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El Ayuntamiento de Tarragona se ha marcado un ambicioso objetivo a corto plazo: impulsar un plan de choque para salir en 2024 de la tutela económica a la que está sometido por parte del Estado y de la Generalitat de Catalunya. El primer paso ya está en camino, como es dejar atrás el próximo 31 de diciembre el control del Gobierno Central, vigente desde 2012 a raíz de la crisis bancaria del año 2008. Esto será posible porque el pasado viernes el pleno municipal dio luz verde –con los votos de ERC, Junts per Tarragona, CUP, PSC, Ciutadans y los no adscritos– a destinar 3,4 de los 6,5 millones del superávit de 2022 para amortizar el crédito de proveedores impulsado hace una década por el Gobierno Central de Mariano Rajoy (PP).
Este paso, sumado a los 16,9 millones de euros que el consistorio ya preveía pagar este año a los bancos, supone disparar un 30% la aportación para sufragar los 27 créditos que el consistorio arrastra en la actualidad, llegando de esta forma hasta los 20,2 millones de euros, por los 15,6 que se pagaron en 2022 para reducir una deuda que, en la actualidad, ronda los 160 millones entre todos los préstamos pendientes. Esto se traduce en el hecho de que, este 2023, uno de cada nueve euros de los 187 millones que maneja el Ayuntamiento se destinará a cubrir el pasivo.
Crédito para pagar 848 facturas
En la actualidad, el préstamo concertado hace once años con el Estado supone una importante mochila por un pago anual de más de un millón de euros entre amortización e intereses. Este crédito, que inicialmente era un conjunto de operaciones bancarias, se tramitó en marzo de 2012, en plena segunda caída económica y en un contexto de una importante reducción de los ingresos municipales por el frenazo de la actividad empresarial y, en consecuencia, de los tributos que se cobraban. Por ello, ahora hace justo once años, el gobierno liderado por el entonces alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) impulsó –con las abstenciones de CiU, PP e ICV– la concertación de un crédito ICO de 19,8 millones de euros propuesto por el Estado, que sirvió para pagar 848 facturas de 319 proveedores.
Sin embargo, la apuesta por la ayuda estatal supuso que el consistorio tarraconense tuviera que preparar, y posteriormente cumplir, un plan de ajuste económico que, trimestralmente, envía al Ministerio de Hacienda, que es el organismo que desde hace una década tutela la sostenibilidad de las finanzas de la Plaça de la Font. Ante esta situación, en 2021 –cuando faltaban 12,9 millones de euros por amortizar– el ejecutivo ya liderado por Pau Ricomà (ERC) apostó por acelerar el cierre de este préstamo y poder dejar, a corto plazo, el control financiero de Madrid.
La primera operación se realizó con el superávit de 2020: amortizar 7,2 de los 12,9 millones mediante la concertación de un nuevo crédito a un interés mucho menor que el 5% firmado en 2012. De esta forma, en 2021 el préstamo ICO quedaba reducido a 4,7 millones de euros. Al inicio de este 2023, la cifra que quedaba por pagar era de unos 4,5 millones de euros. En las cuentas de este año ya se prevía la amortización de 1,1 millones hasta el próximo 31 de diciembre, quedando en teoría 3,4 millones pendientes hasta 2026, que es cuando vence el préstamo. Sin embargo, el aval del viernes del Saló de Plens para liquidar estos 3,4 millones que faltan permitirá que, a final de año, Tarragona cierre la deuda, baje de los 160 millones de pasivo y logre, una década después, dejar atrás la tutela económica del Estado.
La ratio esperada: el 75%
Una vez se haya salido de la tutela de Madrid, el segundo paso será hacer lo mismo con la de la Generalitat, vigente desde hace años porque la ratio de deuda del consistorio supera el porcentaje del 75% entre sus ingresos corrientes y su pasivo bancario. Por debajo del 75%, los ayuntamientos tienen vía libre para acceder al mercado para solicitar créditos, pero entre el 75% y el 110% solo pueden hacerlo con el OK del Departament d’Economia i Hisenda del Govern. Por encima del 110% las administraciones locales no pueden concertar préstamos.
De hecho, las arcas de la Plaça de la Font sufrieron especialmente entre 2011 y 2017, cuando el índice de deuda era superior al 110%, llegando al 160% y al 162% en 2012 y 2013. A partir de ese momento, el porcentaje fue bajando paulatinamente, rebajando el 110% en 2018 (103%), y el 100% en 2020 (99%). Todo ello ha comportado que, según el informe del interventor general sobre la liquidación del presupuesto de 2022, actualmente la ratio de deuda sea del 89% porque mientras los ingresos corrientes fueron de 189,6 millones, la deuda se cifró en 162,5 entre los 27 créditos que arrastra el consistorio: 21 de propios a largo plazo (por valor de 125 millones) y seis por avales a las empresas municipales (31,7). Desde 2011, se han pagado 221,7 millones a los bancos.
Ahora, el concejal de Hisenda, Jordi Fortuny (ERC), espera que la ratio se sitúe en el 80% al final de este 2023, para bajar del 75% en 2024 y acabar el siguiente mandato, en 2027, en un 50%. «La senda y el objetivo están claros: queremos pasar del desequilibrio inestable de los últimos años a la emancipación del próximo», afirma el primer teniente de alcalde. ¿Cómo se traduce todo esto?: «El horizonte debe ser que el Ayuntamiento solo pida crédito para las grandes obras, pero que tenga músculo suficiente para pagar con gasto corriente el día a día y las actuaciones menores», detalla. ¿Se trata de una película de ciencia ficción? Esta es la gran incógnita. En la Plaça de la Font ya se han visto títulos de todos los géneros durante los últimos años, desde el suspense con final feliz del nuevo Mercat Central al terror del no parking Jaume I.
