Ricomà exige reducir los contratos de urgencia

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), da un tirón de orejas y exige «más planificación» y una «justificación correcta» a los departamentos municipales para reducir el número de contrataciones por vía de urgencia que lleva a cabo el Ayuntamiento, y que en 2020 ascendió hasta un total de 314 expedientes. 

El máximo edil envió el pasado 18 de agosto un decreto a las áreas y servicios de la administración local –firmado conjuntamente con el secretario general de la corporación local– en un documento en el que insta a los altos cargos del Consistorio a seguir «medidas de corrección» para rebajar el número de tramitaciones que no se llevan a cabo mediante el procedimiento ordinario. Sin embargo, se da la circunstancia de que solo cuatro semanas después –el 21 de septiembre–, el Gabinete de Alcaldía inició un proceso de contratación «urgente» para cubrir una necesidad del área de Comunicació.  

215 tramitaciones en Personal
En su resolución de agosto, Ricomà solicita a los gestores municipales «realizar una adecuada planificación de los departamentos gestores», así como una «correcta asignación de medios» para que «los supuestos de urgencia se reduzcan a aquellos casos o necesidades realmente imprevisibles que respondan a razones de interés público teniendo en cuenta la excepcionalidad de este procedimiento». En su decreto, el alcalde detalla que, en 2020, el área de Personal tramitó 215 expedientes por urgencia; el Servei Municipal d’Ocupació, 40; Contractació d’Obres i Serveis, 23; Relacions Ciutadanes, 19; Esports, 4; Serveis Socials, 3; Alcaldia, 3; Joventut, 2; Ensenyament, 1; Informàtica, 1; Oficina de Projectes, 1; y Promoció Comercial, 1. 

En la orden, Ricomà expone que «muchos de estos procesos de urgencia estan motivados seguramente por una falta de recursos suficientes», si bien recalca que «lo que sí que es posible es preveer una correcta planificación por parte de los servicios y departamentos afectados», lo que «permitirá actuar con plazo ante situaciones no imprevistas o la fecha de las cuales sea previsible en el tiempo». 

Por todo ello, el decreto del alcalde establece que para poder proceder a la declaración de urgencia de un proceso será necesario que se cumplan dos requisitos: «la existencia de razones de interés público que así lo aconsejen», así como «una motivación suficiente, especificando que la urgencia no viene motivada por una actuación incorrecta o tardía, provocada por la misma administración». En este sentido, Ricomà añadía en su escrito que para tramitar cualquier expediente por el proceso de urgencia se deberá redactar previamente un documento firmado por el concejal responsable y el Cap de Servei, en el que entre otros aspectos se especifiquen «las causas que justifiquen la urgencia», especificando «si el expediente estaba o no previsto en la planificación previa».

En caso de que este estuviera previsto, el alcalde resalta que «no será nunca causa de justificación la demora en la tramitación» y, en el caso de que no estuviera previsto, deberán indicarse «los motivos que justifican que el expediente no se podía haber iniciado antes», así como «la urgencia de su resolución». También deberán indicarse «razones concretas y detalladas del interés público que justifiquen la urgencia», afirmaba el máximo dirigente municipal el 18 de agosto.  

«Incumple para hacerse fotos»
Sin embargo, solo 34 días después del decreto fue el Gabinet d’Alcaldia el que declaró como «urgente» la tramitación de un expediente para contratar un fotógrafo hasta mediados de 2023. «Actualmente no se dispone de los recursos humanos suficientes para asumir estas tareas desde el propio gabinete de prensa del Ayuntamiento. Por este motivo, en estos momentos se está llevando a cabo un concurso público», se afirma en el expediente en el que se detalla que la plaza a cubrir «de urgencia» es para «la prestación de servicios para reportajes fotográficos de las ruedas de prensa, reportajes relacionados con la actividad municipal y de los actos protocolarios más relevantes», por lo que se considera que esta contratación debe ir por la vía no ordinaria.  

 Esta circunstancia ya fue denunciada por la concejal del PSC Begoña Floria durante el último pleno municipal, celebrado el 27 de septiembre. «Es grave que el alcalde incumpla sus propias indicaciones en los contratos de urgencia que la ley prevé que sean para casos muy excepcionales, y más grave aún es que esto sea para hacerse fotos y videos», afirma la edil socialista, quien recalca que «un decreto es norma municipal de obligado cumplimiento. Lo que está pasado es grave, porque es un ejemplo del caos con que se gobierna la ciudad, así como el sectarismo y autoritarismo que aplica en sus decisiones». La relación entre los dos principales partidos se tensa más que nunca a las puertas de la negociación de presupuestos más incierta de los últimos años... y con tambores de moción de censura en el horizonte.