Un juez obliga por primera vez a la vacunación en España

Se trata de una anciana gallega sin capacidad cognitiva a la que su hija prohibió ser inoculada

14 enero 2021 10:50 | Actualizado a 14 enero 2021 21:48
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Por primera vez desde que el pasado 27 de diciembre comenzara la vacunación en España, un juez ha obligado a inocular la profilaxis. Se trata de una anciana gallega sin capacidad cognitiva a la que su hija prohibió ser vacunada. El Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela entiende que el riesgo de inyectar a la mujer es inferior al de exponer a la residente de 84 años a contraer coronavirus en plena tercera oleada de la pandemia.

La decisión del juzgado gallego, sin sentar jurisprudencia, sí que abre un camino a que la justicia pueda obligar a la vacunación de personas dependientes, menores, tuteladas o incapacitadas cuyos tutores se nieguen a que sean inmunizadas, según apuntan responsables jurídicos de Sanidad, quienes, no obstante, insisten en que cualquiera puede negarse a ser vacunado, pero que el debate sobre terceras personas es mucho más complejo.

El caso de la octogenaria de la residencia Domus VI San Lázaro de Santiago de Compostela, si cabe, es todavía más enrevesado, ya que la anciana no está legalmente incapacitada, aunque sí que presenta una capacidad «muy limitada» desde el punto de vista cognitivo, tal y como recoge el informe forense que los responsables del centro presentaron a la justicia para conseguir el visto bueno para la vacunación de su residente.

La hija de la anciana alegó que ella no podía «cargar con la responsabilidad» de tomar una decisión de ese calado, máxime porque sus hermanos «presionaban» para que no fuera inoculada.

El juzgado, tras confirmar, como hizo la propia hija, que la anciana no tiene conocimiento ninguno, subraya el «beneficio» de poner la vacuna frente al «riesgo mayor» de no hacerlo. «Siendo cierto que el propio hecho de la vacunación supone un riesgo», incide en que excluirla de la inmunización «también lo conlleva». La justicia gallega insiste, como hace el informe forense y la propia OMS, que el «riesgo se incrementa a medida que la administración de la vacuna se demora y el número de contagios aumenta».

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