Tarragona registra de uno a tres desahucios al día, pero el 80% consigue frenarse

Sobre el papel, hasta el 30 de junio hay una moratoria que suspende los desahucios, de acuerdo con la medida impulsada por el Gobierno para paliar la crisis económica y social. Pese a ello, todos los días en las ciudad de Tarragona están previstos entre uno y tres procedimientos de estas características.

El dato lo daba a conocer la concejala de Serveis Socials, Inés Solé, quien lamentaba la «situación dramática» que esto representa, a pesar de que en el 80% de los casos el personal de servicios sociales consigue un acuerdo para frenarlo en el último momento.

Solé recordaba que esto no significa una suspensión, sino que se pospone hasta que el juez fija una nueva fecha «perpetuando la agonía y la angustia de las personas afectadas». Entre los casos que se van acumulando y los que podrían desencallarse cuando se levante la moratoria, el Ayuntamiento teme que se disparen la demanda habitacional para dar una respuesta a estas familias. Por este motivo, la concejala de Serveis Socials cargó duramente contra el Govern de la Generalitat ya que considera que este «no está haciendo los deberes». «La respuesta no tan solo debe llegar desde los entes locales», afirmó la representante cupaire.

El malestar llega después que el pasado lunes el Ayuntamiento de Tarragona recibió una carta de la administración autonómica en la que se informaba que «no disponen de pisos para cubrir los expedientes favorables de la mesa de emergencia y somos nosotros los que los tendremos que proporcionar, lo que nos deja en una situación muy vulnerable delante de los desahucios».

El Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y el Servei Municipal de l’Habitatge (Smhausa) se coordinan para realojar a estas familias, y en el caso de que no haya ningún piso disponible se busca un hotel o un apartamento que pueda alojar a estas personas. El Ayuntamiento destinó el año pasado una partida de 15.745 euros para estas ayudas puntuales de urgencia.

En paralelo, la administración local defiende la necesidad de seguir incrementando el parque público de vivienda para dar una respuesta a esta emergencia habitacional. Según el balance que se daba a conocer ayer, en este mandato el Ayuntamiento de Tarragona ha comprado 36 pisos mediante la formula del tanteo y retracto. De estos, 27 ya se han rehabilitado y están alquilados a familias que se han derivado desde Serveis Socials. En cuanto al resto, cinco están a punto de firmarse, mientras que cuatro están en fase de reforma o a punto de iniciarse.

«La maquinaria no se detiene», aseguraba la concejala de Habitatge y presidenta de Smhausa, Eva Miguel Gascón. La inversión realizada para dicho efecto supera los dos millones de euros, mientras que se prevé que los 500.000 euros que se incluyeron en los presupuestos para este 2023 permitirán comprar otra decena de pisos más. «Tenemos un parque que está creciendo y dada la emergencia habitacional no tendría ningún sentido no continuar con estas partidas», decía Miguel Gascón.

Otra de las líneas de trabajo desde Habitatge ha permitido potenciar la bolsa de mediación, que ahora mismo tiene a su disposición un total de 94 viviendas por debajo del precio de mercado. El mayor incremento se registró gracias a la primera convocatoria de las ayudas a la rehabilitación, que permitió incorporar 42 pisos. Y, en este sentido, ahora mismo ya se está trabajando en la redacción de las bases de la segunda convocatoria, con un presupuesto de 675.336,51 euros.

La máxima responsable de Smhausa avanzó que algunos de los aspectos que quiere incluirse hacen referencia a que las rehabilitaciones que se hagan tengan en cuenta que las viviendas sean accesibles.

Finalmente, Smhausa espera que pronto se conozca la resolución definitiva para impulsar una promoción destinada al alquiler social, en el ámbito del plan parcial 10. El proyecto afecta a una de las parcelas, en la que se prevé la construcción de 160 viviendas, lo que comportaría una inversión de 28,7 millones de euros. Para dicho efecto se ha solicitado una ayuda Next Generation por valor de 6,9 millones.