Los altos funcionarios de Tarragona no se aclaran con las tasas de los mercadillos

Debate jurídico de máximo nivel en el Ayuntamiento de Tarragona. ¿El motivo? La discrepancia que hay entre dos de los más altos funcionarios municipales sobre el no cobro de la tasa a los marchantes de los mercadillos entre los meses de octubre y diciembre de 2021, a raíz de la pandemia y de las posteriores restricciones de actividad a consecuencia de las diversas olas de la Covid-19.

En ese contexto, el consejo de administración de Espimsa –la empresa municipal que gestiona el Mercat Central, el de Torreforta y los mercadillos– acordó el 20 de octubre de 2021 no liquidar las tarifas de todas las actividades de los mercadillos –excepto las paradas de alimentación–, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que obligó al consistorio a compensar este déficit con una aportación de 175.000 euros.

A raíz de ello, el viceinterventor elaboró un informe a finales de 2021 en el que mostraba su disconformidad con la iniciativa, tanto por el fondo –«por la falta justificación de la legalidad de la medida adoptada»– como por la forma, ya que «la potestad tarifaria es de titularidad municipal», es decir, «del pleno y no del consejo de administración de Espimsa». A raíz de esta opinión, no avalada por el secretario general, la dirección de Mercats decidió suspender la medida.

«Sin carácter retroactivo»

Ahora, nueve meses después, la propuesta pasa mañana por el Saló de Plens. Y lo hace con un informe en contra de Intervenció –el departamento de mayor rango a nivel económico– y otro a favor del Secretari General, que es el máximo responsable jurídico de la administración local. Un choque, pues, entre los dos principales trenes de la Plaça de la Font.

El primero, en un análisis firmado el 3 de junio, justifica su oposición al no cobro de la tasa por parte de Espimsa debido a la «falta de cobertura legal de la propuesta para establecer bonificaciones y exenciones a la ordenanza», ya que la legislación «solo reconoce exenciones por la ocupación del dominio público», mientras que la tasa de los marchantes se ejecuta «por la prestación de un servicio». El viceinterventor también rechaza el «carácter retroactivo de la propuesta de suspender el cobro», ya que, a su entender, «las normas tributarias no tienen» este efecto.

«Sería ilógico»

Solo seis días después, el secretario general emitió un contundente informe en el que manifestaba su «total disconformidad» con el análisis del interventor, de quien recuerda que su opinión «tiene justificación legal en lo referente a las normas tributarias, que no es el caso». «No estamos ante ningún tributo, por lo que aplicarle la normativa tributaria no es correcto», indica el secretario, quien también rechaza que no haya cobertura legal para no cobrar la tasa. «Está clarísimo que puede haber exenciones más allá de la ocupación de dominio público, como son los servicios públicos o las declaraciones de interés público de algunas actuaciones». Y añade: «Sería ilógico e ininteligible que se planificara una actividad de interés, deficitaria para los particulares, y que finalmente no se pudiera desarrollar porque no se aceptara este interés superior». El secretario reza finalmente que «el hecho de suspender el cobro de cuotas no supone añadir un carácter retroactivo a la ordenanza». Mañana, pues, los partidos deberán decantarse en el pleno por la opinión de uno u otro funcionario. Los altos mandos municipales generando inseguridad jurídica. El mundo al revés.