El Gobierno está dispuesto a dejar las reválidas de ESO y bachiller que la Lomce le obliga a implantar este curso prácticamente reducidas a la nada para evitar una guerra abierta con el PSOE y las comunidades autonómas.
El ministro de Educación, al menos por el momento, no va a cumplir la exigencia de la oposición de que paralice el calendario de aplicación de la Lomce y renuncie a implantar este curso ambas pruebas finales, pero se va a acercar lo más posible.
Íñigo Méndez de Vigo anunció ayer una nueva devaluación de las reválidas. Remitió a los negociadores del PSOE un borrador de decreto ley, que aspira a consensuar con las comunidades el 28 de noviembre, por el que durante un plazo de tiempo «prudente y razonable» –el que acuerden que podría necesitarse para el pacto de Estado sobre la educación, que podrían ser años– la prueba final de la ESO no solo carecerá de valor académico sino que solo la tendrán que hacer una parte mínima de los casi 400.000 alumnos de cuarto.
Esa reválida solo se haría para evaluar el sistema educativo en el porcentaje de colegios que pacten Estado y comunidades, y de los siete exámenes que estaban previsto realizarse solo pervivirían los seis de las troncales de cuarto, pues se retiraría el de la asignatura específica.
El mismo decreto también busca acercarse más a otra demanda de la oposición, que la reválida de bachillerato no sea más que un mero sustituto de la Selectividad. La prueba, que solo tendrán que hacer los alumnos que quieran ir a la Universidad, ya no tendrá ocho exámenes, sino seis, y, como la PAU, solo examinará de materias del segundo y último curso. De las previsiones del Ministerio se cae el examen de Filosofía.
Pese al «gesto» de Méndez de Vigo, el PSOE no mueve su posición, porque lo considera «insuficiente».
