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Efectivos de la Guardia Civil registraron durante todo el día de ayer y hasta pasada la medianoche cinco dependencias municipales de Tarragona:el Institut Municipal de Serveis Socials, las ubicadas en la antigua facultad de Lletres (en la Plaça Imperial Tarraco), la Tabacalera, el Consistorio e instalaciones de Campclar, hacia donde se dirigían al cierre de esta edición. Los agentes buscaban documentación original del Caso Inipro, en el que se investiga la presunta contratación irregular de la empresa del mismo nombre para promover el asociacionismo entre los inmigrantes.
El asunto se destapó hace dos años tras la denuncia presentada por la CUP. Las diligencias permanecen todavía secretas y por ahora no hay imputados. Sin embargo, no se descarta que, a tenor de la información que se obtenga de la documentación pedida ayer, comiencen a haber personas encausadas. Mientras, la portavoz municipal, Begoña Floria, reconocía «errores administrativos» en la tramitación de la contratación, pero que no creía que tuviera una repercusión penal.
El asunto arranca en verano de 2010 cuando el Ayuntamiento de Tarragona decidió contratar los servicios de una empresa externa para realizar unos servicios de ayuda al inmigrante. Por el importe no era preceptivo que lo sacara a subasta, ya que la base está en 60.000 euros. Inicialmente fueron invitadas a presentar su presupuesto tres empresas. Una, Gallet i Associats, declinó la invitación al día siguiente de recibirla. De las dos que quedaban, una era Iniciatives i Programes SL (Inipro) y la otra, Itinere, Serveis Educatius –sin ninguna relación con la empresa de TGN especializada en ofrecer servicios turísticos– y propiedad de Inipro.
Sin concurso
En los dos años siguientes, en este caso sin salir a concurso, el Ayuntamiento fue renovando el acuerdo con Inipro. Esta empresa, sólo en dos años –en 2011 y 2012– facturó 137.369 euros al Consistorio. Pero no sólo habría habido irregularidades en el proceso administrativo. Iniciatives i Programes SL sería una empresa afín al Partit Socialista. Uno de sus administradores es Ricard Campàs Roma, un conocido militante que en el año 1988 figuró en las listas del PSC a las elecciones al Parlament de Catalunya por la circunscripción de Lleida. Pero hay más.
La propia auditoría que en el 2011 se hizo al IMSS señaló que las dos prórrogas del contrato no estaban ajustadas a ley, una situación que el Ayuntamiento reconoce como «irregular, pero no ilegal». Asimismo, apreciaba anomalías en la contratación de al menos siete empleados no fijos, una circunstancia que se produjo mientras Victòria Pelegrín estaba al frente de la concejalía de Serveis Socials.
En base a estas irregularidades, la CUP presentó una denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial. Tras analizar la documentación, el Ministerio Público decidió trasladar el caso a los Juzgados al ver indicios de delito, una circunstancia que se produjo a principios de este año.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona –a quien le tocó por reparto– abrió diligencias previas. Por el material y la presunta gravedad de la materia, decidió declarar secretas las actuaciones, una circunstancia que aún perdura hoy. El magistrado solicitó en su día al Ayuntamiento toda la documentación referente a los contratos del IMSS con Inipro así como las dos prórrogas, un material que durante estos meses se ha estado analizando.
La decisión ayer del magistrado de presentarse en la sede del INSS para recabar la documentación original podría deberse a una falta de confianza en que lo remitido hasta ahora al Juzgado sería parcial o estaría alterado.
A las diez de la mañana, el magistrado que está al frente del Juzgado de Instrucción número 1, acompañado de unos pocos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se presentaron en las dependencias municipales. Allí estuvieron hablando con la gerente y también con el secretario municipal. El magistrado les habría explicado el motivo de la estancia y qué es lo que quería. A las doce del mediodía, el magistrado se ausentó de la sede del IMSS y se quedaron los agentes requiriendo la documentación. Al contrario que en registros por estos casos, en éste no hubo un amplio despliegue de efectivos. Eran pocos y, además, no iban de uniforme, por lo que su presencia pasó totalmente desapercibida entre las personas que caminaban por la calle. Al parecer, el hecho de intentar pasar inadvertidos era una petición del propio magistrado.
El futuro
Por ahora, la causa no tiene un gran volumen de folios. Después de la documentación intervenida ayer podría ser que se solicitase más o bien que el magistrado tomara ya en consideración imputar a determinadas personas –hasta el momento no hay ninguno–. En un principio, los delitos que se están investigando son tres: prevaricación, malversación de caudales públicos y alteración fraudulenta de concurso público.
Entre las irregularidades que se estarían investigando figuraría porqué se decidió contratar a una empresa externa para dar este servicio a los inmigrantes cuando el Institut Municipal de Serveis Socials tenía personal suficiente. Si bien la contratación no era necesario que saliese a concurso público, cada año la partida se fue ampliando y la de 2012 era un 90 por ciento más que la de la adjudicación. Una de las funciones de la empresa era fomentar el asociacionismo entre los inmigrantes. En el 2012 había quince asociaciones. Pero es que antes de la contratación ya estaban registradas doce, con lo que su trabajo sirvió sólo para que se crearan tres.
