Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional están llevando a cabo un dispositivo para desalojar un edificio municipal ocupado en Ciutat Vella, según ha informado la policía barcelonesa.
Se trata de La Tancada, antigua Massana que fue ocupada en el 2018, según informa el perfil en las redes sociales del movimiento que gestiona el edificio.
Este tenía fuertes carencias de seguridad, salubridad y muchas denuncias por incidencias, según la Guardia Urbana. En el sitio hay también servicios asistenciales. El dispositivo está provocando afectaciones en los accesos y en la movilidad en la zona.
Desde el Sindicat d’Habitatge del Raval han criticado la actuación municipal y el dispositivo puesto en marcha esta mañana para desocupar el edificio. Max, portavoz del sindicato, ha dicho en declaraciones a los medios que el espacio acogía unas 35 personas migradas en situación irregular que no tenían otra alternativa habitacional.
Según ha relatado, ya hubo un intento de desahucio en noviembre que se paró. Ha añadido que desde el sindicato se han dado diversos pasos en el ámbito judicial para evitar que este desahucio se materializara, a pesar de que confiaban poco en esta vía.
Con todo, ha asegurado que no tenían ningún aviso que hoy se pudiera llevar a cabo. Además, ha relatado que las personas que vivían no habían sido atendidas por servicios sociales, a pesar de que ha afirmado que les dijeron que sí que lo harían.
Por el contrario, ha lamentado, se ha llevado a cabo el dispositivo policial para echarlos y ha augurado que parte de ellos pueden acabar en el Centre d’Internament d’Estrangers.
El portavoz ha considerado que se trata de una actuación «racista y sociópata». «Es gravísimo dejar en la calle a 35 personas que no tienen alternativa», ha declarado. Ha dirigido sus críticas directamente al tercer teniente de Prevenció y Seguretat, Albert Batlle, de quien ha dicho que «compra el marco de la extrema derecha» y se dedica a «criticar y criminalizar La Tancada».
Max ha defendido que ha sido La Tancada la que ha sufrido ataques y ha puesto en entredicho el procedimiento judicial seguido para hacer el desahucio.
Por otro lado, se ha preguntado qué quiere hacer el Ayuntamiento con el edificio y ha considerado que es todavía más grave que se produzca un desalojo si no hay un uso alternativo. «Esto es el Ayuntamiento del PSC y el Pla Endreça: duros contra los débiles y débiles contra los fuertes, alfombra roja a los fondos buitres, los especuladores y los empresarios mientras atacan a la clase trabajadora que se organiza».
