Jaume I: un fiasco con aún muchas dudas por resolver

El Ayuntamiento de Tarragona, mediante su empresa pública Aparcaments Municipals, ha reactivado la lucha judicial por el fiasco del no parking Jaume I. Hace tiempo que se sabe que la desastrosa gestión en el equipamiento de la Part Alta ha generado un desorbitado sobrecoste, pasando de los 3,9 millones iniciales hasta los más de 30, sin que la instalación haya podido entrar nunca en funcionamiento.

A partir de aquí se presenta la primera pregunta: ¿quién es el responsable –o responsables– de este fiasco? Sobre ello, la primera vía jurídica, la penal, se abrió en 2008. Sin embargo, 13 años después, la causa aún sigue en fase de instrucción, sin que aún se haya investigado –antes imputado– a nadie pese a que una auditoría de 2009 del secretario general del Ayuntamiento de Tarragona, Joan Anton Font, se decantara por apuntar al exgerente –Jesús trasobares, ya fallecido– y al expresidente de la firma, Xavier Magrinyà.

La vía mercantil, cerrada
De momento, lo que sí que se ha cerrado es el acuerdo para disolver la Unión Temporal de Empresas (UTE) que, en 2002, formalizó Aparcaments con Sistemas Alem. En febrero de 2020 se presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid el acuerdo firmado con la administración concursal de la sociedad madrileña mediante el cual el Consistorio paga 180.000 euros a la firma para zanjar la polémica. 

La cantidad que el Consistorio acordó abonar se debe a las varias sentencias judiciales que hay un favor de Aparcaments y de Alem a lo largo de los últimos años.

Así, Sistemas Alem debe cinco millones de euros al Ayuntamiento, en base a dos resoluciones judiciales: una estableció un pago de tres millones y, la otra, de dos. Con el acuerdo, el Consistorio renuncia a los dos millones de euros, pero mantiene la opción de cobrar los otros tres. El problema, sin embargo, es la insolvencia de la compañía. Por contra, a raíz de otra sentencia, Aparcaments Municipals –que es 100% de capital municipal– debe 1.672.602 euros a Sistemas Alem. Y el problema es que el Ayuntamiento sí que es solvente. Por ello, al final la AMT acordó abonar solo el 10,3% –los 180.000 euros– por lo que se ahorra 1.492.602 euros para cerrar una de las vías abiertas. 

Ahora, demanda a las financieras
Una vez resuelta la vía mercantil, el presidente de Aparcaments, Jordi Fortuny (ERC), ha impulsado la vía civil con una demanda contra las financieras del material que debe servir para que el aparcamiento funcionara: Metropolitan y el BSCH. La firma municipal, tras un peritaje de una ingeniería realizado este 2021, ha confirmado que en el agujero de la Part Alta solo hay maquinaria aportada por las dos compañías demandadas por valor de 831.000 euros, cuando entre 2006 y 2017 se abonaron 4,9 millones mediante un alquiler. Durante ese periodo se pagaron 46.000 euros mensuales (más IVA) para la entrega del material necesario. Sin embargo, estas entregas no se realizaron y, pese a ello, la firma dependiente del Consistorio siguió abonando las cuotas. 

Aquí aparecen nuevas preguntas: ¿No se supervisaba la maquinaria que se recibía? ¿Quién tenía que hacerlo y por qué no lo hizo? ¿Por que se pagó por un material que nunca se libró? ¿Quién firmó las facturas? ¿Quién controlaba el material con el que se contaba para que el parking funcionara? Y, lo más importante, ¿por qué no se han denunciado hasta ahora unos hechos que ocurrieron hace más de una década? Las fuentes consultadas indican que el caso no habría prescrito porque, a raíz de que en 2017 el Consistorio dejara de abonar las cuotas a Metropolitan, BSCH incluyó al Ayuntamiento en la lista de morosos del Banco de España –el CIRBE–, en la que aún permanece. 

«Fundamentos legales sólidos»
Ayer, el alcalde Pau Ricomà (ERC) recalcó que el paso dado contra las financieras debe servir para «deshacer los nudos que ligan a la ciudad de pies y manos», a la vez que reconoció en la red social Twitter que, sobre el Jaume I, «nos gustaría poder ir más rápido, y creedme que vamos tan rápido como podemos, pero siempre desde fundamentos legales sólidos».  

 

Desde el gobierno municipal, Eva Miguel (CUP) también avala el paso dado. «Parte de la deuda que tenemos se debe a este denominado agujero de la vergüenza. ¿Por qué no se había investigado de manera suficiente y se había tenido la voluntad de esclarecer esta sangría de dinero público? », Se preguntó en un tuit la edil cupaire, quien destacó que« por fin se comienzan a abrir cajones, levantar alfombras y ventilar de verdad. Es un paso muy importante para seguir depurando responsabilidades de este desastre ». 

El Diari intentó ayer conocer la opinión de PSC, Junts per Tarragona y del PP, pero no fue posible lograr una valoración. Quien sí que la dio fue Carla Aguilar (ECP). «A En Comú Podem le parece muy bien que se investigue todo lo necesario y que se saque en claro lo que pasó, ya que estamos hablando de mucho dinero que acaba pagando la ciudadanía. Tarragona debe poder saber qué pasó, y todos los pasos que caminen a solucionar uno de los problemas históricos de la ciudad es una buena noticia», indicó la edil de la formación progresista. Los no adscritos Sonia Orts y José Luis Calderón creen que «es otra ruina de Tarragona que los ciudadanos venimos pagando desde hace años. Pleitos y más pleitos, pero soluciones ninguna».  

Lorena de la Fuente (Cs) también se mojó. «El Jaume I es un pozo sin fondo. Si esta demanda logra recuperar parte de la inversión realizada, bienvenida sea, pero estos hechos vuelven a poner en evidencia las graves irregularidades municipales en materia de contratación y gestión de fondos públicos ». Asimismo, la formación naranja pide que se estudie un «uso viable» a una instalación que está cerrada desde febrero de 2008 y en la que se han gastado más de treinta millones de euros, de momento, para nada.