La morosidad en las comunidades de vecinos se estanca tras años de subida

La crisis económica ha convertido en usual un problema que antes era excepcional. La mayoría de los edificios se encuentran con uno o dos vecinos que tienen cuotas atrasadas, pero dependiendo de la cantidad de morosos que haya en un bloque los problemas serán mayores o menores. Hay casos que quizás no afectan el día a día del bloque, pero también existen otros más graves, donde la caja de la comunidad queda casi vacía y se abandonan los servicios de limpieza, mantenimiento de ascensor y no se llega ni a pagar la luz de la escalera. En Torreforta, por ejemplo, hay unos edificios conocidos como Bloques IQA donde tienen el agua compartida. Por lo tanto, si hay morosidad y la cortan, todos se quedan sin agua, hasta los que sí han pagado.

Según nos cuenta un propietario, la situación en algunos bloques de Bonavista ha mejorado un poco últimamente. «La comunidad subsiste con los que pagan, los vecinos han llegado a acuerdos y los que no pagan realizan algunas actividades, como la limpieza», especifica. En Torreforta, en cambio, cuenta que en algunos bloques la situación ha empeorado, «los vecinos de toda la vida son jubilados, los edificios son antiguos y el cambio constante de inquilinos no ayuda». Fijándonos en dos casos concretos –un bloque de 20 vecinos en Bonavista y uno de 30 en Torreforta– encontramos que en ambos casos más o menos la mitad de los vecinos de las comunidades no pagan sus cuotas, en algunos casos se llevan acumulando retrasos desde hace años y se debe por encima de los 6.000 euros. Este propietario añade que se les está avisando y que hasta hay algunos casos que están denunciados. A causa de esto sólo se están haciendo las obras que son absolutamente necesarias.

Otro testimonio es el de Fincas Bonavista, que lleva las cuentas de 90 comunidades del barrio y alrededores. Cuentan que la deuda media de estas comunidades sube a los 500 euros y que hay casos en los que no disponen ni para pagar la luz. La mayoría de las comunidades –donde de media se paga una cuota de 30 euros– tienen como mínimo una vivienda donde el propietario es un banco, aunque aseguran que en su caso la morosidad de estas entidades ha bajado. Afirman que en estas comunidades se están aplazando las obras por falta de dinero y que ninguna de ellas podría afrontar ahora mismo una derrama; casi todas tienen algún vecino denunciado.

Y es que sigue la morosidad entre las comunidades de propietarios y, con ella, las dificultades para sostenerlas a pleno rendimiento. Los vecinos que sí cumplen con sus pagos se ven abocados a una difícil situación: suspender los servicios de la comunidad –limpieza, iluminación de zonas comunes, ascensores, conserjería, piscina y jardines...– o bien elevar sus cuotas y soportar con paciencia que los morosos sigan disfrutando de todas las prestaciones.

No todos por accidente

Hay diferentes tipos de morosos: los accidentales, que son aquellos propietarios que no pueden efectuar sus pagos por problemas económicos, y los intencionales, los que pueden pero no quieren. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona, Esteve Martí, cuenta que de «caraduras» siempre hay, «es un profesional que se sabe mover hasta en el juzgado y espera hasta el último momento para no pagar los gastos del proceso». Suele distinguirse bien entre accidentales e intencionales, pues los propietarios que sí quieren pagar pero no pueden tratan de negociar los pagos. A toda esta fauna y flora se le añade un tercer grupo de morosos: las constructoras y los bancos propietarios de pisos. Los promotores quiebran y dejan de pagar los recibos de todos aquellos pisos que no han vendido, y las entidades financieras se están adjudicando muchas viviendas por impagos de la hipoteca de los anteriores propietarios. El banco, con la adjudicación, adquiere la condición de copropietario y asume las mismas obligaciones que cualquier otro. Aun así, muchas veces no asume ni las cuotas comunitarias generadas por el anterior propietario ni las que se van generando desde el momento de la adquisición. Con ello, los bancos se están convirtiendo –en algunos casos– en los principales vecinos morosos de muchas comunidades.

No es un proceso fácil

La primera dificultad que tiene la comunidad de propietarios o el administrador de la finca para reclamar las cuotas comunitarias al banco radica en encontrar un interlocutor válido. Esteve Martí cuenta que «es dificilísimo» contactar con alguien de la entidad que asuma el papel de propietario y cumpla con sus responsabilidades, entre ellas abonar las cuotas comunitarias. Asegura que a veces hay sociedades interpuestas en el medio o entidades filiales y «cuesta dar con ellos, ya que hay entidades que cambian cada dos por tres de gestor y cuando envías los papeles a unos, luego tienes que enviárselos a otros… y ya cansa». Añade, además, que ellos mismos –las entidades– retrasan el proceso al no inscribirse en el registro, «sólo lo hacen cuando están a punto de vender o cuando no les queda más remedio».

En España la morosidad en las comunidades de propietarios aumentó un 11,9% en 2013, respecto al año anterior. A las comunidades se debía en 2013 un total de 1.798 millones de euros frente a los 1.606 millones de 2012, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. En 2013, Andalucía, con 347 millones; Catalunya, con 285, y Madrid, con 245, eran las comunidades que lideraban el índice de morosidad. En 2013 la banca debía 40 millones a las comunidades de vecinos de Catalunya, representando un 16% del total de la morosidad.

Los bancos ya pagan

A diferencia de Fincas Bonavista, donde opinan que la morosidad ha subido, Esteve Martí cree que este año la morosidad se ha mantenido. «El punto de inflexión ha sido que muchas entidades financieras que se habían quedado pisos ahora empiezan a abonar los gastos». Añade que el problema era que «cuando la entidad se lo quedaba, como no hacía el nuevo registro, el piso continuaba a nombre del antiguo propietario y por eso las comunidades continuaban y continúan en negativo». Otro de los problemas que destaca es la Ley de Propiedad Horizontal Catalana, que dice que, respecto a los retrasos, el nuevo propietario –sea particular o entidad– sólo debe hacerse cargo del año actual y del anterior; en el resto de España es el actual y los tres anteriores. «De momento sólo podemos exigir al Gobierno que modifique la ley y la equipare al resto de España, la reforma ya está dada y leída pero no hay manera de que la aprueben», se queja Martí. Aunque él piensa que se deberían abonar todos los retrasos, opina que «por lo menos si se cambia a los tres anteriores ya mejoramos en algo».

Martí cuenta que estas situaciones de morosidad elevada se dan en los barrios tarraconenses más golpeados por la crisis. «En el centro de las ciudades, quien más quien menos tiene una vivienda pagada o con hipotecas, los que sufren más son las comunidades de los barrios y zonas de expansión». Opina que en el centro hay más retrasos que impagos; «si antes era un 10% que se retrasaba, ahora es un 15%».

Y es que ya sea paro, dificultades económicas, ejecuciones hipotecarias o quiebras de promotores, no hay un solo motivo por el cual se dejan de pagar las cuotas vecinales. Lo que sí es cierto es que la crisis económica hace que cada vez sean más las comunidades que se encuentran con recibos sin pagar.