España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del Gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO) anunció este miércoles que, en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.
Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome «medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible».
En caso de persistencia de esos incumplimientos, el GRECO puede activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa que escriba una carta al ministro de Exteriores para advertirle sobre la situación.
Hay que tener en cuenta que la organización no dispone de capacidades reales de sanción.
Aunque se hayan hecho públicas hoy, las conclusiones del GRECO se adoptaron en diciembre de 2023 y fueron acompañadas de la petición de una respuesta a las autoridades españolas en el plazo de un año, cuyo contenido todavía no se conoce.
Lo que sí se sabe desde hace casi seis años es lo que sus expertos vienen recomendando, entre lo que está la necesidad de reglas sobre los contactos de los altos cargos con grupos de presión, lo que incluye la divulgación de informaciones sobre esos contactos, como la identidad de esas personas o los temas abordados.
A ese respecto, el GRECO lamenta que ante la convocatoria de elecciones anticipadas en el verano de 2023 no saliera adelante el proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad de las actividades de los grupos de interés, porque al menos hubiera supuesto la creación de un registro de 'lobistas'.
Los expertos del Consejo de Europa también preconizaban la adopción de un código de conducta destinado a los altos cargos del ejecutivo, con medidas prácticas, consignas por escrito, consejos dados con carácter confidencial e informaciones especializadas.
Aunque ese código ya existe, lo que objetan es que los cursos de formación que los acompañan van más dirigidos a los funcionarios que a los altos cargos.
Igualmente habían recomendado que la normativa sobre las restricciones que se imponen a los altos cargos una vez que dejan sus funciones fuera objeto de examen por un organismo independiente y que se reforzara cuando fuera pertinente.
El proyecto de ley sobre la transparencia y la integridad les iba a impedir ejercer actividades en grupos de presión durante dos años, pero quedó enterrado con las elecciones generales de 2023.
El Consejo de Europa también propugnaba ampliar las obligaciones de publicación de informaciones financieras de forma detallada de los activos, los intereses, los empleos exteriores de los altos cargos, reducir los plazos de declaración e incluir también las declaraciones de las parejas y familiares, aunque no tendrían que hacerse públicas forzosamente.
Una preconización polémica es que se modificara el procedimiento de aforamiento del que se benefician los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción para que eso no interfiriera con la acción de la Justicia penal.
Una demanda a la que las autoridades españolas habían respondido que era un asunto «delicado», porque esa modificación requeriría una reforma constitucional, y también que no es que los aforados estén exentos de responsabilidad, sino que esa cuestión en su caso queda en manos de la sala penal del Tribunal Supremo.
Los informes previos del GRECO incorporaban también recomendaciones en dirección de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como una evaluación estratégica de los riesgos de corrupción de sus agentes, códigos de conducta públicos con unas líneas directrices prácticas, estudios de los posibles conflictos de interés o mecanismos de denuncias internas.
