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    Muere el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet

    Ha fallecido a los 87 años en una residencia privada donde cumplía actualmente condena en tercer grado

    16 marzo 2023 11:39 | Actualizado a 16 marzo 2023 14:11
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    El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, que fue condenado por el expolio de la institución cultural, ha fallecido a los 87 años de edad en una residencia, en la que estaba ingresado al otorgarle la Generalitat la semilibertad por motivos humanitarios, han informado fuentes de su entorno.

    Millet, el principal condenado por el expolio del Palau de la Música, que perpetró junto a su mano derecha, Jordi Montull, se encontraba desde febrero en una residencia privada elegida por su familia, sin tener que pernoctar en prisión -donde ingresó a mediados de 2020-, gracias a un tercer grado flexible que se le concedió en octubre pasado por su deteriorada salud.

    El Tribunal Supremo ratificó en abril de 2020 la condena de 9 años y 8 meses de cárcel a Millet por el expolio, junto a Montull, de 23 millones de euros del Palau de la Música para fines propios, en un caso por el que también fue condenada la extinta Convergència Democràtica (CDC) por lucrarse con otros 6,6 millones de euros del saqueo.

    En concreto, la Audiencia de Barcelona consideró probado que Millet y su mano derecha en el Palau de la Música, Jordi Montull, crearon entre 1999 y 2009 un entramado que permitió desviar “comisiones ilegales” de Ferrovial a CDC, a cambio de la adjudicación de obra pública, a través de la institución cultural.

    Un golpe al “oasis catalán”

    El expolio del Palau de la Música, uno de los bastiones culturales de la burguesía catalana, supuso uno de los golpes más sonados a los cimientos del denominado “oasis catalán” y puso bajo la lupa la financiación de CDC, el partido que, con Jordi Pujol al frente, había gobernado la Generalitat ininterrumpidamente entre 1980 y 2003.

    Todo empezó el 23 de julio de 2009, cuando los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el Palau de la Música ante las sospechas de irregularidades, lo que desembocó en uno de los casos de corrupción que marcó la vida política y judicial en Cataluña durante años.

    De hecho, un mes después del registro policial del Palau, Millet y Montull confesaron haberse llevado 3,3 millones de euros del Palau, cifra que desde entonces no paró de crecer, alimentada por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de fondos públicos y privados para todo tipo de gastos particulares, desde el servicio doméstico de toda la familia a la boda de sus hijas y viajes de lujo.

    La confesión

    En una carta pública del 17 de septiembre de 2009, Millet confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 3,3 millones de euros, que destinó, entre otros, a reformar inmuebles de su propiedad y a pagar viajes a su familia, y reconoció pagos en negro a directivos y a la hora de contratar a artistas.

    En la carta, Millet mostró su arrepentimiento, pidió disculpas y exculpó al resto de directivos del Palau, a excepción de Montull.

    Más sonada aún fue su segunda confesión, ya en el juicio, el 8 de marzo de 2017, de que la constructora Ferrovial pagó comisiones ilegales por la adjudicación de obra pública a CDC a través de la entidad cultural.

    Millet detalló que las comisiones entregadas por la constructora Ferrovial se las repartía con CDC, que se quedaba con un 2,5% de las mordidas, mientras los exresponsables del Palau se hacían con otro 1,5%: un 1% para él y el resto (0,5%) para Montull.

    “No lo dije en mi confesión pero esa es la verdad”, recalcó Millet, que precisó que el pago de comisiones ilegales se prolongó “durante muchos años” y señaló que las cantidades a pagar las decidían la constructora de acuerdo con CDC. “Convergencia sabía que Ferrovial daba ese dinero a cambio de que se le adjudicara obra pública; las interioridades de CDC no las conozco”, afirmó.

    El tercer grado por motivos “humanitarios”

    Cuando ya cumplía su condena en prisión, a la que ingresó una vez el Supremo ratificó en 2020 la sentencia de la Audiencia de Barcelona, la Generalitat concedió en octubre de 2022 el tercer grado a Millet, en aplicación del artículo 104.4 que permite flexibilizar el régimen penitenciario por motivos “humanitarios” a los reclusos que padezcan enfermedades graves o incurables.

    Posteriormente, en enero pasado, la Generalitat le aplicó además a Millet el artículo 86.4, que permite a los internos cumplir su condena íntegramente fuera de la cárcel, sin la obligación de regresar a dormir al centro penitenciario, por lo que fue trasladado, por decisión de su familia, a una residencia en la que contaba con la asistencia que requería su deteriorada salud.

    Sin embargo, en febrero pasado, el juez de vigilancia penitenciaria acordó que Millet regresara a prisión, mientras resolvía el recurso que interpuso la Fiscalía contra la concesión del tercer grado, por lo que ingresó, aunque sólo por unos días, en la enfermería de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

    A los pocos días, el pasado 17 de febrero, el juzgado dio marcha atrás y permitió a Millet regresar a la residencia, en la que ha permanecido desde entonces, hasta su muerte.

    Dos casos judiciales abiertos por ocultar su patrimonio

    A raíz del “caso Palau”, Millet tenía otros dos frentes judiciales abiertos, por supuestas maniobras para ocultar su patrimonio y sus ingresos para no indemnizar al Palau de la Música por el expolio.

    En uno de estos procedimientos, en el que estaba pendiente de ir a juicio, la Fiscalía presentó en enero pasado su escrito de conclusiones provisionales en el que pedía para Millet 4 años de cárcel por ocultar más de 40 objetos y piezas decorativas y otros bienes -un piano de cola y unos colmillos de marfil, entre otros- que tenía embargados para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de su condena.

    Paralelamente, en octubre pasado un juzgado de Barcelona abrió otra investigación a Millet -y en este caso también a Montull- por supuestamente ocultar ingresos del alquiler de sus inmuebles embargados para evitar indemnizar al Palau de la Música por los 23 millones expoliados.

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