de intereses. Pero la gran virtud del documento es que propone saltar al otro lado del río y la voluntad de cohesionar las diferentes Tarragonas que ahora tenemos», indica el presidente del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya en Tarragona, Jordi Romera.
