Torra promete a los alcaldes invertir 8,3 millones hasta 2023 en la seguridad química de Tarragona

El President se reúne telemáticamente con los 29 municipios del Plaseqta y admite en un informe «carencias y errores» en la gestión de la comunicación del accidente de Iqoxe del 14 de enero

04 mayo 2020 18:50 | Actualizado a 05 mayo 2020 13:50
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La Generalitat de Catalunya invertirá hasta 2023 un mínimo de 8,3 millones de euros para mejorar la seguridad de la industria química de Tarragona. Así lo anunció ayer el President Quim Torra (Junts per Catalunya) a los 29 alcaldes de los municipios del Plaseqta, así como a los agentes del sector que participaron en el encuentro telemático en el que se expuso el informe final de la Mesa de Trabajo de Evaluación y Seguimiento del accidente de la empresa Iqoxe del pasado 14 de enero, que acabó con la vida de tres personas.

111 días después de la tragedia del Polígon Sud, el máximo representante autonómico reconoció ayer que «hay determinados aspectos que pueden ser mejorables» en la gestión de las emergencias químicas, y enfatizó que la explosión en Iqoxe «ha comportado una exhaustiva revisión de los protocolos». Por ello, el político de Junts aseguró que, a lo largo de los próximos cuatro años, se llevará a cabo una inversión de siete millones de euros en la recuperación del Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta), que se aprobó el pasado mes de marzo. «La toma de decisiones y la gestión de las emergencias debe ser más próxima al territorio» defendió el President, quien añadió que en el nuevo plan «se incrementará el rol de los ayuntamientos».

Sensores y drones

La inversión en el Plaseqta se centrará en varios puntos. El primero será «la dotación de los aspectos necesarios para la operatividad», como serán los elementos de detección automáticos –sensores–, los equipos de protección o los sistemas de aviso anticipados, como los «drones de última generación». También se apostará por la «dotación del personal necesario para garantizar las actuaciones», así como la adecuación de los espacios de coordinación del edificio del 112 en Reus, que es donde se reunirán los comités técnicos y asesor. Otra de las acciones será llevar a cabo una «formación y sensibilización de la población –priorizando los centros educativos–, con una inversión de 164.000 euros anuales. Asimismo, en el plan se detalla que se organizará «un simulacro anual con el despliegue de toda la estructura y con la participación de la población, como mínimo, de un municipio situado en el ámbito del plan». Otro de los principales focos de inversión que anunció ayer Torra será en el ámbito de la salud, donde se destinarán 775.000 euros para dotar de más recursos al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Uno de los pilares de la reordenación será el de la calidad ambiental. Para ello, se incrementará la coordinación «con los grupos de primera intervención para abordar cuáles son los gases a medir en cada caso y dar el apoyo necesario por parte de personal técnico», con una inversión aproximada de 75.000 euros anuales que, hasta 2023, serán 300.000.

En el ámbito de la información y la comunicación –que fue el que recibió más críticas la noche del 14 de enero–, el informe asegura que el accidente de Iqoxe «ha evidenciado carencias en los sistemas de comunicación e información a la población afectada». Entre las propuestas para revertirlo, el plan recoge mejorar la información pública y los canales de comunicación, incorporando a las asociaciones de vecinos en el sistema de avisos, creando una web específica y redefiniendo la política de mensajes ‘push’ de la app de Gencat, entre otros. También se impulsará la tecnología Cell Broadcasting para recibir mensajes en los teléfonos móviles.

El documento propone, en materia de seguridad, que Inspección de Trabajo investigue el accidente y la creación de una comisión de Seguridad y Salud Laboral del complejo petroquímico de Tarragona, mientras que en el de la seguridad industrial se apuesta por «el análisis e investigación del accidente de Iqoxe mediante la contratación de una entidad de reconocido prestigio» que se realizó recientemente por un montante de 100.000 euros. Asimismo, se propone el regreso de la actividad productiva –total o parcialmente–, «siempre que se garanticen las condiciones de seguridad y de acuerdo con el dictamen de los expertos».

Nuevos planes municipales

El informe, pues, reserva un mayor protagonismo para los municipios que forman parte del Plaseqta. Para ello, el documento revela que los ayuntamientos «deberán implantar los planes municipales, con el fin de valorar si consideran si hay o no alguna medida de confinamiento o hacer sonar las sirenas e informar a los órganos de gestión del plan, así como de transmitir la información relativa a las medidas que se puedan tomar en relación con los elementos críticos de su municipio.

El alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), se muestra satisfecho con el informe. «Recoge todas aquellas necesidades, urgencias y demandas del territorio, tanto por lo que se refiere a las instituciones como a los agentes, empresas y vecinos», asegura el político republicano, quien destaca que «se trata de un documento para seguir trabajando, con una linea muy participativa, para que entre todos podamos mejorar la seguridad del sector químico».

Por su parte, Carles Pellicer –alcalde de Reus– considera que es «imprescindible» tener «instrumentos de seguridad eficaces y planes de actuación de emergencias que incluyan también herramientas para dar información clara y precisa a la ciudadanía». Además, Pellicer insiste en que Reus «debe estar en la primera corona, es decir, al ámbito de máxima seguridad».

Finalmente, la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) apoya «las iniciativas que recoge el informe, que vemos como oportunidad de mejora. Mantendremos nuestra implicación en tirar adelante todas aquellas iniciativas que aporten una mejora efectiva que ayude a prevenir este tipo de accidentes, o bien minimizar sus consecuencias», afirma el presidente de la entidad, Rubén Folgado. El representante del sector añade que «entendemos que no es el objetivo de este informe llegar a conclusiones, ya que estas deberán esperar a los procesos de investigación que están en marcha, y que deberán arrojar luz a las causas del mismo para poder analizarlas a nivel europeo en el marco de la normativa Seveso».

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