La Generalitat abre la puerta a derribar el antiguo sociosanitario Casablanca de Tarragona

El futuro del antiguo edificio del sociosanitario Casablanca está más en vilo que nunca. Así lo pone de relieve en declaraciones al Diari el delegado del Govern en el Camp de Tarragona, Àngel Xifré (ERC), quien por primera vez reconoce públicamente que el derribo del inmueble «es una posibilidad» que está sobre la mesa. «Lo estamos analizando, en pocas semanas tomaremos una decisión», indica el máximo representante de la administración autonómica en la demarcación, que de esta forma abre la puerta a la posible desaparición del viejo complejo sanitario.

El recinto, situado sobre el antiguo baluarte de Sant Jeroni justo al lado del parking Torroja, está cerrado y completamente abandonado desde el año 2005, que fue cuando cesó su actividad el que fuera el Hospital Mare de Déu de la Salut de Tarragona para trasladarse al actual Sòciosanitari Francolí, junto al Hospital Joan XXIII, tras una inversión de unos 600 millones de pesetas de la época (unos 3,6 millones de euros)

«Estamos pendientes de reuniones que llevaremos a cabo entre los meses de septiembre y octubre para analizar las posibilidades que existen. Justo ahora se están haciendo los informes que determinarán qué actuaciones se pueden llevar a cabo y, en base a esto, próximamente se acabará de decidir qué hacer», afirma Xifré, quien añade que, efectivamente, «el derribo es una de las opciones que hay. Por ello, los estudios que se están redactando son para ver las opciones que pueden ser viables».

Recientemente, el delegado en el Camp de Tarragona visitó el espacio junto a altos cargos del Departament de Patrimoni, y la valoración no fue demasiado optimista. «La verdad es que vemos difícil situar allí algún servicio de la Generalitat. El lugar es encantador y las vistas son impresionantes, pero la comunicación es mala y el acceso público sería complicado», relata Xifré, quien reconoce que, a día de hoy, «no vemos ninguna salida viable» para reformar el complejo. «Un hospital no sería posible, y una residencia tampoco porque a pocos metros ya tenemos la de la Mercè», afirma.

El Ayuntamiento de Tarragona, por su parte, evita pronunciarse sobre la situación administrativa del lugar. «No tenemos constancia por escrito de ninguna propuesta. Por lo tanto, esperaremos a conocer los detalles de la actuación para hacer cualquier valoración», afirman las fuentes consultadas.

¿Alquiler por 36.000 € al año?

Lo cierto es que el espacio lleva 18 años abandonado, y su estado de conservación está muy deteriorado. Esto, pese a que en 2005, tras la inauguración del Sòciosanitari Francolí, la entonces consellera de Salut, Marina Gelli (PSC), anunció que se emprendería una remodelación que debía estar acabada antes de 2007. No obstante, la idea de la reforma no cuajó y se optó por derruir el edificio antiguo y construir un nuevo sociosanitario. GiPSS, Gestió i Prestació de Serveis de Salut, titular en esos tiempos del equipamiento, convocó un concurso de ideas que ganó un grupo de arquitectos de Barcelona. El Diari Oficial de la Generalitat señalaba que el coste de elaboración del proyecto sería de 283.022 euros. El gasto total de la construcción rondaba los 14 millones de euros y debía estar listo en 2012. Pero ni el edificio se derribó ni se colocó la primera piedra del nuevo equipamiento.

Como no había ningún uso previsto para el edificio, GIPPS lo entregó formalmente en 2013 al Departament de Salut de la Generalitat, que posteriormente lo cedió a Patrimoni, que es el organismo que ahora busca una alternativa al recinto situado sobre el Baluard de Sant Jeroni, una de las fortificaciones levantadas en la ciudad en torno a 1709 y que fue propiedad del Ayuntamiento hasta que lo cedió a la Diputació en 1925. En los 40 se construyó el hospital Casablanca, que pasó a la Generalitat en 1992 hasta que lo cerró en 2005.

Más tarde, el arquitecto tarraconense Octavi Torné dedicó su trabajo de fin de carrera al Casablanca. Proponía derribarlo y construir un edificio de dos plantas dedicado a un centro de interpretación de los fortines aprovechando que se situaría sobre un fortín. Su ubicación, junto al Passeig Arqueològic y a un parking, le convertirían en la puerta de entrada al patrimonio de Tarragona.

Sin embargo, el plan del arquitecto no tuvo éxito, como tampoco lo tuvo el intento que la Generalitat impulsó en 2016 para alquilar el edificio. Ese año, el ejecutivo autonómico ofreció su arrendamiento en el salón inmobiliario Meeting Point, de Barcelona. Para ello, el Govern solicitaba un canon de 36.000 euros al año durante medio siglo, con el objetivo de ingresar 1,8 millones en cinco décadas. La operación tampoco cuajó. Siete años después, el Casablanca puede entrar en su recta final.