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El alcalde de El Morell, Pere Guinovart, no será juzgado por el caso de la educadora de la llar d’infants que presuntamente maltrataba a niños en dicho centro. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial. Inicialmente se le acusaba de prevaricación –por el nombramiento a dedo de la docente– y de encubrimiento –por no haber denunciado penalmente los malos tratos–. En cambio, sí que se sentarán en el banquillo de los acusados la profesora, su pareja –familiar de la edil– y la concejal de Ensenyament.
La investigación judicial se inició el 6 de abril de 2017 a raíz del documento que los Mossos hicieron llegar al Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona sobre posibles irregularidades en la tramitación del expediente de despido de la trabajadora de la llar d’infants así como su presunta implicación en supuestos casos de malos tratos.
En el auto de apertura de procedimiento abreviado, el magistrado recordaba que la empleada empezó a trabajar en el centro el 1 de julio de 2018. Pese a tener un contrato temporal de dos meses para hacer sustituciones durante el periodo vacacional, una vez finalizado, siguió trabajando hasta el 28 de abril de 2016, cuando fue despedida por los casos de malos tratos.
«Personas vulnerables»
El magistrado, en su auto, recalcaba que la educadora pudo haber llevado a cabo diversos actos contra menores de 0 a 3 años, «y por tanto personas particularmente vulnerables y cuya guardia exige un especial deber de cuidado por parte de quienes los tienen a su cargo». Y detallaba algunos de los episodios denunciados. En el curso 2008/09, cuando era educadora de apoyo en el aula de recién nacidos, «trataba a los menores de forma agresiva, llegando incluso presuntamente a empujar contra el colchón de la cuna a uno de los menores cada vez que intentaba levantarse a la hora de dormir».
Durante el curso 2009-10, un alumno tenía diagnosticado asma infantil y tenía miedo a los ruidos fuertes. Ell hacía creer a los tutores del menor que le suministraba la medicación, una situación que se mantuvo en el curso siguiente, cuando también le explotaba globos en la cara y le hacía salir al patio cuando se hacían obras, «pese a la angustia y al miedo que sufría el menor». Fue en este curso cuando la directora comunicó a la concejala las irregularidades de la investigada, «sin que conste que se hiciera nada al respecto».
En el curso 2012-13 se produce uno de los incidentes más relevantes de los que se tienen conocimiento, como es la fractura de clavícula de uno de sus alumnos de P2. Al parecer, los padres del menor solicitaron reunirse con el alcalde y la concejala para expresar su disconformidad con el trato recibido por su hijo, sin ver al primero les recibiese. El curso siguiente, uno de los alumnos sufrió vejaciones, cuando le bajaba los pantalones delante de los demás niños para ridiculizarlo.
En el curso 2014-15, el atestado policial informó de que la procesada castigó a una menor a hacerse sus necesidades encima, a otra la obligaba a comer a la fuerza, a otra la llegó a tirar al suelo a gritos mientras insultaba a su madre, y a otro menor lo trataba de forma agresiva y violenta.
Cambio de concejala
En junio de 2015 se produjo un cambio en la dirección de la concejalía de Educació, «sin que se tenga conocimiento de que la regidora saliente comunicara a la nueva nada sobre la conducta de la investigada». No fue hasta que la edil visitó la llar d‘infants cuando tuvo conocimiento del comportamiento que la educadora tenía con los alumnos.
El 19 de octubre de 2015, la investigada, al parecer, agredió en dos ocasiones a un menor, causándole lesiones en el frente. Tras ello, la directora lo comunicó a la nueva concejala, quien solicitó un informe, que dio pie a la apertura del expediente disciplinario, que terminó el 28 de abril de 2016 con la expulsión.
El secretario municipal, como instructor del expediente sancionador, hasta en dos ocasiones propuso al alcalde la necesidad de denunciar los hechos por la vía penal, »sin que atendiese a estos requerimientos».
El 25 de noviembre de 2016, la educadora y su pareja tuvieron conocimiento de la apertura del expediente administrativo contra la primera. Ambos se dirigieron a la casa de los padres de uno de los niños afectados y exigieron explicaciones al progenitor. Dos días después, el investigado se presentó de nuevo en el domicilio, manteniéndose en el lugar en actitud intimidatoria, señala el auto.
El magistrado entendía que tanto el alcalde como la concejal Montserrat Ibáñez habían cometido dos delitos: prevaricación y encubrimiento. Imputaba a la educadora un delito de maltrato continuado contra los menores sujetos a su guardia así como otro de coacciones. De este último delito también está acusado su pareja.
La apelación
Tras el auto del juez instructor, los abogados de Pere Guinovart, Paco Zapater y Manuela Perea, presentaron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. La Sección Segunda les ha dado la razón. Los magistrados entienden que si hubo alguna irregularidad en la contratación de la docente –el secretario municipal apuntaba que el proceso de selección no se hizo de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad– tiene que solventarse por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Respecto al encubrimiento de los supuestos malos tratos, la Sala entiende que el hecho de que el secretario propusiese al alcalde en dos ocasiones poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes, sin haberlo hecho, no es motivo para ser juzgado al no existir una actividad encubridora.
Y más si se tiene en cuenta que se incoó el correspondiente expediente administrativo disciplinario. Y señala: «El Sr. Guinovart, en su condición de alcalde de la localidad de El Morell, no ostenta, entre sus funciones, la de promover la persecución de los delitos y de sus responsables».
