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El traumático divorcio entre En Comú Podem y el concejal de Patrimoni, Hermán Pinedo, vivirá mañana un punto de inflexión. La portavoz de ECP, Carla Aguilar, presenta en el primer pleno presencial desde marzo de 2020 una moción para declarar a su excompañero como «tránsfuga» y, asimismo, «instar al alcalde Ricomà a retirarle todas sus responsabilidades del gobierno» que, desde el pasado 15 de junio, está formado por ERC, JxTGN y la CUP, además del citado Pinedo.
Dicen que la venganza es un plato que se sirve en frío, pero los Comuns han necesitado poco más de cien días para contraatacar ante un Pinedo que ocupó el número ‘2’ de la candidatura de 2019 como máximo representante de Podem. Posteriormente fue expulsado de la formación morada y siguió en el grupo municipal hasta que, en junio, Esquerra firmó un pacto con Junts que, solo un mes antes, había sido rechazado –por unanimidad– por parte de una asamblea de En Comú Podem de la que también formaba parte el edil.
Ahora, en el texto, Aguilar propone que el Consistorio se sume al Pacto Antitransfuguismo y al Pacto para la Estabilidad Institucional y declarar a Hermán Pinedo como «tránsfuga» porque «ha traicionado a la coalición con la que se presentó, ha sido expulsado y se ha apartado del criterio fijado por sus órganos competentes», se indica en el texto. «Sobre todo nos interesa el debate y el posicionamiento de los partidos, que han firmado este documento a nivel estatal» indica Carla Aguilar, quien cree que el pacto «lo que quiere es que, precisamente, no haya alicientes para generar este tipo de inseguridad y que los gobiernos no se sustenten con no adscritos». El Diari ha intentado conocer la opinión de Pinedo, pero no ha sido posible.
Apoyo de PSC, Cs y PP
El resultado de la moción no se decidirá hasta el último momento, ya que los 13 representantes del ejecutivo votarán en contra, mientras que el texto tiene los apoyos asegurados de PSC, PP y Cs, además de la propia Aguilar. «Votaremos a favor porque nuestro compromiso con el pacto es firme, y los partidos que lo firmamos –como ERC– tenemos la obligación de que se cumpla», afirma la portavoz del PSC, Sandra Ramos. De manera parecida se expresa Lorena de la Fuente (Cs). «Siempre hemos considerado que el trasfuguismo es corrupción», indica la edil. Por su parte, José Luis Martín (PP) considera que «es evidente que el Pinedo es un tránsfuga que no debería estar en el gobierno municipal. Se presentó por un partido del que ha sido expulsado», indica, a la vez que añade que «ya vemos cómo ejerce Ricomà su transparencia que antes exigía a los demás».
Rechazo de ERC, JxTGN y CUP
Sin embargo, el nuevo gobierno votará en bloque contra la moción. «Se está insistiendo en el asedio contra un compañero, que está haciendo un gran trabajo y que tiene todo nuestro apoyo», indica el portavoz municipal de Esquerra Republicana, Xavier Puig, quien destaca que Pinedo «se comprometió con el cambio en Tarragona. Y nosotros somos el cambio. Él no se ha movido».
Nadal (Junts) también defiende a Pinedo, quien el pasado 17 de mayo votó a favor de que ECP no pactara con su formación. «Rogamos que dejen los ataques personales para intentar desgastar el gobierno y que empiecen a ser conscientes de que en Tarragona hay mucho trabajo por hacer», afirma el también concejal de Comerç, quien recuerda que «el Tribunal Supremo ha dictaminado que un tránsfuga es el concejal que asume nuevos cargos o retribuciones que supongan mejoras políticas y económicas, pero este no es el caso de Pinedo», que ya no es teniente de alcalde.
Eva Miguel (CUP) tampoco avalará una moción que define como de «oportunista». «Si el 8 de octubre de 2020 –cuando fue expulsado de Podem– ECP no lo consideró como un tránsfuga, ahora tampoco debería serlo», afirma la portavoz anticapitalista. Ahora, todo estará en manos de los otros dos no adscritos: Sonia Orts y José Luis Calderón, que iniciaron el mandato con Ciutadans pero que en febrero abandonaron la formación naranja. Pase lo que pase, el resultado no será vinculante porque se trata de una moción que no tiene valor administrativo. Pese a ello, perder esta votación será políticamente un serio traspiés para un ejecutivo que, tras cien días, aún no sabe si tendrá presupuesto para el próximo año.
