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    Tarragona es la provincia de España con más violaciones

    Tarragona registra cada tres días una agresión sexual con penetración. El delito se dispara un 76%. Afloran más denuncias y también hay un aumento ligado al acceso a la pornografía

    04 septiembre 2022 20:19 | Actualizado a 05 septiembre 2022 07:00
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    Casi nueve violaciones al mes, una cada tres días. Prácticamente el doble que antes de la pandemia. Son las cifras en Tarragona de las agresiones sexuales con penetración, la vertiente más dura de unos delitos contra la libertad sexual que también crecen en su cómputo general. El Balance de Criminalidad que trimestralmente publica el Ministerio del Interior y que recoge datos de todas las fuerzas policiales sostiene que de enero a junio, en seis meses, hubo 53 violaciones en la provincia, un 76% más que en 2021 y la cifra más alta de los últimos años. Todos los delitos contra la indemnidad sexual crecen. Lo han hecho en las comarcas tarraconenses en un 37% en comparación con 2019, un año sin afectación por la Covid-19.

    Tarragona es la provincia de España con más denuncias por violación en lo que llevamos de año. Ha registrado 6,4 por cada 100.000 habitantes, aunque toda Catalunya destaca por esos balances. La segunda posición es para Lleida, con 5,2 casos, y la tercera es para Girona (4,5), lo que dibuja ese negativo récord en el global de España: cada 12 horas se denuncia una violación en Catalunya. A ellos puede contribuir una mayor tasa de criminalidad pero también un incremento de la tendencia a denunciar más.

    «Hay una involución. Influyen las redes o el acceso cada vez más temprano a la pornografía», sostiene Fina Méndez, copresidenta de la sección de igualdad en el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona

    La estadística al alza aflora ese debate: ¿hay más delitos sexuales o simplemente es que se denuncia más? Probablemente sean ambas cosas. «Partimos de que se denuncia solo un 10%. Además de que se esté denunciando más porque las mujeres se atreven más, creo que hay una involución, un retroceso que está afectando a los derechos de las mujeres. Influyen las redes sociales, la desinformación, el acceso tan fácil a la pornografía», desgrana Fina Méndez, copresidenta de la sección de igualdad del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona. El Ministerio de Interior interpreta que la mayor sensibilización social de los últimos años, con el exponente mediático del caso de la Manada como principal señal, ha provocado una mayor predisposición de las víctimas a denunciar estos delitos.

    Algunos muros que caen

    Pero cada vez hay más consenso en que no solo se denuncia más sino que también hay más hechos. «Hay dos tipos de datos, los oficiales, como estos de delincuencia, y las encuestas de victimización. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los delitos sexuales no se llegan a denunciar. Como mucho se denuncian el 10%, y hace años aún eran menos», explica Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la UOC. Tamarit cree que «si miramos la encuestas de victimización, sí que hay un cierto aumento pero no tan grande como el que nos indican las denuncias».

    Es por eso que estos incrementos son claves porque suponen derribar algunos muros. «El hecho de que se hable más, a nivel mediático, de que haya una mayor sensibilidad, más actuaciones de los poderes públicos... Todo eso tiene un efecto y repercute en que la gente denuncie más, se promueve eso, y hace que estas barreras sean más fáciles de saltar. Es una evolución», indica el profesor.

    «No estamos haciendo educación afectivo-sexual para niños y adolescentes», lamenta Neus Oliveras, profesora de Derecho en la URV

    Fina Méndez señala que «muchos de estos ataques a la mujer se dan cada vez en personas jóvenes, muchas veces entre familiares y con menores involucrados». Para esta abogada, «se está dando un acceso muy temprano a la pornografía y eso influye en la educación, porque estás viendo una representación pero creces pensando que es lo normal. Se acaban por normalizar cosas que en absoluto lo son».

    La doctora Neus Oliveras, profesora de Derecho Constitucional en la URV, cree que hay dos factores clave. «En parte suben los delitos porque se visibilizan más y se denuncia más. Hay una serie de elementos, como las manifestaciones tras la manada, el MeToo... todo eso va calando», explica esta especialista en igualdad de género y estudiosa de las órdenes de protección o los efectos de los feminicidios en menores. También el papel de la justicia podría tener que ver. «El derecho penal, además de ser sancionador, también tiene una vertiente aleccionadora, en el sentido de que sirve para poner de manifiesto, para concienciar a la gente de que determinados actos son delictivos», dice Oliveras. Sin embargo, la docente de la URV apunta a otro parámetro. «Puede haber más concienciación pero más allá de eso no estamos haciendo educación afectivo-sexual para los niños y los adolescentes, para reconocer el valor de las relaciones personales, de la afectividad, que es algo que se tiene que hacer con profesionales preparados y a largo plazo».

    Combinación de factores

    Y vuelve a surgir una de las cuestiones clave como la pornografía. «Quizás en ese punto estemos yendo hacia atrás en chavales muy jóvenes, así que todavía hace falta mucha formación y que la información llegue antes, porque las relaciones sexuales empiezan cada vez más pronto», indica Neus Oliveras.

    Núria Torres, profesora de Derecho Penal en la URV, reconoce que tras el aumento «no hay un único factor, sino una combinación», aunque considera que hace falta una mayor perspectiva para saber si la criminalidad en términos absolutos crece. «Cuando analizas periodos largos de tiempo, suele haber una disminución en términos globales, pero en cambio aquí vemos un crecimiento. Habrá que esperar para analizar si lo que hay son más denuncias, porque hablamos de delitos con una cifra negra muy elevada, muchísimos casos que no han aflorado», cuenta Torres, investigadora en violencia de género, tráfico de personas y la protección de menores víctimas.

    «Se está promoviendo que se denuncie más y que sea más fácil saltar ciertas barreras», dice Josep Maria Tamarit, catedrático de Derecho en la UOC

    Torres sí reconoce que «lo que hay es un entorno social que estigmatiza menos a la víctima e incluso la empodera, para que se dé cuenta de la importancia de denunciar, también para que se puedan prevenir otros delitos, porque la denuncia es un mecanismo para evitar una reiteración».

    Aumentos disparados en Tarragona y Reus

    El análisis del Ministerio de Interior también hace un repaso de los delitos sexuales por los principales municipios. En Tarragona capital las agresiones con penetración se han triplicado, al pasar de cuatro en el primer semestre de 2021 a 12 en el mismo periodo de 2022. Son prácticamente las mismas cifras de Reus, que ha aumentado de cinco a 12 en ese mismo intervalo. Salou (cuatro) y Cambrils (tres) figuran a continuación, aunque a distancia. Son las estadísticas más abultadas de los últimos años. En el primer semestre de 2019, antes de la pandemia, Tarragona capital registró tres agresiones sexuales con penetración y Reus siete. Cualquier índice de criminalidad al respecto, analizado en los últimos años, muestra su aumento. También crecen los delitos sexuales en general. Tarragona ha pasado de 30 a 40 y Reus de 25 a 33, firmando subidas que van más allá del 30%.

    En los últimos cinco años, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en la provincia han aumentado un 84%, al pasar de 115 en el primer semestre de 2017 a 212 en el de este año, los últimos datos disponibles hasta la fecha.

    Los expertos señalan que hay jueces que ya empiezan a aplicar perspectiva de género, aunque la mujer aún tiene barreras por delante

    «Se denuncia muy poco, por vergüenza, por desconocimiento, porque la víctima a menudo quiere tapar lo que le ha ocurrido», dice la abogada Fina Méndez. Todos los expertos coinciden en que el objetivo es combatir el fenómeno de infradenuncia que trae consigo el delito sexual.

    Algunos de esos frenos están en los propios procedimientos. «Las víctimas tienen que hacer frente a una serie de barreras personales y sociales y de inconvenientes, como tener que declarar, todo lo que supone el contacto con la justicia... Hay un impacto negativo, como la victimización secundaria que se produce después. Por eso muchas mujeres prefieren no denunciar. Si luego hablamos de violaciones o agresiones sexuales, y si además son menores, los inconvenientes son mayores. Primero toca tomar consciencia de lo que ha pasado, y si encima supone denunciar a algún conocido o a un familiar, como son muchos casos, aún son frenos añadidos», aporta el profesor Josep Maria Tamarit.

    «Queda mucho por hacer –recalca Neus Oliveras, desde la URV–, en el propio sistema, que persigue a los agresores pero deja muy de lado a las víctimas. Hablamos, por ejemplo, del delito de agresión con penetración, que es algo ya diseñado desde un punto de vista muy patriarcal. Hasta hace unos años eran delitos contra el honor. Políticamente puede quedar muy bien castigar más y endurecer penas con el derecho penal pero eso no quiere decir que se acaben los delitos. Hay que pensar más en la víctima. Para que una persona recupere la confianza, hace falta mucho tiempo y muchos recursos».

    Condenas más duras

    En ocasiones no se trata de un endurecimiento de la legislación sino que la clave está en la aplicación de esa norma, como reconoce Fina Méndez, en tanto que copresidenta de igualdad del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona: «Se está empezando a aplicar la normativa de forma correcta. Hay jueces que están comenzando a aplicar la perspectiva de género, y era algo que antes no se hacía. Eso hace que las condenas puedan ser más duras, y se ve en las sentencias. Pero es simplemente la forma de aplicar lo que ya tenemos. Los operadores jurídicos ya disponemos de las normas y el vehículo. Cuando se aplica correctamente, las normas funcionan. Mi impresión es que estas perspectiva se empiezan a tener en cuenta».

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