Imputado un piloto de dron de Tarragona por causar daños con herbicida que arrasó plantaciones

La Guardia Civil de Lleida ha imputado a un piloto de dron de una empresa con sede en Tarragona como presunto autor de un delito de daños por el uso irregular de herbicidas en la comarca de la Noguera, que provocó importantes perjuicios en campos frutales colindantes al sembrado tratado. 

La investigación, bautizada como operación Vent de Ponent, se encuentra bajo la instrucción del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer.

Los hechos se remontan a la pasada primavera, cuando el piloto empleó un dron para fumigar un cultivo de cebada con un herbicida autorizado para ese fin. Sin embargo, la aplicación no cumplía las normas vigentes: el producto solamente puede aplicarse a ras de suelo, y la utilización de drones para tratamientos fitosanitarios está expresamente prohibida desde 2012, salvo excepciones muy concretas con autorización de la comunidad autónoma y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Fuentes de la investigación explican que, al parecer, factores meteorológicos como el viento provocaron la dispersión de los aerosoles fuera de la parcela de cebada hacia parcelas limítrofes con árboles frutales —en plena fase de floración—, lo que causó daños visibles en almendros, melocotoneros y nectarinos y dejó sin cosecha una amplia zona afectada ese verano.

La empresa para la que trabajaba el piloto no tenía autorización para realizar aplicaciones de fitosanitarios mediante drones, un requisito exigido por normativa de Seguridad Aérea y Sanidad Vegetal, y el producto utilizado tampoco estaba permitido para aplicaciones aéreas de este tipo.

Tras la denuncia de los propietarios de las fincas afectadas, técnicos de la Eprona (Equipo de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil y de Sanidad Vegetal de la Generalitat tomaron muestras tanto de los campos tratados como de los afectados, que fueron analizadas en el Laboratorio Agroalimentario de Cabrils (Barcelona) dentro del atestado remitido al juzgado.

Desde la Guardia Civil han subrayado que actividades de este tipo —la aplicación de productos tóxicos con drones sin cumplir la normativa— pueden generar graves perjuicios ambientales y económicos, y han destacado la necesidad de contar con todas las autorizaciones correspondientes antes de emplear drones para tratamientos agrícolas.