Un ejemplo en el barrio tarraconense de Sant Salvador: el dueño de un piso pacta la venta con un comprador marroquí. La operación se cae poco después porque en el vecindario se enteran de esa procedencia extranjera. Entre todos, dijeron: «Vamos a buscarte a otro candidato, porque no queremos meter a un inmigrante en el bloque». Otras veces se ha llegado tarde. Los vecinos se cercioran luego y le reconocen al que vendió: «Habernos avisado y te habríamos buscado a otro comprador».
Este tipo de situaciones de racismo inmobiliario no son nuevas ni tampoco aisladas. Vetos y reclamaciones después de una venta o una tentativa son relativamente comunes. En Ponent se dieron al menos dos casos la semana pasada. «Justo íbamos a hacer la visita y, aunque el candidato se tuvo que ir antes, la propietaria le había visto y, cuando se fue, ya dijo que igualmente no le interesaba porque había visto que era marroquí», explica el responsable de una inmobiliaria tarraconense.
El caso sucedió en Torreforta y, al lado, en Camp Clar, hubo otro que, para más inri, no estaba relacionado con un alquiler sino con una posible venta: «Estoy cerrando una herencia. Son tres hermanos. Una propietaria quiere vender y es ella la persona que enseña el piso y no tiene problemas en vender a nadie, pero sí que recibe presiones de algunos vecinos, con frases del tipo ‘ya sabes que aquí no entra ningún inmigrante’. Y, claro, ella está muy agobiada», denuncia este trabajador, que reconoce: «Me parecen situaciones muy injustas y me generan malestar. Es algo que no debería pasar».
¿Racismo o nivel de ingresos?
Varias agencias de Tarragona reconocen estar más o menos habituadas a estos términos: dueños de viviendas que establecen requisitos que tienen que ver con la etnia a la hora de alquilar o vender. «En cuanto a venta no he encontrado ningún caso. Respecto al alquiler sí hay casos más o menos a menudo, no tanto como una cuestión de racismo sino como algo relacionado con la estabilidad laboral, con los ingresos. Es igual que cuando te dicen: ‘No admito a estudiantes o solo quiero a funcionarios’. Nosotros hacemos lo que el propietario nos dice. Es algo más de ingresos. Un marroquí con una nómina de 4.000 euros no les importará que acceda a la vivienda’».
La frontera es difusa y la tesitura en la que se colocan algunos de estos establecimientos se vuelve delicada. Se trata de una práctica ilegal que se ejerce en la sombra. Por supuesto, no se explicita en ningún anuncio ni se filtra de forma pública, pero la criba, en realidad, existe y se enmascara de diferente manera. «A veces, cuando llama alguien, ya se les dice que el piso está alquilado o que ya no está disponible», admiten desde las agencias. «Hay de todo. Se nos solicita que no alquilemos a inmigrantes, pero no más que en el requisito ‘sin mascotas’ o ‘parejas sin hijos’. Si tuviéramos cotadas las transacciones con inmigrantes hace años que tendríamos bajada la persiana», cuenta otra agencia.
En otras ocasiones, en entornos con más inmigración, se ha impuesto una normalización. «Pocas veces nos han pedido no alquilar a extranjeros, porque aquí están integrados, marroquíes, senegaleses... Rara es la escalera en la que no hay un inmigrante», comentan desde otro establecimiento. «El dueño está en su derecho pero es algo sumamente injusto», admite Redouane Ennajy, traductor e intérprete en Tarragona, que participa en mediaciones y apoyos para hallar piso, sobre todo a personas del colectivo marroquí.
Ex menas sin posibilidades
«Las inmobiliarias lamentan siempre que el dueño no quiera alquilar a inmigrantes, a no ser que tuviera un trabajo muy bueno para que pasase el filtro y diera muchísimas garantías. La mayoría no llegan ni a valorar eso», explica Ennajy, testimonio de algunos agravios: «Hay muchísimos ex mena, que tienen permisos de trabajo e incluso un empleo. Imaginemos una situación en la que tres chicos, con su trabajo y con una perspectiva de vida, quieren alquilar un piso y compartirlo. Pues bien, lo intentas por activa y por pasiva y no hay manera. No es ético poner trabas a estas personas. En algún sitio tienen que vivir».
Solo les queda entonces acudir a «algún marroquí que tenga un piso disponible y lo pueda alquilar». Ennajy denuncia que, cuando no se topan con negativas de entrada, lo hacen con una serie de condiciones «más duras»: «Si llamas y ven que eres marroquí, solo por eso pasas por un filtro muy riguroso. Cuando redactas el contrato tocan ciertos puntos que no se abordarían en el caso de un español, mucha indemnización en el caso de que se rompa algo, dejar el piso en ciertas condiciones. Se toman muchas más medidas para asegurar que el perfil sea el correcto». Las casuísticas que se derivan de toda esa suerte de racismo de la vivienda son muy diversas: «Hay algunos que acaban cambiando de idea. Si la inmobiliaria tiene buenas sensaciones, aunque el dueño haya advertido previamente, le llama y lo intentan. Le dicen: ‘Vamos a pasarle un filtro’ y puede acabar alquilando».
«Son prejuicios arraigados»
Para Ennajy, las causas también son variadas. «Hay personas que se cierran en banda porque han tenido una mala experiencia pero hay otras que se oponen por la mala fama y unos prejuicios arraigados que hacen que se nieguen en redondo. Piensan: ‘Nunca he tenido una mala experiencia y no la quiero tener’». Ennajy reconoce que estas actitudes «parten de un punto de vista alejado de la xenofobia o el racismo y tienen el afán de tener un bloque con civismo ante el temor de que deje de serlo», pero alerta de los riesgos: «Si nos empezamos a poner un filtro no de requisitos económicos sino por el color de la persona, vamos a acabar rompiendo los lazos de convivencia que hemos logrado».
Issam Oudriss, miembro del Sindicat d’Habitatge de Reus, conoce perjuicios en la línea: «Es algo bastante recurrente. Para nosotros no deja de ser una muestra de clasismo que lleva a condiciones mucho más precarias. Es algo bastante generalizado». Oudriss relata algunas situaciones: «Algunos son directos. Superas todos los requisitos que te reclaman, y pasas el nombre, Mohammed, y te dicen directamente ‘a moros no’. Otros son más discretos y te dicen que ya han encontrado a otra persona o que ya está alquilado el piso. También sucede con la etnia gitana. La cosa va bien hasta que ven a la persona. Ahí ya todo cambia». Oudriss recalca que «no es por asegurarse que se pueden garantizar unos ingresos o una mala experiencia, sino que la gran mayoría de casos no se aguanta por ningún sitio. Incluso para personas con nóminas y trabajo fijo desde hace muchos años es una odisea».
Una práctica generalizada
Algunos estudios ya le ponen cifras a este fenómeno. El informe ‘¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler’, elaborado por Provivienda por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, habla de la discriminación como una práctica generalizada. «El 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación», según este informe, que añade: «Esta abrumadora mayoría únicamente presenta niveles más bajos en Barcelona, que podrían estar asociados a la apertura del primer expediente sancionador por parte del Ayuntamiento por motivos de discriminación residencial. Del 27,5% restante que no la acepta de forma explícita, el 81,8% tolera otras formas indirectas y ocultas. Es decir, apenas encontramos inmobiliarias que rechacen cualquier forma de discriminación por motivo de origen».
Desde SOS Racisme, indican que estos casos en el ámbito de la vivienda «no son conflictos puntuales», sino que «existe una omisión sistemática del deber de las administraciones y unas prácticas discriminatorias normalizadas por parte de las agencias inmobiliarias, propietarios y vecinos que obstaculizan el acceso y el disfrute de un derecho básico a las personas migrantes y racializadas no blancas».
