Geopolítica y lengua catalana: ¿De elemento cohesionador a perturbador?

Se evidencia todavía una cierta fractura social y un conflicto interno no resuelto entre nación, lengua e identidad que presenta indicios claros de asentamiento

| Actualizado a 19 enero 2022 11:06
Se lee en minutos
Participa:
Para guardar el artículo tienes que navegar logueado/a. Puedes iniciar sesión en este enlace.
Comparte en:

¿Cree que se debe proteger el catalán en las escuelas?


No

La lengua es una herramienta de poder que contribuye a la formación de identidades. Su control es profundamente deseado y puede ser fuente de conflictos geopolíticos, pero también puede ser un elemento de cohesión.

En Cataluña, la lengua no ha sido un elemento de graves conflictos. Con la ratificación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligando a impartir un 25% en castellano en las escuelas y con la problemática de la Ley Audiovisual (parece ser) que el conflicto catalán derivará hacia la cuestión lingüística. Con el Procés se vieron acrecentadas las voces críticas por supuestas discriminaciones lingüísticas. La administración y la enseñanza pública concentran los conflictos que encuentran sus bases en representaciones antagónicas de la lengua y de la identidad catalana.

Estas representaciones, considerando el catalán o el castellano en crisis, son evidencias de una fracturada social no resuelta. Según el Idescat, la lengua catalana ha mejorado. Mientras que en 2008 había 3,7 millones de personas que "entendían, hablaban, leían y escribían" el catalán, diez años más tarde han incrementado hasta 4,1. Ello pese a que un 55% de los catalanes tienen el castellano como lengua materna, mientras que el catalán mantiene el 31%. A pesar de estos datos, Plataforma per la Llengua ha puesto sobre la mesa la supuesta decadencia del catalán.

Legalmente, el catalán ha gozado de una situación favorable desde la Constitución del 78. Con el Estatuto de Sau, la Ley de Normalización Lingüística (83) y de Política Lingüística (LPL) del 98 se sientan las principales bases y, desde 1992, las políticas llamadas de "inmersión lingüística" han terminado de afianzar el catalán. Con el Estatuto de 2006, hablar catalán era ya un deber y se materializaron otras normativas como la Ley de Educación o del Código de Consumo obligando a rotular los comercios en catalán bajo sanción, generando un sentimiento de persecución. Y es que en Cataluña existen barrios, particularmente en Barcelona y Tarragona, donde se habla únicamente el castellano.

En 2010, bajo la denuncia del PP, el Tribunal Constitucional declaró nulos catorce artículos del Estatuto y los nacionalistas lo percibieron como un grave ataque.

A nivel estatal, la ley del PP de 2013 (LOMCE) hubo grandes movilizaciones. En aquel entonces, la Ley Wert estableció el castellano cómo la lengua vehicular, eliminada por la posterior de 2020 (Ley Celáa).

Durante este recorrido aparecen organizaciones que luchan a favor o en contra de las políticas lingüísticas. En 1992, nace la Asociación por la tolerancia implicándose, junto con Convivència Cívica Catalana (1998), contra la LPL . Seguidamente, nacen Profesores por el Bilingüismo (2000), Ciudadanos (2006) en contra de la inmersión, Impulso Ciudadano (2009), Sociedad Civil Catalana (2014), Asamblea por una escuela bilingüe ( AEB , 2014) y Hablamos Español (HE, 2017) que considera la "inmersión" una estrategia nacionalista para llegar al monolingüismo ya la independencia.

Y sospechas no faltan. En 2016, 170 intelectuales independentistas publican el manifiesto Koiné a favor del monolingüismo. Para ellos, el bilingüismo es una estrategia dirigida a la dominación del castellano encontrando sus raíces en el franquismo con la complicidad de "una inmigración llegada de territorios castellanoparlantes como instrumento involuntario de colonización lingüística". Tesis nacionalistas e infundadas, pero con cierto calado.

Años después, la Eurocámara preguntó a la Generalitat sobre supuestos casos de discriminación atendiendo al incumplimiento del fallo del Tribunal Supremo sobre el 25%. De carácter transversal nació Som Escola (2014), con un amplio respaldo civil, y organizó las principales manifestaciones en respuesta a la LOMCE y las sentencias del TS. Y, del lado independentista, más allá de Òmnium Cultural (1961), destaca la Plataforma per la Llengua (1993) que, con una fuerte financiación pública y un elevado tono alarmista, prepara múltiples campañas y servicios.

En definitiva, no es raro que durante el Procés aumentaran las quejas y las multas lingüísticas, así como los casos extremos de señalamientos y persecuciones lingüísticas. En 2020, HE y la AEB reportaron un aumento de quejas. Entre 2013 y 2020, Plataforma per la Llengua recogió un aumento del 229% y las multas lingüísticas han alcanzado 609, con un repunte de los últimos años.

Así pues, se evidencia todavía una cierta fractura social y un conflicto interno no resuelto entre nación, lengua e identidad que presenta indicios claros de asentamiento. A pesar de ostentar un elevado grado de consenso, la inmersión lingüística es considerada por los extremos cómo una estrategia para el control del territorio. La exaltación de la decadencia del catalán tiende a ser exagerada, pero con la reciente ratificación de la sentencia del Tribunal Supremo, el aumento de las quejas y la lucha por la ley Audiovisual se ha evidenciado el recrudecimiento sobre el tema y los intereses políticos para que así mar.

Comentarios
Multimedia Diari