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    Anulado el permiso para entrar y decomisar piezas históricas en un museo de Figuerola del Camp

    La Audiencia Provincial revoca la autorización que hace un año había concedido el Juzgado de Valls

    05 octubre 2023 21:40 | Actualizado a 06 octubre 2023 14:00
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    La Audiencia Provincial de Tarragona ha revocado el permiso para que la Policía Nacional entre en la sede de la Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica, situada en Figuerola del Camp, para que intervenga seis piezas arqueológicas, que son objeto de la investigación judicial. Los magistrados aseguran que el juez instructor no dio respuesta a las alegaciones presentadas en su día por la entidad en su recurso de reforma.

    El pasado 27 de septiembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valls, en su investigación sobre un presunto delito sobre el patrimonio artístico, instó a la Policía para que comunicase al legal representante de la fundación para que a las 10 de la mañana del 25 de octubre del año pasado permitiera la entrada en la sede así como la intervención de seis piezas históricas. En el caso de que no dejase, se autorizaba el uso de la fuerza mínima imprescindible. Y que, una vez intervenidas dichas piezas, quedaran en depósito a disposición de la autoridad judicial en su ubicación actual, en la fundación.

    La Fundació Privada Catalana per l’Arqueologia Ibèrica está siendo investigada por un delito sobre el patrimonio artístico

    Asimismo, el juez autorizaba a técnicos especialistas designados por el Ministerio de Cultura y Deporte a llevar a cabo los estudios técnico-científicos de las piezas intervenidas debiendo procederse a su análisis, aportando el correspondiente informe pericial.

    Por otra parte, se requería al presidente de la fundación a que indicara a los policías el lugar dónde se encuentran depositadas las ocho esculturas adquiridas por él.

    El 20 de octubre del año pasado, el presidente de la fundación presentó un recurso de reforma ante el mismo Juzgado. Argumentaba indefensión y que se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva al que se opuso el fiscal. Ahora, un año después, la Audiencia Provincial le ha dado la razón. Consideran los magistrados que el recurso de reforma no da respuesta a algunas de las alegaciones, ni tampoco se pronuncia sobre la prescripción del delito. Por todo ello, consideran que ha habido una indefensión.

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