Seis familias estafadas en La Secuita luchan para evitar el desahucio

Un año y medio de pesadilla son lo que llevan arrastrando seis familias de La Secuita. Su mundo se desmoronó cuando se enteraron de que estaban sido víctimas de una estafa inmobiliaria y de que, pese a que pagaban religiosamente su alquiler, había una orden de desahucio inmediata sobre sus viviendas. El edificio en el que viven las familias pasó a ser propiedad de la Sareb porque el propietario dejó de pagar las hipotecas. Los afectados no lo sabían y seguían abonando el alquiler al administrador de fincas. Cuando se percataron de lo sucedido, también descubrieron que los contratos de alquiler nunca habían sido inscritos a la Cambra de la Propietat Urbana. La jueza ya ha emitido la orden de desahucio hasta en tres ocasiones, pero los vecinos han conseguido paralizarlo siempre. Las familias afectadas llevan meses buscando una alternativa habitacional asequible. Pero no hay manera. Los alquileres en la zona son muy altos y temen que deban abandonar La Secuita. «Son personas con hijos, muy arraigadas al pueblo. No nos podemos permitir perderlos», explica el alcalde del municipio, Eudald Roca. Vecinos y Ayuntamiento luchan codo con codo para que la Sareb reaccioné y les dé una solución.

La bloques de la discordia

El calvario para estas familias empezó en octubre de 2020. «Nos devolvieron un recibo del alquiler, y el administrador de fincas me dijo que ingresara el dinero en otra cuenta. Yo vi que pasaba algo raro», explica Lucia de la Rubia, una de las afectadas, vecina del número 8 de la calle Verge del Pilar, quien empezó a investigar. «Fue entonces cuando me enteré de que el edificio era propiedad de la Sareb y que nos estaban estafando», explica.

Menos suerte corrió otra vecina, Georgina Tomás, quien siguió pagando el alquiler, e incluso por adelantado. «Nos enteramos que los contratos de alquiler de los pisos no estaban inscritos tampoco en la Cambra de la Propietat Urbana, trámite que siempre debe hacer el propietario», explica.

Los dos bloques afectados fueron construidos y comercializados hace años por una promotora. Algunos de los pisos fueron vendidos a particulares y doce se pusieron en alquiler. Las familias cumplían a raja tabla con todos los gastos, pero la empresa propietaria dejó de pagar las hipotecas. Finalmente, los edificios fueron adjudicados a la Sareb por impago. En un principio, las familias afectadas eran 12, pero algunas de ellas, al iniciarse toda esta pesadilla, decidieron abandonar e irse a casa de familiares.

Hace aproximadamente un año, la jueza emitía una orden de desahucio y les daba tres meses a los afectados para abandonar sus casas. Ante esta indefensión, los vecinos acudieron al Ayuntamiento. El consistorio se puso en contacto con Altamira –una de las comercializadoras de la Sareb–, para hacer una propuesta de compra con el fin de que los vecinos no tuvieran que irse de sus domicilios. «No nos contestaron. Pasaban los meses y cada vez se acercaba más la fecha de desahucio. Había familias con niños y en situaciones muy vulnerables», explica Roca.

Finalmente, se consiguió otra prorroga con la excusa de la negociación. Tras un largo periplo de llamadas y de correos, el Ayuntamiento se reúne con la Sareb, quien vuelve a pedir la documentación de los afectados. La propuesta de los vecinos y del consistorio es comprar las viviendas al 70% del precio del valor de mercado. «La Sareb se niega porque dice que deben venderlas al máximo precio», explica el alcalde, quien añade que «lo sorprendente es que tampoco les dan una alternativa».

A todo ello, la tercera fecha de desahucio se acercaba. Era mañana, pero los vecinos –otra vez– han conseguido pararlo. «Hemos pedido una prórroga por vulnerabilidad, mientras que conseguimos los abogados de oficio», explica Tomás, quien añade que «es un horror que mis hijos deban vivir entre cajas y pensando que en cualquier momento vendrá una furgoneta de la Brimo a sacarnos de nuestra casa».

Las familias afectadas también han pensado en irse y empezar de nuevo en otro municipio. «No hay alquileres asequibles a 20 kilómetros a la rotonda. Lo más barato son 800 euros. No nos quedará más remedio que irnos. Y a nosotros nos da igual, pero nuestros hijos están muy arraigados al pueblo», comenta Tomás.

Lo peor de todo, explican las afectadas, es que hay vecinos que les juzgan. «No somos ocupas. Teníamos nuestro contrato en regla, pero nos estafaron», explica De la Rubia. La mayoría de ellos están mal. Sufren ansiedad y deben medicarse para poder dormir. Su vida se ha visto truncada totalmente sin comerlo ni beberlo. Ayuntamiento y afectados piden que la Sareb les proponga una solución, ya sea en forma de alquiler o de compra.

La Sareb habla

El Diari ha contactado con la Sareb, quien ha explicadp su versión. Este organismo –que nació en 2012 para liberar los bancos de activos tóxicos–, asegura que han mantenido conversaciones con el alcalde y que ha sido la Sareb la que ha pedido la paralización del desalojo. «Además, vamos a requerir de nuevo la documentación a todos los afectados para ver si existe vulnerabilidad. Si es así, que no les quepa la menor duda de que se les ofrecerá un alquiler social, como hacemos siempre», explican fuentes de la Sareb, quienes añaden que «para todo ello necesitamos la colaboración de los vecinos».