Unió se desmarcará del gobierno y votará que Tarragona apoye el referéndum

El portavoz de Unió Democràtica de Catalunya, Josep Maria Prats, se desmarcará este viernes del gobierno municipal y apoyará la moción que presenta ICV en el pleno municipal para que el Ayuntamiento de Tarragona se adhiera al Pacte Nacional pel Referèndum, que se constituyó el pasado 23 de diciembre. Pese a que la formación democristiana no forma parte de este movimiento, Prats tiene claro que «la voluntad de nuestro partido es que haya un acuerdo entre el Estado y la Generalitat para que los ciudadanos de Catalunya puedan decidir su futuro de una manera legal, acordada y vinculante».

El teniente de alcade de UDC afirma que el texto presentado por Iniciativa «encaja en la voluntad de diálogo que pedimos desde Unió», ya que la negociación entre el Gobierno Central y el Govern «es la única forma de poder llegar a un acuerdo». Prats no cree que su posicionamiento provoque ninguna crisis en el ejecutivo municipal, ya que «en el gobierno sólo acordamos las mociones que son de ciudad, no las ideológicas ni políticas. De hecho, siempre he votado a favor del Dret a Decidir», añade el concejal de Cultura, quien se mostraría partidario de que su formación se sumara al movimiento presidido por el exdiputado socialista Joan Ignasi Elena.

‘Acuerdo con el Estado’

En la moción presentada por Arga Sentís, la edil ecosocialista pone de relieve la voluntad que tiene el pacto nacional para «celebrar en Catalunya un referéndum acordado con el Estado que sea reconocido por parte de la comunidad internacional y que sea políticamente vinculante y efectivo».

A juicio de la portavoz de ICV, el manifiesto aprobado el pasado 23 de diciembre «insta a los gobiernos estatales y de la Generalitat a superar los obstáculos políticos y llegar a un acuerdo», por lo que considera que «deben encontrarse soluciones políticas a problemas políticos». De hecho, en el texto se especifica que la votación vinculante y acordada «necesitará de un debate escrupulosamente democrático, plural y en igualdad de condiciones para que todo el mundo se sienta llamado a participar».

Diez votos seguros

El texto presentado por parte de Sentís contará con el apoyo de ERC, CDC y CUP, que son los tres partidos del Saló de Plens que forman parte del pacto, junto a ICV. Entre las cuatro formaciones no suman, sin embargo, mayoría, ya que representan sólo 10 de los 27 ediles del pleno de la Plaça de la Font.

Pau Ricomà (ERC) asegura que «lo que queremos es escuchar la voz de todos los ciudadanos, estén a favor o no de la independencia». A juicio de los soberanistas, «si hay voluntad política existen vías para poder acordar un referéndum». En la misma línea se expresa Albert Abelló (PDECAT), quien pide que «Tarragona no se quede al margen» del pacto, y considera que «necesitamos el mayor consenso para que el referéndum pueda ser vinculante y efectivo».

La portavoz de la CUP, Laia Estrada, está «convencida» de que el Estado español «no tiene la mínima intención de llegar a un acuerdo», pero los anticapitalistas votarán a favor de que Tarragona se adhiera al pacto «porque creemos que es clave sumar esfuerzos».

Todo en manos del PSC

El grupo municipal socialista decidirá este mismo viernes el posicionamiento que tendrá en la moción para que el Consistorio se sume al Pacte Nacional pel Referèndum. Con los votos seguros a favor de los diez ediles que suman conjuntamente ERC, CDC, CUP, ICV y Unió y el rechazo de los siete que –en estos momentos– suman entre C’s y PP, el voto del PSC será el que decidirá el signo de la moción, ya que los nueve representantes socialistas serán claves para decantar el resultado hacia el sí o hacia el no.

A nivel nacional, el PSC no forma parte del pacto y, de hecho, el Primer Secretari –Miquel Iceta– ha criticado el organismo, ya que considera que «sigue el camino del referéndum o referéndum» marcado por el President Carles Puigdemont.

Pese a ello, en varias ocasiones tanto el alcalde Josep Fèlix Ballesteros como la portavoz Begoña Floria se han expresado públicamente a favor de la celebración de una consulta «legal y acordada», que es precisamente lo que pide el acuerdo que se vota hoy.