De esta forma, la patronal de la distribución de vehículos recordó que, si bien Madrid tiene ahora limitada la circulación y la actividad comercial en 37 zonas que suponen el 25% de los contagios en la región, vienen sucediéndose medidas restrictivas en cerca de 80 municipios de unas 13 provincias españolas, lo que supone un impacto para la actividad económica de estos territorios.
En opinión de Ganvam, por encima del criterio sectorial que defiende el Gobierno -y que está suponiendo uno de los escollos de la negociación- es necesario incorporar indicadores “menos subjetivos” relacionados directamente con la caída de la demanda y, por tanto, que tengan una relación directa con la situación epidemiológica.
En concreto, el sector de la venta y reparación de vehículos tiene en la actualidad cerca del 18% de su plantilla en ERTE, lo que supone alrededor de 63.000 trabajadores de los 700.000 de todos los sectores que hoy se encuentran bajo esta medida de protección laboral. Según el presidente de Ganvam, Raúl Palacios, “aunque la automoción se está comportando mejor de lo esperado, las restricciones a la movilidad siguen lastrando la actividad comercial en los territorios afectados.
Por tanto, no estamos ante una cuestión sectorial sino sobre todo territorial, que exige tener medidas excepcionales de protección laboral para empresas y trabajadores de las zonas confinadas. No me canso de decirlo: si no protegemos el empleo -sea del sector que sea- y la renta disponible no reactivaremos el consumo ni la actividad económica”.