Más de 4.100 ancianos de Tarragona, atrapados por los recortes y la burocracia

Las listas de espera se han reducido considerablemente, pero aún hay 1.172 personas sin acceder a una plaza pública en una residencia. Otras 3.021 están pendientes de valorar

19 marzo 2019 11:56 | Actualizado a 21 marzo 2019 11:49
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Anna tuvo que tomar hace ocho meses una de las decisiones más difíciles de su vida: llevar a su padre, Joan, a una residencia. Vivía con él, su madre (la esposa de Joan, Ana Maria) y sus dos hijos. Joan, de 87 años, sufre artrosis degenerativa y estuvo ingresado durante varios días. Al volver a casa necesitaba cuidados las 24 horas. Para Anna fue muy duro, pero inevitable. Aún hoy se le humedecen los ojos y se le quiebra la voz al recordarlo.

La trabajadora social explicó a Anna que había disponibilidad de plazas en tres residencias cercanas. Anna escogió Nostrallar, de Els Pallaresos, la más próxima a su domicilio y la más económica de las tres al estar impulsada por una entidad sin ánimo de lucro, la Fundació Catalana Privada de Suport a la Gent Gran.

Tres meses después, Ana Maria, de 84 años, quiso ir a la residencia con su marido. No es de extrañar. Llevan toda la vida juntos. Se casaron hace 64 años. Ana Maria lo decidió un día que fue a visitar a Joan y descubrió que tenía los ojos rojos de haber llorado. La echaba mucho de menos.

Al poco de llegar a la residencia, se detectó que Ana Maria padece Alzheimer. Sufría constantes cambios de personalidad y olvidaba detalles de la vida cotidiana. La medicación lo ha paliado.

El matrimonio está perfectamente cuidado. Anna va a visitarles con frecuencia y les llama todos los días. Tienen que asumir unos gastos mensuales de 3.900 euros. Por eso inmediatamente Anna solicitó sendas plazas públicas. Están a la espera, como otras 1.170 personas.

Las listas de espera

Según detalló ayer el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, hay 1.621 personas en la demarcación en lista de espera, de las cuales 449 ya están en una residencia y ocupan una plaza pública, pero no la de su primera opción por lo que aún constan en la lista. De esos 1.172 abuelos y abuelas, 366 reciben una ayuda para pagar la plaza. Es la denominada Prestació Econòmica Vinculada al Servei (PEVS). Afers Socials considera así que la lista ‘real’ de espera es de 806 personas.

Joan recibe 350 euros mensuales de la PEVS y Ana Maria, 260. Además Joan percibe una pensión de 2.300 euros. Ana Maria no cobra pensión. Suman unos ingresos de 2.910 euros. El resto sale de sus ahorros de toda la vida. Anna ayuda en lo que puede.

De las 806 personas mencionadas, 357 han renunciado una vez o más a una plaza, según el Departament. A este baile de cifras, se suma que, según una respuesta parlamentaria a Ciudadanos, hay 1.823 personas en la demarcación de Tarragona (1.280 en Camp de Tarragona y 543 en Terres de l’Ebre) a la espera de que se les valore el grado de dependencia y otras 1.198 (684 en Camp y 514 en Ebre) que ya han pasado el primer examen y están pendientes de que se determine qué ayuda concreta necesitan. Suman 3.021 yayos y yayas en vilo por los trámites administrativos. Son datos que constan en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del pasado 18 de enero.

Entre las personas en lista de persona y a las que se ha de valorar el grado de dependencia hay más de 4.100 personas de avanzada edad atrapadas por la burocracia y los recortes.

Las listas de espera han mejorado gracias al esfuerzo de la Generalitat. Así lo reconoce la propia patronal de residencias privadas, la ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials). Su presidenta, Cinta Pascual, destaca que «la lista de espera se ha reducido en 5.000 personas desde 2016, una mejora de la cual nos tenemos que alegrar y que se ha producido, entre otras razones, por una mayor provisión de plazas con financiación pública».

La situación va mejorando poco a poco, pero aún no es suficiente para afrontar el progresivo envejecimiento de la ciudadanía. En los últimos cinco años la Generalitat, según datos del Idescat, ha creado 162 plazas públicas (33 en residencias públicas y 129 en privadas). Una cantidad insuficiente debido a que aún se arrastran los recortes de años atrás. 

La patronal de residencias reclama que se incrementen las PEVS para evitar el absurdo de que haya entre 500 y 700 plazas vacías en las residencias de Tarragona y, como mínimo, 1.172 personas esperando para acceder.

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