Tarragona ha pagado más intereses bancarios por el Jaume I que lo que debía costar toda la obra

Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT), la empresa pública del Ayuntamiento encargada de la construcción del no parking Jaume I en colaboración con la compañía privada Sistemas Alem, ha pagado ya más solo en intereses bancarios por los préstamos concertados que lo que debía costar toda la obra del aparcamiento inteligente robotizado de la Part Alta. Así se pone de relieve en los dos informes periciales de la investigación contable que forma parte de la causa penal, que según avanzó el pasado lunes el Diari está a punto de ser archivada después de que el pasado 10 de febrero el juez decretara su sobreseimiento provisional sin apuntar a ningún culpable ni responsable por el desvío de más de 25 millones de euros, en un fiasco que nunca se ha podido acabar y que ya ha costado más de 30 millones a las arcas locales.  

 El 25 de marzo de 2002, hace justo dos décadas, la Junta de Govern Local de la Plaça de la Font –formada en ese momento por Convergència i Unió y el PP con Joan Miquel Nadal (CiU) como alcalde– acordó la adjudicación del contrato para la construcción del parking soterrado por 3,9 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jaume I, formada en un 51% por Aparcaments Municipals y en un 49% por Sistemas Alem. Sin embargo, dos décadas después, las auditorías económicas revelan que, a raíz de toda la problemática aparecida durante años en esta actuación maldita, la compañía pública habría pagado hasta un 64% más en intereses por los créditos de la operación que lo que debía costar toda la construcción del parking que debía situarse frente al Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Así, solo en intereses se habrían llegado a pagar hasta 6,4 millones, 2,5 más del total adjudicado inicialmente para toda la construcción del aparcamiento. 

Créditos desde 2003
Entre los imprevistos que aparecen está el hecho de tener que usar explosivos en las excavaciones, lo que comportó la concertación de un préstamo de 2 millones de euros en diciembre de 2003. Asimismo, los déficits con el funcionamiento de la maquinaria y la mala situación económica de Sistemas Alen obligaron a acordar con las entidades financieras múltiples operaciones bancarias a corto y medio plazo para poder hacer frente a las certificaciones de las obras, el pago de los proveedores y las cuotas de amortización y los intereses bancarios. 
Así, ya con las actuaciones avanzadas, el consejo de administración de Aparcaments concertó solidariamente con Sistemas Alem una póliza de crédito de tres millones en octubre de 2004; otra póliza para tesorería de tres millones con el socio de UTE en octubre de 2005; un crédito de seis millones para inversiones en septiembre de 2006; otra operación de crédito de cuatro millones en julio de 2007 –ya con Ballesteros (PSC) en la alcaldía–; otra operación de tesorería de 3,7 millones en septiembre de 2007; y otra de 2,6 millones en marzo de 2008. Asimismo, en julio de 2008 se aprobó, con el voto de calidad de la presidenta de la AMT –Dolores Herrera (PSC)–la firma de un préstamo de 18 millones con Dexia para refinanciar toda la deuda existente (15,5 millones) y hacer frente, asimismo,  a las obligaciones de la compañía. 

El total: 6.413.379 euros
En el expediente judicial que forma parte del caso se detalla la elaboración de dos informes económicos por parte de dos peritos que sitúan el pago de los intereses bancarios muy por encima de la adjudicación. Sobre el primero de estos trabajos, el juez Vicente José Martínez Pardo indica en su última interlocutoria que el análisis del auditor Arturo Martinez Serra el 5 de julio de 2019 detallaba que «los costes financieros de la obra que ascienden a 6.413.379 euros», después de que en agosto de 2008 se solicitara el préstamo de 18 millones. 

Así, tras esta operación, los intereses pagados se desglosan así: «524.650 de costes financieros directos de UTE de 2002 a 2017; 3.228.634 en intereses de renting de 2002 a 2017: y 2.660.093 en intereses de préstamos por financiación de 2002 a 2017». En sede judicial, el perito declaró ante el juez que «la cantidad final del préstamo de 18 millones fue toda para la obra del parking, porque también parte de él fue para refinanciar gastos financieros de la obra ya que la UTE se constituyó únicamente para la construcción del aparcamiento». 

Además del informe pericial de Martinez Serra, Aparcaments presentó el 3 de febrero de 2021 otro análisis, elaborado por Eduardo Mezquida Andreu. En el auto del magistrado se indica que este último informe «no llega a cuantificar los costes financieros», si bien indica que «cree que no llegarían a los 6.400.000 euros». En su trabajo, Mezquida revela que «la AMT cumplió con las obligaciones que tenía. Asumió los gastos financieros de la obra, lo que no supone que dé soporte financiero a sistemas Alem». «La actuación fue la correcta, tenía que asumir las obligaciones financieras para no incurrir en impagos», y recuerda que «había una responsabilidad solidaria y si Alem no lo hacía, tenía que asumirla la AMT, reclamándolo después en la administración concursal». ¿El fiasco más caro de la historia de la ciudad?