Residencias y autonomías piden que la vacunación sea obligatoria para los sanitarios

¿Vacunar sí o sí a todo aquel profesional que esté en contacto directo con personas vulnerables? ¿Ampliar la medida a los docentes para evitar posibles contagios a o de los alumnos?¿Obligar a toda la población? ¿Primar la libertad personal o el derecho colectivo a la salud? ¿Establecer una obligatoriedad ‘indirecta’ al impedir que los no vacunados accedan a numerosos lugares? Son cuestiones que están en el candelero. A medida que aumenta el porcentaje de población inmunizada se debaten cada vez más.

Entre los sectores que defienden la vacunación obligatoria a su personal está el de las residencias. La tarraconense Cinta Pascual, presidenta de ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials) y CEAPS (Círculo Empresarial de Atención a las Personas) sostiene que «si quieres trabajar en el sector asistencial, debes tener claro que tienes que vacunarte. Si un trabajador no está vacunado empleamos con él un protocolo diferente. Le hacemos más PCR. Es un problema tener trabajadores no vacunados en el centro. Es una cuestión de responsabilidad personal y de ética. Estamos contentos porque el 95% de personal se ha vacunado. Pero no puede haber ni ese 5%».

Pascual recuerda que «no seríamos los primeros en aplicar esa medida. Francia e Italia ya lo han hecho. Debería ser obligatorio no solo para el personal de residencias. También para los de centros de día, atención a domicilio, médicos, enfermeras, los CAP... Si alguien quiere aplicar su libertad de no vacunarse, no puede dedicarse al sector sanitario».

La obligatoriedad de la vacunación, añade Pascual, debería extenderse incluso a todo aquel trabajador que esté en contacto con el público. «Si yo estoy comiendo en un restaurante sin mascarilla y el camarero o camarera que me atiende no ha querido vacunarse es un riesgo para mi», dice.

No solo las residencias reclaman la obligatoriedad. También cinco autonomías (Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia) han presionado al Ministerio de Sanidad para que la imponga. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advierte que «es muy difícil convencer a una persona de que se vacune si la persona que la va a vacunar no quiere vacunarse. Los sanitarios tienen una responsabilidad adicional, ya que son las autoridades directas o delegadas de la salud pública».

El epidemiólogo Oriol Mitjà asegura que «es inconsciente que un hospital ponga en riesgo a sus pacientes porque tiene un médico, una enfermera o un auxiliar sin vacunar. La vacuna debe ser obligatoria para sanitarios y profesores que tengan contacto con personas vulnerables».

El Ministerio de Sanidad se opone. Aduce que la medida sería ilegal. Cree además que en España la vacunación no es un problema. Al contrario que en países como Francia o Italia, cuyos gobiernos han aprobado leyes que obligan a la inmunización por el alto número de negacionistas incluso en el ámbito sociosanitario, los trabajadores de la salud españoles están plenamente concienciados, asegura Sanidad.

Eso sí, Sanidad estudia, junto con las comunidades, algunas medidas que tienen amparo legal y que permitirían actuar ante profesionales antivacunas. Por ejemplo, trasladarlos forzosamente de centro para que no tengan contacto con población vulnerable o cambiarles de puesto de trabajo. Aquí, sin embargo, surge un problema. ¿Y si la persona que no quiere vacunarse es un o una auxiliar cuyo trabajo es atender precisamente a los residentes?

Algunas residencias, de hecho, ya aplican en la práctica la obligatoriedad de la vacunación. Si una persona solicita trabajo, comprueban que esté vacunada. Si no se ha inmunizado, queda descartada para el puesto de trabajo.

El abogado tarraconense Joan Andreu Reverter sostiene que obligar a vacunar sería inconstitucional. Alude al artículo 15 de la Constitución que establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes».

Para Reverter, dicho artículo implica que «contra nuestra voluntad no pueden actuar. No se puede forzar a una persona en plenas facultades mentales a ser vacunada». Y lo ejemplifica con las transfusiones de sangre a las que se oponen ciertos colectivos religiosos. A los menores de edad, la ley les protege (la transfusión sería obligatoria si su vida corriese peligro), pero no a los adultos.

¿Y si esa no vacunación pone en riesgo al entorno de dicha persona? Responde Reverter: «Tampoco se puede alegar el peligro de que esa persona no se vacune porque ésta podría replicar que es el Estado quien debe proteger al resto de los ciudadanos al tiempo que respeta su derecho fundamental a no ser vacunado».

El Tribunal Constitucional ya tumbó el pasado 23 de julio el intento de Galicia de forzar a los pinchazos con el argumento de que el Consejo de Estado veía una «ruptura» de la igualdad de los españoles en caso de que la inmunización fuera obligatoria.

Otra cosa, opina Reverter, es imponer el pasaporte Covid: «Que el Estado desarrolle herramientas de protección. Que exija la vacunación al que quiera subir a un avión o usar determinados servicios públicos porque considere que el no vacunado es un peligro y la obligación del Estado es proteger a la población. En el caso de determinados trabajadores, el Estado podría modificar su estatus laboral. El pasaporte Covid es una buena opción».

Otro problema es que no hay una uniformidad jurídica sobre las medidas restrictivas. No ya entre diferentes países (el Tribunal Constitucional francés sí ha avalados las duras medidas restrictivas del Gobierno de Emmanuel Macron) sino entre los tribunales superiores de justicia de las respectivas autonomías españolas.

«Es una cuestión de interpretación. Entramos en aguas desconocidas. Se debería hilar muy fino con el pasaporte Covid y si se priva o no de determinados derechos. Es normal que diferentes jueces determinen diferentes cuestiones hasta que no haya una jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Pero el hecho de que dentro del mismo Estado los ciudadanos tengan diferente trato crea confusión y más problemas legales».

El catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas en la URV Àlex Arenas defiende una opinión similar a la de Reverter: «Es un dilema ético que hay que analizar muy a fondo. No se puede imponer la vacunación porque se debe preservar la libertad individual, pero tiene mucho sentido establecer restricciones. Es una obligatoriedad indirecta ya que tiene todo el sentido del mundo que la sociedad quiera protegerse» de los no vacunados.