Funcionarios de Justicia: «Representamos el 80% del personal y nos sentimos muy maltratados»

La justicia está que arde. Primero fue el cuerpo de letrados de la Administración (LAJs), previamente categorizados como secretarios judiciales, que acumuló casi dos meses de inactividad y protesta, reclamando unas mejoras salariales y un nuevo estatuto que reivindicaban desde años atrás.

Al final, el conflicto se solucionó con una subida salarial paulatina de entre 430 y 450 euros brutos al mes. Entre tanto, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que era «una huelga sin finalidad profesional y contra el pueblo». El parón dejó más de 350.000 juicios suspendidos y unas 424.000 demandas paradas en todo el país. Todo ello sumado al dinero que dependía de dichos procesos.

Ahora, son los funcionarios de Justicia los que han puesto el grito en el cielo. Representan el 80% del personal en la demarcación y el 93% en todo el Estado. Solicitan unas retribuciones acordes a sus tareas, que se especifique cuáles son exactamente sus funciones y que se paralice y negocie el proyecto de la Ley de Eficiencia Organizativa.

«El Gobierno nos ha tratado como funcionarios de segunda, elevando las retribuciones de solo el 7% restante», especifican desde el sindicato CCOO. «En la actualidad, no se reconoce la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal ni las funciones reales que llevan a cabo», añaden.

El cuerpo de funcionarios denuncia que se le asignan, sin compensación económica, tareas que corresponderían a jueces o letrados: «Por eso, reclamamos un incremento retributivo; ha habido subidas, sí, pero han sido irrisorias», indican. Más concretamente, se pide un aumento de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos, 400 euros para los gestores y técnicos de laboratorio, 375 euros para los tramitadores y ayudantes de laboratorio y 350 euros para los auxilios judiciales. Además, también se exige que se eliminen las diferencias retributivas entre poblaciones, para que se eleven a las percibidas en el grupo uno, compuesto por Madrid y Barcelona.

«El Ministerio de Justicia pretende que los funcionarios de esta Administración, tras la huelga de dos meses de los letrados, que provocó la suspensión de juicios y la paralización de actuaciones procesales, lleven a cabo la recuperación de todas estas tareas acumuladas a través de prolongaciones de jornada», protesta el sindicato.

Crónica de una huelga anunciada

Todo se remonta al mes de enero. «Cuando los letrados solicitaron la negociación con el Ministerio, nosotros expusimos que, de la Administración, formamos parte todos», destaca el delegado sindical de Justicia de CCOO en Catalunya, David Povill. «El acuerdo se produjo de manera unilateral entre el Ministerio y los letrados, no se negoció en la mesa sectorial, de la que forman parte los sindicatos», añade.

Al final de la huelga, sí que se requirió a las asociaciones que suscribieran las nuevas condiciones. «Nosotros ya veníamos avisando de que las medidas propuestas para los letrados también tenían que adaptarse para los demás trabajadores», remarca Povill.

A partir de ahí, el 17 de abril, se dio por iniciada la huelga parcial indefinida, con parones desde las 10.00 hasta las 13.00 horas. En la demarcación, se realizaron concentraciones ante las sedes judiciales del Vendrell, Reus, Tarragona y Tortosa. A ello se sumó la jornada completa del día 19 de abril. Ese mismo día tuvo lugar una manifestación en Madrid, que, según los convocantes, contó con miles de desplazados.

Después de una semana de huelga, el Ministerio llamó a los sindicatos, a quienes citó a una reunión celebrada el pasado 21 de abril. «En aquella primera charla, se expusieron las partes», recuerda Povill. Según las organizaciones sindicales, hubo un segundo encuentro el día 24.

Un encuentro que no fue según lo esperado: «Nos habían dicho que vendrían con alguna oferta y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con que nos lo negaban todo, con lo cual, ahora las partes están totalmente alejadas porque no hay voluntad del Ministerio de negociar con una oferta clara sobre la mesa», apunta Povill.

Después del fracaso que supusieron las reuniones, se convocaron las huelgas de días completos. La primera fue el pasado jueves, 4 de mayo, y tuvo un seguimiento del 90%, según los sindicatos convocantes. Las próximas serán el día, 9, 10, 11, 16, 17 y 18. Además, el 9, 10 y 11 se repetirán las concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones.

«Esperamos que estos actos sirvan para que haya una voluntad de sentarse y negociar, ya que, desde la crisis de 2009, estamos reclamando una mejora», expresa Povill. En palabras del también delegado sindical de Justicia de CCOO en Catalunya, Joan Carles Ballesté, «nadie quería llegar a este punto, pero es que hay una enorme falta de reconocimiento». «Para tener una justicia de calidad, todos los trabajadores deben estar cómodos», añade.

«Hago tareas que no me tocan»

«A los funcionarios de justicia se nos menosprecia porque no hay una definición clara de cuáles son nuestras funciones, ya que cada vez nos delegan más sin ningún cambio en el salario», comenta Povill. Pedro Pablo Rodrigo es uno de los 876 funcionarios de justicia que hay en la demarcación de Tarragona. «No había más remedio que lo que ha acabado pasando, es una situación que ha provocado el Ministerio», argumenta.

«Cuando entras en esta Administración, la sensación de que no tienes el reconocimiento ni la valoración que mereces va invadiéndote», añade. Critica que los letrados han llegado a un acuerdo «por hacer las labores que en realidad llevan a cabo los funcionarios». Por ejemplo, declaraciones de investigados y de testigos, ofrecimiento de acciones a personas perjudicadas, embargos... Son algunas de las tareas que, según Rodrigo, ejecuta y no le corresponden.

El colapso en el sistema judicial ha provocado que los casos pendientes escalen y escalen conforme pasan los días. Los funcionarios denuncian que el trabajo ha llegado a triplicarse en comparación con años anteriores. «Hemos tenido una pandemia, sí, pero el tapón también viene de los años de la crisis económica, somos de los sectores con más carga, junto a educación y a sanidad», expresa Povill. «No hay una estrategia para llevar a cabo un relevo generacional», añade.

Más de 700.000 actuaciones se han paralizado en toda España desde que se inició el conflicto en abril. Aproximadamente, se han suspendido un total de 20.000 procesos judiciales. Con las huelgas previstas, el dato aumentará considerablemente.

«No podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría y el que debería dedicarse a cada expediente», confirma Rodrigo. «Durante la huelga de los letrados, se nos dijo que no hiciéramos juicios porque ellos no estarían, cuando, normalmente, pocas veces están», indica Ballesté. «La justicia funciona, en gran parte, por la voluntad de los funcionarios, por eso nos duele hacer esta parada», añade.

Jueces y fiscales, ¿los próximos?

La cosa podría no acabar aquí. El pasado día 24, las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales lanzaron un órdago a la Administración: o una mejora de las condiciones, o una huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Sería el primer paro indefinido y en plena campaña electoral, pese a que aún no se sabe si se dará, ya que están negociando con el Ministerio. «Es un tema de suma gravedad, que un poder del Estado se declare en huelga debería alarmar a la sociedad civil», apunta el abogado Jaime Campá.

No se sabe hasta dónde llegará la huelga. «Iniciarse, se iniciará seguro», prevé Campá, quien critica «la torpeza del Ministerio en la gestión y tramitación de todos estos asuntos, se les ha ido de las manos; sin un cambio absolutamente radical en la forma de conducir este problema, el futuro a corto plazo puede complicarse mucho».

Parece que el incendio en la Administración de Justicia está lejos de terminar. Primero los letrados, ahora los funcionarios y los siguientes pueden ser jueces y fiscales. Un conflicto del que dependerán miles de juicios y procesos.