El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
La pandemia y sus restricciones han maltratado a lo largo de muchos meses el sector de los mercadillos. Los marchantes de Tarragona, al borde del abismo, pidieron al Ayuntamiento ayudas económicas para poder sobrevivir a la Covid-19. El consejo de administración de Espimsa –empresa municipal que gestiona mercados y mercadillos– acordó dejar de cobrar las tasas a los marchantes durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. Una decisión que no aprueba el viceinterventor del Ayuntamiento, quien ha emitido un informe que determina que el consejo de administración de Espimsa no tiene potestad tributaria para decidir no cobrar las tarifas. Es el plenario municipal quien debe hacerlo. Los responsables de la empresa de Mercats han presentado alegaciones e insisten justificando que la situación era excepcional. Pese a ello, Espimsa no quiere problemas y ha decidido dejar la medida en suspense a la espera de que el consejo plenario tome el acuerdo. Esto significa que las ayudas y bonificaciones ya otorgadas a los marchantes corren peligro.
Un agujero de 175.000 euros
El hecho de no haber cobrado las tarifas a los marchantes ha obligado a Espimsa a pedir una aportación extraordinaria de 175.000 euros al Ayuntamiento de Tarragona, para poder compensar el déficit. Fue entonces cuando el viceinterventor decidió revisar el acuerdo que tomó el consejo de administración de Espimsa, el pasado 20 de octubre de 2021, ante lo que él denominó como «riesgo de control».
Ese día se aprobó, entre otras cosas, la no liquidación de las tarifas de todas las actividades de los mercadillos de Tarragona –excepto las paradas de alimentación–, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
El informe determina que, según el artículo 2 de la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, el pago de estas tasas es de obligado cumplimiento siempre que se haya dado inicio a la actividad. Cabe recordar que los marchantes siguieron montando parada a lo largo de todo el último trimestre del año pasado.
El auditor también apunta –siguiendo el artículo 7 de la misma ordenanza– que, en caso de que, por causas no imputables a los marchantes, la actividad no se prestara, se procedería a la devolución del importe correspondiente. De dejar de cobrar las tasas, ni hablar. Además, el documento lo deja claro: «La modificación de estas prestaciones requerirá la modificación de esta ordenanza».
Por otro lado, el informe también resuelve que «la potestad tarifaria es de titularidad municipal», es decir del pleno, y no del consejo de administración de Espimsa.
Según el documento, el acuerdo al que se llegó el pasado 21 de octubre, «le falta justificación de la legalidad de la medida adoptada», al no incorporar ninguna explicación jurídica en la cual se analicen los hechos. También dice que hay «liberalidad en el acuerdo», por el hecho de que Espimsa no puede adoptar una medida que anule la obligación de pago de manera unilateral.
La conclusión, según el viceinterventor municipal, es que «el acuerdo no tiene cobertura legal e implica una falta de facturación por la no liquidación de tarifas, por un importe de 173.047,05 euros», y añade que «se pondrá en conocimiento del órgano interventor para valorar si los hechos acreditados pueden ser susceptibles de constituir una infracción administrativa o si da lugar a la exigencia de responsabilidad contable».
‘Rebus sic stantibus’
El pasado 10 de diciembre, dicho informe llegaba a manos de los responsables de Espimsa, quienes decidieron presentar alegaciones. «Fruto de las reivindicaciones de los marchantes, víctimas de las restricciones, se llegó a un acuerdo con el sector textil y el Ayuntamiento. Este instruyó a Espimsa para que su consejo de administración aprobara e hiciera efectivas las ayudas», explica Dídac Nadal, presidente de la empresa de Mercats, quien añade que todas estas tramitaciones «se hicieron en presencia del secretario de la entidad, también secretario del Ayuntamiento», lo que demostraría el amparo judicial con el que contaba el acuerdo.
Además, Espimsa se defiende asegurando que la fórmula planteada en 2021 era prácticamente idéntica que la que se aplicó en 2020. A esta afirmación, el viceinterventor responde que, a lo largo del año 2020 –cuando empezó la pandemia–, no se cobraron las tarifas porque durante algunos meses no se pudo realizar la actividad, tal como prohibieron las autoridades sanitarias. «En cambio, de octubre a diciembre de 2021, sí que se prestó el servicio», dice el viceinterventor.
No obstante, Espimsa y sus responsables también hacen referencia, en el documento de alegaciones, a la figura jurídica rebus sic stantibus, una cláusula que se utiliza para afirmar que una norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para la situación que se dictó. El auditor responde qué son escasos los supuestos en los cuales esta figura jurídica tiene cabida, y que, además, no resulta de aplicación en el ámbito de los ingresos públicos.
Nadal insiste en qué «se trata de un acuerdo que se ha tomado en anteriores ocasiones en todas las empresas municipales, sin que antes se hiciera ninguna observación desde intervención». Pese a esta observación, Espimsa quiere esquivar polémicas y, justo por eso decidió, el pasado 31 de enero, anular el acuerdo del no cobro de las tarifas y trasladar la propuesta al Ayuntamiento para su aprobación. De esta manera, la medida y el cobro de las tarifas se ha dejado en suspense a la espera que sea el consejo plenario quien tome el acuerdo. Según ha podido saber el Diari, el asunto va por largo y no entraría el orden del día del próximo pleno, que se celebrará este viernes.
La disputa entre Espimsa e intervención municipal podría acabar perjudicando a los marchantes de los mercadillos tarraconenses. Si el pleno no aprueba el acuerdo, los paradistas deberán hacer frente a los pagos de manera retroactiva.
