El nuevo PP de Maria Mercè Martorell se perfilaba este mandato como un posible aliado para el alcalde Rubén Viñuales (PSC). El talante moderado y dialogante de la edil, con ocho años de bagaje en el gobierno de la Plaça de la Font, hacían presagiar una legislatura de entendimiento con el PSC. Después de haber arrebatado la alcaldía al soberanismo tras las elecciones municipales del 28 de mayo, PSC y PP parecían volver a estar más cerca que nunca. No hay que olvidar que ambos partidos ya gobernaron en Tarragona entre 2016 y 2019, con Josep Fèlix Ballesteros (PSC) en la alcaldía y Alejandro Fernández liderando al PP.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El resultado electoral hizo imposible un pacto (los nueve ediles socialistas y los cuatro populares se quedan a un concejal de la mayoría absoluta de 14). Además, los comicios generales del 23 de julio nublaron una relación que, ahora, con la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) en el aire y la de Feijóo frustrada, se ha congelado por completo por la oposición popular a endurecer la presión fiscal pese al SOS del alcalde para despejar la situación de «quiebra».
Viñuales ha puesto durante los últimos días sobre la mesa acciones como aumentar el IBI hasta un 20%, subir el ICIO un 30%, bajar sueldos a políticos y asesores otro 20%, subir un 20% el precio de los parkings o eliminar organismos municipales para generar 14 millones. Junts y En Comú Podem –y ERC en menor medida– se han abierto a negociar, pero el PP se ha cerrado en banda, lo que ha llevado al alcalde a acusarles de «hacer política barata, cuando saben que no hay otra opción». Por ello, el líder socialista se mostraba «decepcionado» y especialmente duro contra Martorell en una entrevista en Ràdio Ciutat de Tarragona.
Ayer, los populares hicieron pública su receta para «optimizar la gestión»: vender patrimonio, suprimir alquileres y amortizar plazas de funcionarios que no se cubren desde hace tiempo para «reducir gastos e intereses bancarios» y atraer, de esta forma, «inversión y evitar que los ciudadanos se vayan». Todo ello, sin subir ningún impuesto, según el PP.
A dos semanas para la votación decisiva, Maria Mercè Martorell se ubica definitivamente en la oposición junto a Vox, dejando la suerte del plan de ajuste de Viñuales en las manos de Junts y ECP. Los comuns, si embargo, volvieron a rechazar ayer una subida disparada del IBI, y piden ejecutar «para obras pequeñas» los 54 millones «retenidos» en «grandes proyectos». La cuenta atrás para el 27 de octubre empieza a acelerarse.
