El Gobierno admite que la economía ya se ralentiza por la situación catalana

La economía española ya siente las consecuencias de la crisis de Catalunya. Así lo admitió ayer por primera vez el Gobierno a través de la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, quien reconoció que el crecimiento ya se está «ralentizando». Un impacto que hasta ahora el Ejecutivo había limitado a las previsiones del PIB de cara a 2018 si el problema se prolongaba. Sin embargo, Garrido explicó que los efectos perjudiciales por la «incertidumbre están empezando a afectar a la economía general». Una desaceleración que se comprobará en «los próximos días», con la evolución de los indicadores económicos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya había advertido de que la tensión actual «no saldrá gratis». Una afirmación que se vio reflejada en la revisión de tres décimas a la baja del crecimiento para el próximo año, hasta el 2,3%. Una estimación que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) consideraron «optimista». En su opinión, si la crisis política no se resuelve pronto el crecimiento económico podría reducirse 1,2 puntos (una pérdida de unos 13.000 millones), de manera que el PIB sólo creciese un 1,5%.

Sin embargo, el Ejecutivo en el plan presupuestario enviado a Bruselas elevó una décima la previsión para 2017 hasta el 3,1%. Desde la Autoridad Fiscal consideran que el crecimiento debería reducirse a la mitad en el último trimestre (del 0,8% al 0,4%) para que la economía creciese menos de un 3%.

Garrido insistió en que los principales daños se producirán en las finanzas catalanas. Entre ellos se encuentra la reducción de las reservas turísticas que se reflejan en una caída de tráfico en el aeropuerto de El Prat. El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, aseguró ayer que el aeropuerto ha pasado de un crecimiento del 10% a un «estancamiento» del 0,1%. «Estamos viendo en los servicios de transporte cómo hay una caída de las relaciones comerciales e industriales, en el caso del ferrocarril, por ejemplo, de hasta un 21%», señaló. Hasta ahora los efectos más visuales se han centrado centrado en la fuga de empresas. Desde el 1 de octubre habían trasladado su sede fuera de Catalunya 1.394 compañías. 

Por su parte, La secretaria general del Tesoro y de Política Financiera, Emma Navarro, advirtió del impacto «muy grave» que tendría en la inversión extranjera y en el empleo una prolongación de la «incertidumbre». Una afirmación que comparten «los analistas y las agencias de rating».