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El Ayuntamiento de Tarragona tiene fundadas expectativas de lograr un primer éxito en el desastre del no parking Jaume I, una obra que en 2001 inicialmente debía costar 3,9 millones de euros pero que, dos décadas después, ya ha supuesto un pasivo para las arcas municipales de más de más de treinta millones sin que la polémica construcción se haya podido inaugurar. De hecho, la gestión del caso ha pasado por las manos de los alcaldes Joan Miquel Nadal (CiU), Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y, ahora, de Pau Ricomà (ERC), pero lo cierto es que nunca ha llegado a funcionar, ya que la obra se ha encallado en los palaciones de justicia y el recinto está cerrado a cal y canto desde febrero de 2008. De eso ya hace más de 14 años.
Precisamente, desde ese año está abierta la vía penal del caso, que aún no se ha resuelto pese a que la plataforma denunciante ha desaparecido y ya no forma parte del procedimiento. Asimismo, a finales de 2019 se cerró la vía mercantil –tras un acuerdo con la socia de la UTE, Sistemas Alem, por el que el Consistorio pagó a la empresa 180.000 euros– y, desde el pasado mes de noviembre, está abierto un nuevo proceso: la demanda contra las financieras del desastre de la Part Alta.
Contrato de 5.279 euros
Este nuevo litigio se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid y, de hecho, aún está pendiente de la confirmación oficial de que el juez lo acepta a trámite. En concreto, la empresa municipal que impulsó la obra –antes Aparcaments Municipals, que ahora está fusionada con la EMT– acusa a la firma Metropolitan y a BSCH de facturar maquinaria por la presunta entrega de material que no habría sido librado en su totalidad y que, según se puso de relieve en las obras que se realizaron entre 2002 y 2008, el que se recibió tampoco ha funcionado nunca para poder poner en marcha el parking de la Plaça del Rectorat.
De hecho, los informes periciales realizados indican que en el agujero actualmente habría material valorado en 831.000 euros, mientras que el volumen facturado es de seis veces más: unos cinco millones de euros. ¿Qué ha pasado con esta diferencia de más de 4,2 millones de euros? ¿Quién controlaba lo que se pagaba y lo que se recibía? ¿No se hacían auditorías ni inventarios actualizados sobre el material actualizado?
Con todo este contexto, el gobierno municipal (Esquerra-Junts per Tarragona-CUP) tiene esperanzas de poder recuperar ni que sea alguna parte de todo el dinero gastado inútilmente. Por ello, el pasado 25 de febrero el Ayuntamiento publicó la licitación pública para contratar un servicio de procuradoría... en la demarcación de Madrid. El plazo para presentar ofertas acaba el 14 de marzo, con un importe estimado del contrato –que es por dos años más otros dos de prorrogables– por valor de 5.279 euros.
¿Será este el último recurso para poder recuperar, ni que se de manera ínfima, una pequeña parte del mayor fracaso de la historia reciente de la ciudad? En el caso del Jaume I, que logró que un parking teóricamente inteligente sea incompetente, ya nada es descartable.
