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El impago de la pensión de alimentos establecida en convenio regulador o a través de sentencia de divorcio es una conducta especialmente grave, por afectar directamente a menores de edad. Sin embargo, el progenitor que tiene la guarda y custodia de los hijos no está desamparado. Puede recurrir a medidas como la localización de propiedades por titular para intentar detectar una falsa insolvencia.
¿Vía civil o vía penal?
Los menores gozan en el ordenamiento jurídico español de una especial protección. De ahí que la pensión de alimentos se pueda reclamar a través de dos vías.
El Código Penal tipifica en su artículo 227 el delito de abandono de familia. Cuya manifestación consiste en dejar de pagar la pensión alimenticia durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos.
En este caso la condena implica, lógicamente, el pago de las cantidades debidas con sus correspondientes intereses y una posible condena de prisión o de multa.
La otra alternativa es la vía civil. Suele ser más rápida, por lo que en muchos casos lo recomendable es reclamar a través de la misma. Dejando el orden penal como última instancia en caso de que la situación se agrave y no se pueda solucionar de otra forma.
Buscar bienes del obligado al pago
Si se van a reclamar la pensión alimenticia es necesario demostrar que quien está incumpliendo con su obligación lo hace voluntariamente. Es decir, que tiene recursos para pagar, pero sencillamente no quiere hacerlo.
La forma más eficaz de demostrar que la supuesta insolvencia es falsa, es comprobar si el incumplidor tiene bienes inmuebles a su nombre.
Esto se puede hacer a través de la localización de propiedades por titular. Mediante este procedimiento se buscan posibles propiedades de una persona o incluso de una empresa en cualquier provincia.
Si tras esta búsqueda aparecen inmuebles inscritos a nombre del incumplidor, el siguiente paso implica pedir una nota del Registro.
La nota es una certificación oficial que acredita que un determinado titular, identificado correctamente con su nombre y su DNI, posee propiedades o derechos sobre una o incluso varias fincas.
Este documento indica también la finca concreta afectada y la ubicación exacta de la misma. Permitiendo así una correcta identificación sin lugar a error.
¿Qué hacer con esta información?
Si se consigue saber de forma oficial que quien está incumpliendo con su obligación de pagar alimentos y alegando que no tiene recursos para ello, en realidad sí los tiene, se está en presencia de un caso de insolvencia punible.
Esta es la mejor prueba que se puede tener para defenderse del pago por insolvencia, ya sea en vía civil o en vía penal.
Con la localización por propiedades por titular y la nota del Registro de la Propiedad se puede demostrar que el demandado o denunciado sí tiene bienes, por lo que puede pagar la pensión.
En algunos casos incluso se puede llegar a utilizar esta prueba para solicitar una revisión de las condiciones pactadas en la separación o divorcio e incluso conseguir un aumento de la cuantía de la pensión.
